¡Detrás de Catalina!
Con Punta Catalina se perfi la un grave caso de locura colectiva que pretende imponer el fanatismo antigubernamental y la sinrazón obsesiva sin detenerse en el interés general del país… Esa perversidad la vienen maquinando sectores vinculados a la industria eléctrica que llevan décadas explotando al Estado para saciar su ambición voraz.
Afortunadamente, el Gobierno y en particular la Procuraduría General de la República ha llevado el caso de Odebrecht con prudencia y, sobre todo, con inteligencia. Pero aún así, parecería que hay grupos de presión que han perdido la razón y no son capaces de comprender el interés que se agazapa detrás de esa campaña.
Que no es ningún otro que hacer abortar el propósito del Gobierno de poner en operación cuanto antes las dos plantas a carbón -cuyo contrato de construcción lo tiene Odebrecht, faltándole un 25 por ciento para su terminación-, programadas para entrar al sistema eléctrico en poco más de un año, a mediados de 2018.
El acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y Odebrecht va en dirección de proteger el interés nacional, y guarda similitud con el logrado en los Estados Unidos y en Brasil. El Estado alcanza indemnizaciones multimillonarias y el compromiso de los brasileños de colaborar en las pesquisas para dar con los involucrados en sobornos y coimas.
Y lo de mantener la habilitación de la constructora como suplidor del Estado no es más que una formalidad.
Pues, al menos por los próximos años, difícilmente alguien en su sano juicio se atreva a contratar a esa empresa, ya que el tufo a soborno no se lo despintaría nadie.
A pesar de ello, se cuestiona al procurador Jean Alain Rodríguez sin ningún argumento fuera de su militancia política, y pretenden descalifi car la única autoridad legal facultada para encabezar la investigación.
En esa negociación, el Estado logró el pago de 184 millones de dólares, pero se quejan de que el Gobierno tenía que exigir mayor resarcimiento sobre la base de sobrevaluaciones que suponen pero que no han podido demostrar.
Y como a los brasileños se les permite terminar las plantas de Punta Catalina, pegan el grito al cielo porque lo que quieren es que se rescinda el contrato sin importar las graves consecuencias de una acción tan temeraria.
Sólo cuantifi car el costo de la paralización resulta imposible.
Por eso hay que analizar más profundamente esta parte de la campaña para ver con claridad “a quién benefi cia el crimen”, como dice la frase de la criminología forense: De entrada, se supone que en semejante escenario perderíamos todos los dominicanos. ¡Pero no! Unos pocos saldrían muy benefi ciados si Punta Catalina se retrasa 3 ó 4 años.
O, mejor aún, si se convierte en un elefante blanco y aborta su entrada en funcionamiento.
Retrasarla signifi caría el manteniendo indefi nido de un esquema de negocios muy gravoso para el Estado pero muy favorable para un sector generador que por años ha obtenido pingu¨es benefi cios de un sistema eléctrico que controlan con tanta fi ereza que hasta les permite doblegar a cuantos gobiernos han pretendido someter su voracidad a la más elemental racionalidad.
Su gran problema es que ese escenario cambiará cuando entre Catalina al Sistema Eléctrico Interconectado.
Van salir muchas plantas por inefi cientes y costosas, mientras otros generadores se verán obligados a competir a base de precios y efi ciencia.
Esto queda evidenciado en el informe titulado “Impacto de la interconexión de la Central de Punta Catalina” preparado por la Empresa de Transmisión Eléctrica sobre el cual el Listín realizó un amplio reportaje a fi nales de la semana pasada, donde se da cuenta que cuando entren al sistema los 720 megas de Catalina, serán desplazadas varias plantas entre ellas CESPM 1, 2 y 3, que cuentan con una potencia máxima de 100 MV cada una; Estrella del Mar, con 110 MV; Sultana del Este, con 153; Palamara y La Vega, que aportan 87 y 105 MV, respectivamente, así como otras de menor potencia pero que también se aprovechan de una estructura de precios onerosa y de la dependencia del Estado ante picos en la demanda, averías o mantenimientos que reducen la oferta.
Estamos hablando de muchos millones de dólares que dejarán de ingresar a muy pocos pero poderosos bolsillos… Por eso a Punta Catalina la vienen boicoteando incluso desde antes de arrancar como idea, sin cejar en el intento de sabotearla, ni siquiera ahora que está en su fase fi nal.
Esos sectores –dicho con la mayor franqueza–, no iban a dejar pasar la oportunidad de montarse en un movimiento que pide “el fi n de la corrupción y la impunidad”, un esfuerzo de sana iniciativa desnaturalizado con agendas ocultas. Basta un mínimo de conciencia ciudadana para marchar o fi rmar cualquier cantidad de libros, ignorando la gente que está siendo instrumentalizada por intereses económicos muy particulares.
Los políticos de oposición tienen legítimo derecho de arrimarse a ese movimiento porque a fi n de cuentas su objetivo es debilitar al PLD para tratar de desplazarlo del poder… Y hasta entra la posibilidad de que algunas denominaciones religiosas y grupos cristianos se hayan arrimado para “cobrarle” al presidente Medina sus observaciones al Código Procesal Penal.
Pero resulta perverso enmascarar con reclamos legítimos la petición de que se eche a Odebrecht del país y se rescinda el contrato de Punta Catalina.
Quienes promueven esa locura, consciente o inconscientemente, trabajan para engrosar los bolsillos de los más poderosos… De los mismos grupos voraces de siempre.