País indignado
El pasado jueves la Procuraduría General de la República anunció que recibió 30 millones de dólares de la fi rma brasileña Odebrecht, como parte de un acuerdo confi - dencial en el que ésta se comprometió en un plazo de ocho años a pagar 184 millones de dólares como multa (sanción penal) por sobornos entregados a funcionarios públicos dominicanos en un período de 14 años por 92 millones de dólares.
La sociedad dominicana no ha salido de su asombro al empezar a conocer los alcances de este “acuerdo confi dencial”, mediante el cual el Estado dominicano le permite a Odebrecht, no sólo mantener los contratos multimillonarios vigentes, sino levantarle la inhabilitación para que pueda seguir participando en las licitaciones ofi ciales como si nada hubiera ocurrido.
No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que la fi rma Odebrecht ha hecho “el negocio del siglo” con el acuerdo confi dencial con el Ministerio Público, y pretende pagar la multa de 184 millones en un plazo de ocho años, sin intereses, con las mismas cubicaciones de pago del Estado dominicano de sus contratos vigentes y los que pueda obtener en el futuro frente al Estado dominicano.
Odebrecht, igualmente, obtiene su mayor benefi cio con este “acuerdo confi dencial”, puesto que las sobrevaluaciones de obras que durante 14 años obtuvo de forma fraudulenta quedarían cubiertas en el aspecto civil. Son miles de millones por concepto de sobrevaluaciones los que pretenden ser descargados desde el punto de vista civil a favor de la Odebrecht.
Igualmente, el “acuerdo confi dencial” con Odebrecht es único y sin ningún precedente; la multa es una sanción de tipo penal, pero sucede que en este caso no hay acusados penales. Puesto que los ejecutivos de Odebrecht, que fueron autores materiales de grandes crímenes contra la República, no están sometidos a la justicia; fueron dejados ir con bombos y platillos y hasta con despedidas sociales de gran resonancia, como fue el caso del ejecutivo de Odebrecht a quien en el Informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos se le identifi ca como autor material de la infracción de soborno en la República Dominicana.
Otro elemento a considerar totalmente lesivo para el Estado dominicano es la posibilidad de que dentro de los ocho años de plazo que le ha dado la Procuraduría General de la República a Odebrecht, esta empresa se declare en quiebra. Si esto ocurre, ¿quién va a honrar el contrato? En todos los países de América Latina donde Odebrecht ha confesado sobornos a funcionarios, se le han cancelado los contratos vigentes e inhabilitado para participar en futuras licitaciones. Recientemente, la propia fi rma en Brasil expresó que tenía difi cultades con los pagos de sus obligaciones. La posibilidad de quiebra de Odebrecht es una circunstancia muy posible que el “acuerdo confi dencial” no ha tomado en cuenta y que puede dejar al Estado en el aire.
Desde el punto de vista jurídico, se plantean las siguientes interrogantes: ¿En qué calidad está recibiendo la Procuraduría 30 millones de dólares? ¿Es multa o indemnización civil al Estado Dominicano? Si es indemnización civil, el Estado requiere un poder especial del presidente de la República, Danilo Medina, para recibir esos dineros a nombre del Estado dominicano y dar los descargos correspondientes.
Si es multa, que es una sanción penal, ¿dónde están los sometidos penalmente en este caso? No hay uno solo.
Como se ve, el “acuerdo confi dencial” con la Procuraduría adolece de fallas legales estructurales que no han sido despejadas, por lo cual puede ser atacado en su validez, una vez se devele el misterio de su “confi dencialidad”.
¿Cómo puede un acuerdo así ser confi dencial? El país está indignado y con mucha razón. Lo que está ocurriendo con el Caso Odebrecht y el premio que ha recibido con su acuerdo con la Procuraduría no tiene precedente en la historia del país.
No es justo de mi parte echarle la mayor culpa de este tollo a Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República. La decisión de arreglar este caso con Odebrecht en las condiciones en que se ha hecho es una decisión de alta política, que sólo pudo haberse concretado con una orden directa del Palacio Nacional. De esa convicción no tengo ninguna duda.
La realidad triste de nuestro país es que los ejecutivos de Odebrecht, en vez de salir con 10 años de prisión, multas e indemnizaciones por miles de millones y cancelación de contratos e inhabilitación permanente por sus prácticas corruptas, han salido premiados de esta experiencia. El ejemplo que se envía a todas las empresas nacionales y extranjeras es fuerte y claro: impunidad y manos de seda con el crimen.