Con el vientre rajado para siempre
Uno de los hechos que nos hace temer de los servicios y de los profesionales de la salud en la sociedad dominicana, que los presenta como grupos orientados a fines en su exclusivo beneficio, es el escandaloso nivel de cesáreas que se practican, especialmente a las nuevas parturientas, adolescentes.
Se trata de una forma cuasi delictiva de compensar, hacia el beneficio propio y en contra del bien colectivo y de las pacientes, otra de las aberrantes deficiencias de un Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) alrededor de la cual las partes se han puesto de acuerdo o, al menos, han consentido, si es verdad que al callar se otorga.
Ante este crimen, los representantes de los profesionales del área proclamaron airados y autocomplacientes que “la seguridad social no paga el trabajo de parto”.
El Catálogo de Prestaciones de Servicios de Salud, conocido como PDS, rige los procedimientos cubiertos en el sistema de prestación de servicios de salud del país, validados, a la vez, por un Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) multipartito donde cada parte defiende lo suyo mediante alianzas cuyo claro costo es la pérdida de calidad y eficiencia en la salud.
Ante tal lupa, el SDSS y el CNSS pueden aparecer como verdaderos sistemas de reparto. Validados por una ley que da a sus integrantes el poder de veto sobre las resoluciones que afecten sus intereses y hace de ese veto un valladar robusto contra la posibilidad de un mejor sistema de salud.
Para cada uno de ellos se trata de ganancias. Para avanzar alguito las demandas de sus asociados, el gremio médico, por ejemplo, se alió a las ARS. Decidieron coger los mangos bajitos, hacer medicina de escala, pésima, facturar inmisericordemente, reportar abrumadoramente procedimientos y consultas; agotar los fondos con diagnósticos sin que les importe la salud de los pacientes.
El SDSS ha transformado la profesión médica en puro espacio de negocio. Al médico, en matasano integrado a cadenas de producción de consultas, procedimientos y “referimientos”. Algo así parecería hato de pura corrupción y el CNSS, espacio en que la corrupción celebraría su misa.
El resultado: perjuicios para los “asegurados”, entre los que destaca la cantidad de cesáreas practicadas en hospitales, clínicas y centros de atención.
El grado de lo dramático adquieren las cifras suplidas por el Ministerio de Salud Pública al respecto.
La tabla “Procedimientos obstétricos en adolescentes por grupo de edad de la madre, según región, provincias y establecimientos públicos con atención al parto. República Dominicana, enero-marzo, 2017” colgada en el sitio web de la entidad oficial presenta este aquelarre, la euforia con la que se lleva a cabo este crimen a la hora de los partos.
En el trimestre aludido, Salud Pública registró 8339 partos en adolescentes, féminas entre 10 y 19 años de edad. Entre ellos, el 16% resultó en aborto; 46% fueron vaginales y el 38% por cesáreas.
Consultado por el periódico HOY el pasado 17 de agosto de este año 2017, el director de la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, Dr. Víctor Calderón, afirmó haber recibido las cesáreas en 55%, un punto menos que el 56% atribuido al país por investigaciones de OMS y la revista “Plos One” para América Latina y el Caribe. Agregó que la ha reducido al 43%.
E indicó la causa de este hecho injustificable en la red pública de salud: “es muy fácil no esperar ocho, doce, catorce horas a una mujer pujando que hacerle en media hora una cesárea”, dijo. Recordemos que en la red privada de salud la causa es otra: dinero, que el SDSS no paga esa “labor de parto”, según se dijo.
Pero las cesáreas no son la solución sino el crimen. Generan infecciones y están entre las principales causas de nuestros también altos niveles de mortalidad materna (MM).
La referida tabla del Ministerio de Salud Pública informa el riesgo de que el sistema privado de atención recorra caminos reñidos con las orientaciones de OMS y con los objetivos nacionales de salud: si las cesáreas en los hospitales fueron el 38% de los procedimientos obstétricos de ese trimestre (23% por encima de lo tolerable, según OMS), significa que en el sistema privado de atención y la práctica privada de esta especialidad las cesáreas están rondando lo escandaloso: 62%. Al menos en el referido trimestre.
Racionalmente, sería cónsono con el declarado objetivo de rentabilidad de los centros de atención y los servicios de los profesionales de la salud del ramo: más dinero y más procesos en menos tiempo.
Efecto inaceptable de una aberración del SDSS y culturas médicas que se deben corregir, por estar reñidas con los fines de la salud y el ABC de la ética de la práctica médica. Un procedimiento tan natural (el parto) no puede, bajo ninguna circunstancia, poner en riesgo la vida de tantas madres. Ante esto, la sociedad está en el deber exigir el respeto a los derechos de las mujeres y obligar al SDSS a garantizarles el derecho al parto natural.
Consecuentemente, en el ejercicio de su rol rector, el Ministerio de Salud Pública debe considerar seriamente el retiro de exequátur a los profesionales de la salud de las especialidades relacionadas que mantengan un record superior al 15% de cesáreas en los procedimientos obstétricos que realicen en el año.
Sólo así acabará este aquelarre de sangre, afeamiento físico, dolor y muerte en contra de las mujeres, de nuestras madres.