Cuidado con los jacobinos dominicanos

Con el asalto al Hospital de los Inválidos, y posteriormente, la toma de la prisión de la Bastilla, iniciaba en Francia un proceso de levantamientos populares que darían al traste con el reinado de Luis XVI y de toda la monarquía. Esa Revolución Francesa, hoy epopeya insigne, y referencia obligatoria en materia de desarticulación abrupta de un orden socio-político preestablecido, sin embargo, inauguraría un corto período republicano que sería recordado por las sombras y oscuros matices que le adornarían. Lo que aconteció, podrá siempre ser catalogado como la más elocuente ejemplificación de lo que sucede cuando la visceralidad permea la racionalidad de las políticas de Estado.

Los jacobinos al poder La historia de los jacobinos y su breve paso por el poder, entre 1793 y 1794, no puede escribirse sin mencionar la guillotina. Esta última, inventada en 1789, se constituyó en la herramienta predilecta de los primeros al orquestar las ejecuciones de las que eran sujetos aquellos condenados por el sanguinario e implacable Comité de Seguridad Pública. Uno de los miembros más destacados de dicho comité ---y luego el más destacado, cuando defenestró a Danton--- era el político y abogado Maximilien Robespierre, conocido como “el incorruptible”. Este erudito hombre de letras descollaría entre la burguesía francesa por vindicar un pensamiento político liberal y democrático, y por colocarse a la vanguardia de las reivindicaciones sociales y políticas exigidas por las clases trabajadoras de aquel entonces.

Robespierre, quien posteriormente alzaría la bandera del republicanismo sobre aquella de la monarquía absoluta, era también conocido por su ardiente oposición a la pena de muerte. Al cabo del tiempo, una vez se delegó en el Comité de Seguridad Pública el poder ejecutivo de la nueva Francia, este se convertiría en su hombre más poderoso, y ahí la historia grabaría por siempre las acciones del verdadero Robespierre. “El Incorruptible” terminaría corrompiéndose.

Su paso por el poder se conocería como el “Régimen del Terror”. El otrora liberal, demócrata y ferviente defensor del cumplimiento de la constitución y las leyes, establecería una cruenta dictadura para, supuestamente, preservar las conquistas de la revolución, y para aplastar a los contrarrevolucionarios de la disidencia política que, aparentemente, atentaban contra la recién adquirida democracia francesa. En su brevísima detentación del poder absoluto, el antiguo aborrecedor de la pena de muerte, condenaría a la guillotina, arbitrariamente, a más de 120 compatriotas por día. Ese defensor de los derechos y el orden jurídico, el mismo que un día decidió decantarse por el republicanismo como respuesta a la pretensión de la familia real de apartarse de las leyes, establecería comités de vigilancia, donde la delación no corroborada contra cualquier adversario político bastaba para condenarle a la guillotina en la Plaza de la Revolución, y donde las leyes y los procesos eran torcidos o ignorados, según su conveniencia, para alcanzar los objetivos de la revolución.

Robespierre y sus jacobinos son un perfecto ejemplo histórico de al menos dos situaciones distintas: primero, de lo que tiende a pasar con los incorruptibles, una vez se ven con el poder; y segundo, de lo que invariablemente sucede cuando nos apartamos de la legalidad y de los procesos, en procura de objetivos que creemos justos y necesarios. A partir de esto último, huelga una advertencia por lo que veo desarrollarse en el panorama local.

No queremos jacobinos dominicanos La corrupción y la impunidad son males que desde siempre han corroído nuestra sociedad y nuestro Estado. A pesar de que existen instrumentos legales e institucionales para prevenirla y castigarla, la simple observación de los acontecimientos resulta suficiente para advertir que ha faltado voluntad política y social para atajarla y someterla, y que ha sobrado complicidad de todos los sectores para permitirla y perpetuarla.

Cuando desde una sociedad, o desde un segmento sociodemográfico de esta, brotan reclamos orientados hacia la corrección de vicios conductuales, como lo es la corrupción, las oportunidades para las reformas y las reestructuraciones están dadas. En las democracias, las avenidas y canales institucionales para instrumentar dichos cambios, son los partidos políticos, y por eso constituye un contrasentido que algunos de estos hayan recurrido a la confrontación con quienes hacen dicho reclamo, en lugar de asumir plenamente su rol institucional: aquel de interpretar lo que las sociedades demandan, para ofrecerles soluciones a cambio de que se les otorgue el poder político. En la coyuntura actual, este reclamo se viste de verde, e independientemente de cuántos sean, y de quienes la financien, han logrado su cometido, al colocar sobre el tapete de las discusiones públicas, el tema de la corrupción y la impunidad.

Poco importa si el objetivo ulterior de estos fuera el desplazamiento de los partidos políticos, porque para hacerlo tendrían ellos que entrar a la arena electoral, y ahí las condiciones y las reglas del juego son muy distintas. Lo que, sin embargo, sí preocupa, es la forma en la que plantean algunas de sus exigencias, denotando visceralidad y desapego a algunos principios democráticos.

No se puede exigir, por un lado, el fin de la impunidad, que no es más que abogar por el fortalecimiento de la institucionalidad, al tiempo que en ese mismo escenario, se exige cárcel para unos corruptos ---con pancartas e imágenes incluidas--- que los marchantes, y no la justicia, han condenado. No se puede exigir, por un lado, el apego a las leyes y a los procesos para, por ejemplo, la contratación de las obras públicas, al tiempo que en ese mismo escenario, se pretende que se salten derechos, leyes y procesos, y que se someta penalmente al presidente de la República. ¿Por qué cuesta tanto lograr que se entienda este argumento? ¿por qué lo anterior, casi reflexivamente, es interpretado como una defensa a algún partido, o al Presidente de la República, o como una embestida en contra de la Marcha Verde, y no como lo que es: la búsqueda de la coherencia que debe primar entre quienes se han erigido en movimiento social para hacer cumplir las leyes?

En la Marcha Verde, donde también participan figuras políticas que buscan oxigenar sus frustraciones electorales, los integrantes más visibles y locuaces se movilizan por la impaciencia y el sentido de impotencia que les genera el sistema, lo que como consecuencia les ha despertado un rechazo impetuoso del status quo que por momentos les traiciona, y les lleva a plantear ---conscientes o no de ello--- soluciones extralegales para fortalecer la legalidad. Y ante esto que consideramos una irracionalidad, tenemos que remitirnos, nueva vez, a los jacobinos y al “incorruptible”.

Robespierre, un respetado intelectual que edificó una reputación impecable, precisamente por su defensa de las leyes y la justicia, terminó presidiendo sobre el “Régimen del Terror” por creer que su causa ameritaba saltarse procesos y torcer leyes para enfrentar los peligros de aquel momento. Lo que terminó sucediendo, no obstante, fue la corrupción moral de quien una vez fuese una referencia de verticalidad para la sociedad. Robespierre empezó por emprender el camino de lo justo, pero su odio visceral por quienes le adversaban, le llevarían a ajusticiar sumariamente hasta a aquellos que le hacían sombra política. Y todo, claro, en nombre de la Revolución y de la preservación de la República.

La lección es clara: solo desde la legalidad se fortalece la legalidad; y solo desde la presión y vigilancia de las instituciones, de las que existen, se construye una institucionalidad duradera. Ese es el reto de la democracia: valerse solo de sus herramientas para lograr las transformaciones, sin excepciones ni atajos, porque esos que hoy se aplicarían en nombre de “una causa justa”, mañana serán utilizados en contra de los justos.

Si habríamos de derivar alguna otra lección del capítulo histórico de la Revolución Francesa, sería esta: Robespierre y sus jacobinos, los promotores de las implacables y sumarias condenas consumadas en la guillotina de la ensangrentada Plaza de la Revolución, murieron, paradójicamente, en esa misma guillotina, tras, más irónico aún, un “juicio” sumario que aún hoy se cuestiona. Decodifiquen ustedes, amigos lectores, el mensaje.