…La gatica de Dora
El caso Odebrecht ha desatado la indignación en una sociedad cansada de corrupción y asqueada de un sistema permisivo y tolerante que acoraza a quienes se enriquecen ilícitamente y de forma descarada a costa del Estado.
Una ira social mucho mayor que la mostrada en la marcha de ayer, pues son muchas más las personas cansadas de la corrupción y la falta de un régimen de consecuencias que las que participaron en esa iniciativa promovida por grupos políticos y sociales opositores.
Empero, por fi rme que sea el propósito de sancionar a quienes recibieron sobornos de la constructora brasileña, una pesquisa sería que permita condenar a los culpables --más allá del escarnio público y el chisme politiquero--, requiere esfuerzo, recursos económicos y tiempo para una correcta investigación forense.
Eso plantea un reto para el Gobierno que debe colocarse a la altura de las circunstancias para no perder credibilidad y capital político. O peor aún, provocar una crisis de gobernabilidad, lo que no implica dejarse presionar por sectores que prevalidos de un ejercicio que es parte del juego democrático busca sacar tajada política.
Por eso el Ministerio Público estuvo acertado al alcanzar un acuerdo con la Constructora Odebrecht, en el que la multinacional se compromete a resarcir al Estado dominicano con 184 millones de dólares y se le suspende por tres años el registro como de proveedor del Estado.
En Brasil, está en curso desde hace casi tres años la Operación Lava Jato, nodriza de las sanciones a Odebrecht, y aún están en proceso de homologación los acuerdos de delación que podrían dar como resultado sometimientos a legisladores y políticos infl uyentes de casi todo el espectro político brasileño. Sin embargo, en lo que el hacha va y viene, en un proceso puede prolongarse como consecuencia de la trágica muerte del juez supremo que instruía el caso, ya ese país tiene en el bolsillo el 80 por ciento de la indemnización de más de 2,600 millones de dólares que se acordó pagar en el convenio suscrito a fi - nales del año pasado en una corte federal de Manhattan.
Igual los estadounidenses, que actuaron con inteligencia y pragmatismo. Allá ni siquiera se produjo la cacería de brujas que sucede en Brasil... Apretaron a dos o tres funcionarios y colocaron contra la espada y la pared a la multinacional brasileña hasta obligarlos a una negociación… Y, claro está, sacaron su buena tajada.
Por igual, la mayoría de los países latinoamericanos donde Odebrecht reveló sobornos han actuado con esa misma inteligencia. Panamá acordó recibir un fondo de garantías equivalente a los 59 millones de dólares, y Perú negoció una indemnización de 9 millones de dólares, pero en ninguno de esos países se ha detenido la investigación penal en busca de identifi car y someter a los objetos de los sobornos admitidos.
Eso es, precisamente, lo que acaba de hacer el Gobierno dominicano: asegurarse una reposición equivalente al doble de los valores pagados ilegalmente con el fi n de obtener contratos estatales… Con lo que, como han afi rmado el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, no se detiene la investigación que debe continuar hasta dar con los responsables de recibir pagos ilícitos.
Sin embargo, esto último no será sencillo.
Un símil lo constituye la investigación sobre la adquisición de los aviones Súper Tucanos, que prácticamente tienen el mismo patrón: una compañía brasileña investigada por prácticas corruptas que llega a un acuerdo donde admite el pago de sobornos en el país… Y casi tres años después, y a pesar de contar con la colaboración de los investigadores brasileños y estadounidenses, en República Dominicana no ha sido posible armar un caso con sufi cientes evidencias para conseguir condenas ejemplares.
Es muy fácil hablar, pero no resulta igual de sencillo llevar a cabo investigaciones que impliquen rastreo de operaciones fi - nancieras con el objetivo de determinar los nombres de los funcionarios sobornados.
Ni siquiera con la colaboración de Brasil o de Estados Unidos.
De ahí la importancia del acuerdo al que acaba de arribar el Ministerio Público con Odebrecht… Se preserva el interés nacional, y que siga en curso la investigación sin detener ni un segundo su impulso hasta dar con los responsables de las coimas, pero mientras tanto el Estado asegura 184 millones de dólares, justo el doble de lo que Odebrecht admitió haber pagado en sobornos para obtener obras en República Dominicana.
Eso convierte a República Dominicana --entre todos los países señalados como objeto de sobornos en el acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fuera de Brasil--, donde la constructora brasileña ha pagado la mayor indemnización… ¡…Un logro monumental del Gobierno y del presidente Medina! Que, claro, no le reconoce una vocinglería opositora con el mismo complejo de “la gatica de Dora”.