Cómo la Ley de Partidos caerá otra vez en manos de políticos que la han rechazado por más de tres lustros

El mundo político dominicano acaba de superar una prueba imperativa para el fortalecimiento democrático y comenzar a superar su debilitada institucionalidad. En sentido general, la elección de los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE) y los cuatro miembros faltantes de la Suprema Corte de Justicia han satisfecho las expectativas, sin mayores traumas.

Pero inmediatamente, ahora, en esta misma semana, el país enfrentará otro reto más determinante aun. Su liderazgo volverá a manosear el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que ha desdeñado por más de tres lustros sin importar las advertencias sobre los riesgos que eso entraña expresado por los sectores religiosos, económicos, sociedad civil y hasta por los propios. dirigentes políticos.

La comisión bicameral que estudia el proyecto en esta ocasión, se ha declarado de manera implícita incompetente para decidir temas tan sensibles como el tope del financiamiento a los partidos políticos y sus candidatos, así como transparentar las fuentes privadas que nutren sus arcas.

Pero sus miembros han sido incapaces además de establecer un mecanismo para reglamentar las precampañas y la celebración de las elecciones internas (primarias simultáneas o no), punto que jerarquizaría a la Junta Central Electoral (JCE) como ente regulador. Y otras tareas donde también prevalecen focos de resistencia en las organizaciones políticas.

Ante la delicada situación y la imposibilidad de aprobar la ley en la presente legislatura, que concluye el 26 de este mes, la comisión bicameral ha decidido iniciar un nuevo periplo que comenzará este lunes con el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, otra vez.

Así continuará con el presidente de la República, Danilo Medina; los expesidentes Leonel Fernández, quien es además presidente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), e Hipólito Mejía; el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader; el canciller y presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas; el presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle; los dirigentes de los 22 partidos minoritarios, y no se sabe a qué otra retahíla de quienes han torpedeado la iniciativa por los siglos de los siglos.

Esperemos que este mecanismo predilecto de la comisión bicameral para buscar el vilipendiado consenso funcione y defina un destino diferente para la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, para entonces avanzar hacia la Ley de Régimen Electoral antes de las elecciones de 2020. Es un imperativo para el fortalecimiento del núcleo que sustenta la democracia. Todos lo saben.

Tampoco es un secreto para nadie que amplios sectores de la sociedad dominicana continúan apostando a que no ocurra como en múltiples ocasiones anteriores, en que el beneficio personal, la desidia y conciliábulos, que se resisten a la modernización de los partidos políticos y cambios al sistema electoral, han conspirado para que naufrague una iniciativa asumida desde 1999 como de interés nacional.