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FUERA DE CÁMARA

Díaz Rúa y Rondón

Habrá que explicar en chino por qué todos los acusados de los sobornos de Odebrecht --menos dos, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón--, fueron enviados a sus casas variándoles las medidas de coerción, lo cual habría estado excelentemente bien de no producirse una injusticia arbitraria y discriminatoria. Lo que creo es que los cinco jueces de la Suprema que compusieron esa Corte de Apelación tenían tal desacuerdo que ni siquiera se dieron cuenta de la injusticia en que incurrían cuando fallaron en atención a lo que ellos mismos llamaron “el populismo judicial” que había contaminado el proceso.Díaz Rúa y Rondón tienen la misma carga acusatoria que los restantes imputados a cuyo favor se emitió la sentencia del domingo en la madrugada. Y en el caso del segundo, el error ha sido mayor porque Rondón no era ni ha sido nunca funcionario público, y en tal virtud no le cabe la acusación de sobornado. A lo sumo, pudo haber sido acusado de evasión fiscal si se le comprobaba que recibió dinero de Odebrecht como comisión por gestión.El caso de Díaz Rúa es diferente porque sí fue funcionario y asignó obras a Odebrecht siendo director de Inapa y ministro de Obras Públicas. Pero en similar situación estaban los restantes imputados, con excepción de dos o tres que fueron citados como beneficiarios de esos sobornos en las “delaciones premiadas” de varios ejecutivos de la constructora brasileña.

Con la misma vara El mismo rasero que usó la Corte para medir a los demás acusados, debió aplicar para Díaz Rúa y Rondón, a quienes se les mantuvo la coerción de nueve meses y un año de prisión preventiva. Y parece evidente que no se hizo así por la presión mediática a que está sometida la Justicia en este caso, tal como lo admitió la jueza presidenta de la Corte al emitir su voto disidente.Miriam Germán entiende que todos los acusados debieron quedar en libertad porque las evidencias depositadas por la Procuraduría General de la República en el expediente no sustentan la imputación. Incluso, vaticinó que el Ministerio Público confrontará serias dificultades cuando se conozca el fondo del caso. Sin embargo, ese criterio no es compartido por la jueza Esther Agelán Casasnova, también de la Suprema y componente de la misma Cámara Penal que actuó como Corte de Apelación. Al exponer los motivos de la disidencia de su voto, sostuvo que el dictamen del juez que conoció el caso en la primera instancia de la Suprema, doctor Francisco Ortega Polanco, estuvo bien fundamentado. Ella votó para que sólo se variara la coerción a favor del ingeniero César Sánchez --no porque no existiesen evidencias incriminatorias--, sino porque padece una enfermedad incurable.

El “populismo judicial” Fue esa la definición que los propios jueces acogieron para nombrar la presión a que está sometida la justicia con el caso Odebrecht: “populismo judicial”. La frase salió de uno de los acusados, precisamente de Ángel Rondón al señalar que la Corte no podía dejarse influenciar por la presión de la calle.

Al final también el ingeniero Temístocles Montás terminó quejándose por similar motivo al invocar que su honor, su moral, su dignidad y su historial profesional no podían quedar a merced del ruido de la calle que le obnubila los sentidos a tanta gente.

Hasta la presidenta de la Corte, Miriam Germán, advirtió que por su posición al motivar las razones de su voto disidente se exponía al escarnio público. Y adelantó que no por ello sacrificaría su independencia.

Toca ahora al juez Ortega revisar la coerción... Y hacer justicia con Víctor y Rondón.

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