Una propuesta para combatir la delincuencia

No existen estadísticas públicas de cuántos de los distintos tipos de crímenes que diariamente se perpetran contra nuestros ciudadanos son realizados por personas que se desplazan en motocicletas, pero tampoco resultan necesarias. Los videos de cámaras de seguridad, las fílmicas de teléfonos inteligentes y el extenso anecdotario que va recogiendo los testimonios de todos aquellos que han sido víctimas de la delincuencia, nos ofrecen una incontrovertible realidad: la inmensa mayoría de asaltos, robos y asesinatos son cometidos por personas a bordo de estas.

No hace falta citar los casos más emblemáticos en procura de dar fuerza a la aseveración anterior, todo el que vive en la República Dominicana de estos días lo sabe. Las motocicletas, tal como expresara en esta semana un editorial de este mismo diario, se han convertido en objetos generadores de ansiedad y miedo, y por ello, sin pretender ni entender que lo propuesto a continuación sería suficiente y exhaustivo, queremos utilizar estas líneas para sugerir que la clave para derrotar esta modalidad de delincuencia no está en “tirar la guardia pa’ la calle”, ni en realizar esporádicos e inconsistentes operativos de requisición y decomiso, sino en reglamentar y cumplir estrictamente lo contemplado en la Ley no. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

Fíjese que hemos hecho alusión a “esta modalidad de delincuencia”, y no a la delincuencia en sentido general, porque para refrenar y acorralar a esta, se necesitarán políticas públicas de muy largo plazo. Los fenómenos de la delincuencia y del terrorismo comportan de la misma manera, en el sentido de que a ninguno de los dos se le derrotará únicamente por la coerción y el uso de la fuerza, dado que lo que da sentido a su oficio o ideología son factores socioculturales enraizados que tomarán tiempo, continuidad de acción y versatilidad desenterrar.

El auge de la delincuencia reciente en la República Dominicana tiene causas primarias y secundarias muy identificables; las primarias las constituyen la penetración del narcotráfico y la creciente ruptura de los hogares biparentales, con la progresiva erosión de valores que esta arrastra; las secundarias vendrían siendo la galopante desigualdad entre aquellos que más tienen y los que menos tienen, la pérdida de la autoridad moral y la ausencia de consecuencias ante la comisión de todo tipo de acciones punibles.

Sin embargo, a pesar de que la solución del problema de la delincuencia es una empresa de largo plazo, nuestra realidad presente, y la proyectada a corto y mediano plazo, exige de respuestas rápidas y efectivas de parte de las autoridades, y entendemos que las condiciones para la implementación de las mismas están dadas.

La delincuencia y el tránsito: eslabones de una misma cadena De nada servirá volver a exhibir a los militares y sus armas largas, ya que esto solo sirve como acción de impacto visual con fines intimidatorios, y evidentemente, los delincuentes de hoy no están intimidados. Serviría más, reentrenar un grupo de estos ---y también de policías--- y asignarlos a la Autoridad Metropolitana de Transporte, con el objetivo de que haya presencia de estos, 24 horas del día, en las zonas aconsejadas por la recolección de estadísticas de actos delincuenciales. ¿Con esto queremos indicar que serían los miembros de la AMET los responsables de combatir la delincuencia? No. De ninguna manera. Como en todo, se requerirá del apoyo y el concurso de todas las fuerzas del orden, y de múltiples instituciones del Estado, pero sí queremos significar que todos los delitos cometidos a bordo de motocicletas son antecedidos por violaciones de tránsito.

La nueva ley no. 63-17, en su artículo 251, prohíbe la circulación de motocicletas cuyos ocupantes no lleven chalecos reflectantes, lo cual podría especificarse y ampliarse en la reglamentación aún pendiente, para que se exija de manera clara la obligatoriedad de que tanto en el casco como en los chalecos, conductor y pasajero (no más de uno, según artículo 78 de esta misma ley) lleven el número de placa de la motocicleta en un formato uniforme, determinado por las autoridades, y con sellos invisibles solo apreciables por lectores de uso oficial, que certifiquen la autenticidad de los mismos. Medidas como estas fueron exitosas en el país latinoamericano donde se popularizó la difusión del terror a bordo de motocicletas: Colombia.

Esta labor de obsesiva fiscalización que tiene que ser llevada a cabo por la AMET, tiene que verse complementada por varias acciones. Primero, los centros urbanos ---donde ocurren la mayoría de estos crímenes--- tienen que ser segmentados por cuadrantes, y a cada uno de estos asignar unidades de policía de patrullaje rutinario, más unidades de respuesta rápida que puedan ser convocadas por los agentes de tránsito, cada vez que los desaprensivos, ante verificaciones rutinarias, intenten huir. Segundo, es preciso aumentar la presencia de cámaras de seguridad del sistema 9/11 y destinar personal a monitorear, 24 horas, con fines preventivos y proactivos, la circulación de motocicletas y demás vehículos sospechosos, para así, en tiempo real, poder avisar a las unidades de mayor proximidad física acerca de los sospechosos identificados, y que estas puedan investigar y fiscalizar el vehículo en cuestión. Tercero, el gobierno central, a través de la DGII, y en colaboración con los gobiernos municipales, deberá de enfrascarse en una masiva campaña de regulación y documentación de las motocicletas que aún carecen de matrículas, al tiempo que decidan qué hacer con las que, a todas luces, nunca podrían estar matriculadas: si decomisarlas y destruirlas, o amnistiarlas y documentarlas. Ninguna de las dos socavaría el objetivo de la estrategia central. Cuarto, tal como sucede en la mayoría de países latinoamericanos, los delitos consumados en los grandes centros urbanos de la República Dominicana, aparentan ser realizados por personas que residen en barrios de alta densidad poblacional, en las periferias de dichos centros urbanos. Para hacer frente a esta realidad ---siempre observando el debido proceso--- se podrían establecer retenes de control, por el tiempo que fuera necesario, en todos los puntos de entrada y salida de estos asentamientos, para así aumentar las probabilidades de captura de delincuentes antes de la comisión de sus fechorías, o justamente después. Y quinto, se tendrán que articular operativos periódicos, no episódicos, de amplio alcance, sujetados a criterios cartográficos, estadísticos y urbanísticos, en los cuales se pueda “contener” microsegmentos completos de las ciudades, de los que no sería posible salir o ingresar sin una inspección. Estos, idealmente, se realizarían en presencia de medios de comunicación invitados y, haciendo uso de las redes sociales, transmitiendo en vivo desde distintas cuentas y portales oficiales la realización de los operativos. Esto los revestiría de mayor credibilidad, y consecuentemente, los ciudadanos se sentirían en mayor disposición de colaborar.

¿Resolvería lo planteado anteriormente el problema de la delincuencia? No de manera integral, eso corresponderá a políticas públicas de largo plazo, pero sí podría resolver la delincuencia ejecutada desde vehículos de todo tipo, en especial, desde motocicletas. ¿No sería muy costoso implementar un plan de acción de esta envergadura? Sí, pero pueden estar seguros de que esto costaría menos de lo que nos genera la industria del turismo en seis meses, la que, dicho sea, solo puede existir en países sobre los que penda la percepción de seguridad. Hacer frente a la delincuencia de manera decidida, por ende, no sería un costo, sino una inversión.

¿No importunaría e incomodaría a los ciudadanos la puesta en marcha de algo como lo aquí plantado? Seguro que sí, pero aquí nos aplica a la perfección un adagio nativo que todos conocemos: “El que quiere moños bonitos, aguanta el halón”. En aras de la paz, del orden público y de que retorne a nuestras vidas la sensación de tranquilidad y seguridad, tendríamos que cultivar la paciencia.

Reitero que lo aquí planteado no pretende ser un plan holístico en contra de la delincuencia, sino uno que dé una respuesta efectiva a una modalidad que nos tiene aterrorizados: los crímenes cometidos por malhechores a bordo de motocicletas. Adicionalmente, implementar una propuesta de esta naturaleza tendría efectos colaterales positivos, como aquellos descritos por la teoría sociológica del “Broken Windows Policing”, que establece que en una sociedad subyugada por el desorden, la observación de la aplicación estricta de una ley de orden público, cualquiera que sea, funciona como elemento disuasivo de carácter progresivo ante la intención o la costumbre de infringir otras leyes.

Si se llegaran a implementar algunas de las medidas aquí propuestas, y estas llegaran a impacientarnos o a parecernos absurdas, pausemos, y preguntémonos cuál sería el resultado de seguir haciendo lo mismo que hasta ahora hemos venido haciendo. Dicha contemplación debería ser fuente inagotable de paciencia.