A persistir en ese reto
Luego de haber reducido la mortalidad infantil en la República Dominicana en un 25% durante el año 2016, el Ministerio de Salud Pública acaba de declarar que durante el año 2017 mantendrá la reducción de la mortalidad materno- infantil como el objetivo principal de la gestión que conduce la Dra. Altagracia Guzmán Marcelino.
El anuncio, como es característico de la funcionaria, persigue alinear el sistema de salud del país en la dirección de reducir la mortalidad materno-infantiles, especialmente cuando durante el recién concluido año la caída en la tasa de Mortalidad Materna (MM) fue menor que la de Muerte Infantil (MI) en cinco puntos, indicando que muchas mujeres continúan muriendo por causas vinculadas al parto y post parto.
Ya que el Ministerio de Salud ha colocado nuevamente en su foco de atención la reducción de la mortalidad materno-infantil, corresponde que los centros de salud privados y de la red pública que dan servicios de obstetricia y ginecología, atención en partos y pediatría, se alineen en tal dirección.
Hacia el mismo objetivo esperamos que se alineen las sociedades que agrupan galenos de estas especialidades y que se asuma con enfatizado entusiasmo la necesidad de revertir la situación actual, a todas luces una vergu¨enza para el país y sistema de salud: 2,406 muertes infantiles durante el año 201; 6.7 infantes muertos diariamente.
La actual tendencia a la reducción permite anclar sobre bases realistas el optimismo ante esta situación. Pese a ello, es necesario mantener en la óptica que el actual número de muertes infantiles en la República Dominicana tampoco satisfi zo la meta pautada en los Objetivos del Milenio para el 2010 y el 2015.
Según ese acuerdo internacional, la MI debía reducir en dos terceras partes.
Esta meta, designada “Objetivo número 4” fue alcanzada satisfactoriamente en la región latinoamericana, donde fue reducida en 68%, 4.66% por encima de lo pautado, según el informe “Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015” de la Organización de las Naciones Unidas (Nueva York, 2015).
Sin embargo, esta tasa de reducción no fue lograda por nuestro país. Y constituye una situación tan infamante que el gobierno no la publica fácilmente.
La Encuesta Nacional Demográfi ca y de Salud (ENDESA) estableció que en 1988 la mortalidad por cada mil niños nacidos (MI) vivos era 59.5 en la República Dominicana.
Siendo así, el país cumpliría este objetivo 4to logrando una tasa de MI inferior a 20 por cada 1,000 nacidos vivos: 19.8.
Para el 2007 este indicador había caído 39.5% y en el 2010 estaba a la mitad de lo alcanzado por la región latinoamericana.
Según el “Informe sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio, 2015” publicado por el Ministerio de Economía, Planifi cación y Desarrollo, “En el 2007 se había logrado recudir (la MI) hasta 36 y en el 2013 hasta 31 (ENDESA). En el 2014 la tasa fue 35 (ENHOGAR), y para el 2015 se proyecta una tasa de 32.8 por mil. Datos ofi ciales indican que las reducciones más intensas se registraron en la década de los noventa, mientras que en años recientes las reducciones han sido mucho más modestas. Cumplir con la meta de reducir en dos tercios este indicador hubiese signifi cado llevarla hasta 19.8” (pág. 76).
En tal dirección, declarada nuevamente como objetivo por el Ministerio de Salud, debe trabajar el sistema de salud dominicano, especialmente mejorando la calidad de la atención y dando seguimiento a embarazadas, parturientas, recién nacidos e infantes para lo que se tendrá que fortalecer y acelerar la red de Unidades de Atención Primaria (UNAPs) en las comunidades, único modo de garantizar una efi ciente vigilancia epidemiológica y de salud comunitarias.
Que un ministerio tan transparente y que tanto valora las comunicaciones como Salud Pública no incluya la tasa de mortalidad materna e infantil en los boletines semanales de la Dirección de Epidemiología, podría indicar que para el Gobierno la situación constituye una vergu¨enza inaceptable.
Este reto podrá ser cumplido con mayor seguridad y celeridad si se eliminan las trabas que obstruyen o pueden obstruir la atención directa e inmediata a embarazadas, parturientas, recién nacidos e infantes en los centros de atención de la redes públicas y privadas de salud.
El Ministerio de Salud Pública podría trabajar junto a las sociedades de Ginecología y Obstetricia, Pediatría y otras, para estructurar una estrategia y sostener el compromiso y entusiasmo en torno al reto.
Un sistema de vigilancia que dé seguimiento, centro por centro de atención en salud, a la población vinculante, aportaría signifi cativamente.
Las organizaciones políticas, en especial las que gobierna, podrían vislumbrar en esta situación una oportunidad para fortalecer su deber ser e imágenes organizacionales, para activar su presencia comunitaria con acciones orientadas hacia este objetivo: facilitando servicios médico/ hospitalarios allí o para quienes resultan de difícil acceso y recabando y transmitiendo información oportuna relativa a la calidad del servicio y la atención médicos recibida por la población en los centros de las redes públicas y privadas de salud.