En la diana
Primer Tiro Una condición necesaria para que Punta Catalina pueda ser cuerpo de delito en una acusación de corrupción es la presentación de la documentación probatoria de que la contratación de dicho Proyecto fue sobrevaluada. La presentación de dicho análisis y documentación es lo que debería pedir, solicitar y exigir la opinión pública. Pero esa misma opinión pública debería tomar en cuenta el costo social de la postergación de dicho proyecto y de los beneficios sociales que se perderían con la no entrada en operación del mismo. La tasa de interés pagada por los financiamientos obtenidos y los beneficios alternativos de los recursos públicos invertidos hasta ahora representarían los costos de la postergación.
Con una tasa de interés promedio del 6% anual y una inversión acumulada de US$ 1,450.0 millones, el costo ascendería a US$ 7.25 millones mensuales. En otras entregas de esta columna se ha identificado y cuantificado el beneficio fiscal que se obtendría con Punta Catalina a través de la eliminación del subsidio a las empresas publicas eléctricas, lo que contribuiría a la sostenibilidad fiscal a través de la disminución del déficit operacional del Sector Público no Financiero y del aumento de su superávit primario.
Segundo Tiro La venta de electricidad no contratada de cualquier generador depende de su costo marginal. Mientras más alto sean los precios del petróleo y sus derivados, mayores serán los costos marginales de los productores de electricidad que usan fuel oil, y menores serán sus ventas y sus ganancias. Pero también mientras más alta sea la participación de plantas que utilizan otros combustibles más baratos (como el carbón y el gas natural), menores serán las ventas y las ganancias de las que utilizan fuel oil.
Debido a los precios más bajos de ese combustible, el costo marginal actual está en la frontera del 8.5 centavos de dólar el KWh. Aun con este nivel de costo marginal, la entrada de Punta Catalina desplazaría a las principales empresas de generación que utilizan fuel oil, y que generen a costos marginales mayores a los 7.5 centavos de dólar el KWh. Con un precio del petróleo un 10% mayor al actual, las plantas de estas empresas generadoras estarían permanentemente apagadas.
La terminación y operación de Punta Catalina encendería muchas luces, pero apagaría algunos negocios eléctricos.
Tercer Tiro Mientras no aparezcan los documentos y análisis que demuestren que Punta Catalina fue sobrevalorada, la opinión publica debería estar reclamando su terminación y puesta en operación, pues está más que demostrado que su alta rentabilidad social y su aporte a la consolidación fiscal podrían ser centenas de veces mayor a las posibles pérdidas de los generadores desplazados. Estos mismos argumentos y la favorable situación actual deberían ser aprovechados por el Gobierno para lanzar el Pacto Fiscal, sobre todo si tiene en cuenta que la mejoría en las recaudaciones atribuibles a mayor eficiencia administrativa tiene un carácter temporal y limitado. El momento es oportuno y la coyuntura favorable, pues ahora a la ganancia de credibilidad fiscal que ha obtenido el Gobierno con los resultados presupuestarios de los primeros cinco meses del año, hay que sumarle la altísima probabilidad de una rápida terminación y entrada en operación de Punta Catalina, con más electricidad de la barata y menos de la cara.