Torpezas

Sin una decisión política firme desde arriba, de los que gobiernan, y sin una presión sostenida de abajo, de gobernados o aspirantes a controlar el poder, es muy difícil que la intención y la aspiración dual de controlar y sancionar la corrupción ancestral del país puedan tener el éxito esperado.

Cualquier esfuerzo serio por erradicar del ámbito nacional las viejas prácticas del aprovechamiento personal desde una función pública, por pequeña que esta sea, debe ser algo compartido y colectivo, o sea, producto del empoderamiento de la sociedad en pleno.

Creemos que es error de objetivo y de tiro, cuando en vez de motivar e incluir al gobierno de turno en los esfuerzos generales por moralizar la gestión pública -y en lo que el mismo es clave, por los controles administrativos que debe adoptar-, se le margina y hasta se le quiere acusar de ser el principal causante o responsable, sin indagar si entre los promotores de la iniciativa ciudadana en boga hay personas sin pecados y en capacidad de tirar la primera piedra.

El sesgo político o la exclusión sectorial no son buenos consejeros, y le hacen gran daño a la causa que se quiere defender, como la de que se frene la corrupción y que no haya impunidad, que es el mayor incentivo que la misma tradicionalmente ha encontrado.

En definitiva, la polinización de la corrupción, cuando lo correcto es judicializarla, conduce a grandes torpezas.

Se entiende que en la medida que una investigación avanza, y se dan o se filtran datos, la opinión pública -que con el sesgo del tema se ha ido imaginando culpables diferentes, según los intereses o el color partidario donde cada quien esté ubicado- termina defraudada y alimentando la idea de que ha habido impunidad, aunque en el fondo no sea así. Y es que no es la prisa por presión popular ni la politización de la corrupción la que permite establecer responsabilidades, sino los tribunales, con expedientes bien formulados y respetando el debido proceso de ley.

Es así como se debe de proceder, no estableciendo paredones mediáticos o señalando -sin base y sin calidades- culpables por adelantado, sin previa intervención de un juez y una sentencia condenatoria definitiva.

Eso no es bueno ni justo, partiendo del precepto constitucional de la presunción de inocencia de la persona.