Economía y política criminal
Una de las preocupaciones básicas de la economía del crimen es la dosificación entre la intensidad de las penas y la probabilidad de la captura de los delincuentes, el cual radica en que esta última tiende generalmente a convertirse en una variable de carácter política, que depende por completo de las decisiones de las autoridades. Bajo ese enfoque es que el análisis económico se ha planteado profundizar sobre las externalidades derivadas del crimen, visto como efecto de incrementar los niveles de seguridad, los riesgos del traslado de los delincuentes capturados y el efecto psicológico que se incrusta en las mentes de las víctimas, lo que implica un costo financiero consolidado muy elevado.
En la economía del crimen y su política criminal es muy importante resaltar que en la lucha contra el crimen se tiene conocimiento detallado de que la misma implica no tan solo unos costos financieros considerados, sino que en el mismo esta intrínseco unos elevados costos sociales del crimen.
La economía del crimen se plantea un objetivo óptimo de criminalidad que ha de ser alcanzada por una política criminal objetiva.
En tal virtud, una política criminal con metas alcanzada probable, es visualizada por la economía del crimen de una manera vertical en la dirección de que hay que estar muy consciente de que combatir el crimen es una actividad costosa, esto así ya que identificar, perseguir, capturar y encarcelar delincuentes requiere un considerable gasto financiero de lo que ha de disponer el Estado de su presupuesto.
Por esas razones, la economía del crimen llega a la conclusión de que erradicar total el crimen es virtualmente imposible.
Los argumentos más convincentes sobre el combate a la delincuencia, sostienen que en cierto rango, en los niveles bajos de criminalidad, los costos de combatir el crimen son superiores a los costos ocasionados por el mismo.
En la literatura económica del crimen se hace énfasis en el tipo de sanción que se le debe de aplicar al delincuente, partiendo de los supuestos de que no haya obstáculos de imponer las sanciones correspondientes, y que no haya alteración en los costos sociales marginales, pero sabiendo que la prisión es un costo social puro, esto es, que no beneficia a nadie.
En ese contexto, surge la interrogante de ¿quién diseña la política criminal? Sin lugar a dudas, existen marcadas discrepancias entre la corrientes de la economía del crimen y la corriente de los abogados penalistas acerca de cómo abordar el diseño de una política criminal, sin embargo, existe una aproximación unificada en que se parte de que solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad debe residir en el legislador, en representación de toda la sociedad unida por el contrato social. A pesar de primar esos criterios, la economía del crimen interpreta que ante la existencia de un poder soberano u omnipotente, que es quien en última instancia puede poner en marcha el diseño y ejecución de una eficaz política criminal y asume los costos financieros de la misma, el cual recae en el poder ejecutivo.
Es oportuno precisar que se denomina política criminal a la manera cómo la colectividad reacciona organizadamente, frente a las acciones delictuosas que amenazan su cohesión o su desarrollo armónico y que el Estado interviene de manera deliberada para proteger a la ciudadanía de la interrupción de la paz social. Pero más bien, la economía del crimen interpreta una política criminal como el conjunto de decisiones, instrumentos y reglas que orientan el ejercicio de la violencia estatal que es una coerción penal hacia determinados objetivos, que si se quiere forma parte de la política pública.
La economía del crimen observa dos fenómenos interesantes para elaborar una política criminal un tanto objetiva y sostenible en el tiempo, acorde con el entorno económico que se haya desarrollado. Por un lado, están las sociedades desarrolladas, el progreso de orden científico y técnico produce modificaciones sociales profundas, que repercuten de manera evidente en la legislación, en tanto, en los países subdesarrollados, donde el contexto socioeconómico se caracteriza por una violencia e inestabilidad subyacentes a todo el sistema y donde las desigualdades sociales son enormes.
Es en ese contexto que la economía del crimen interpreta que la política del criminal ha de resaltar que la importancia del procedimiento penal en un Estado de derecho va más allá de una simple relación entre el Estado y los infractores a la ley penal y que los procesos penales en una sociedad constituyen una de las manifestaciones más importantes de la libertad individual.
En los hechos, esto ha de traducirse en una verdadera prueba de la calidad del ordenamiento jurídico ya que la estructura política, social y el procedimiento penal impacta de manera directa en las actividades económicas, la calidad de sus leyes y el crecimiento del PIB, y esa es la preocupación de la economía jurídica.
El autor es economista