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MI TURNO

Corrupción, un antes y un después

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Andrés Lugo RiskSanto Domingo

La organización Transparencia Internacional tipifica la corrupción administrativa de dos maneras. La primera de ellas es la denominada corrupción “de acuerdo a las reglas”, que es aquella en que el funcionario público realiza la labor que tiene bajo su responsabilidad pero acepta pagos ilegales o sobornos (en otros países, coima) por hacer lo que está obligado a hacer. Por otro lado tenemos la corrupción “en contra de las reglas”, donde el servidor público comete actuaciones indebidas, que no son parte de sus funciones, con la deliberada intención de recibir un pago o retribución por ello.

Resultados de ambos tipos de acciones son perniciosos para la institucionalidad democrática; pero además afecta las condiciones de vida de la gente, pues desvía recursos públicos dirigidos a la inversión en necesidades más perentorias de la población pobre y clase media, sin desconocer que a muchos ricos les genera pérdidas y obliga a navegar en las turbias aguas de las trabas y limitaciones de gobiernos corporativos y clientelares, empeñados en generar riquezas para sus funcionarios, seguidores y defensores. Lamentablemente, en esta región del mundo, la brecha entre ricos y pobres es más grande que en el resto del planeta y eso hace que exista una frustración en la gente que se manifi esta con expresiones de inconformidad, rechazo al sistema político, a sus actores tradicionales, y lo que es peor, a desconfi ar en la democracia exigiendo otros tipos de regímenes y estilos de liderazgo, que en algunos casos son peores.

Afortunadamente, la sociedad dominicana está empezando a despertar y a demandar decisiones drásticas y urgentes en contra de quienes hayan incurrido en ambas modalidades de corrupción. Y lo está haciendo de manera pacífi ca, cívica y organizada, todo de acuerdo a los derechos ciudadanos, sociales y políticos, consagrados en la Constitución y las leyes.

Pero que nadie se llame a engaño, la paciencia tiene un límite y el pueblo dominicano ha sido estoico y considerado con sus líderes y administradores de la cosa pública. Ahora se espera una respuesta adecuada, inmediata y contundente, más allá de las expresiones desgastadas y clichés del discurso presidencial del 27 de febrero, y no solamente para el proceso contra la empresa Odebrecht, sino también con otros casos más que han afectado considerablemente nuestro sistema institucional, nuestras fi nanzas públicas y que han defraudado la confi anza de toda una nación. Esperamos que esa respuesta de las autoridades constituya un antes y un después en la lucha contra la corrupción, el adecentamiento de nuestras instituciones y la correcta gestión administrativa de cada dominicano que ocupe un cargo del servicio público.

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