Trump y el caso Odebrecht
El anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que la firma de construcciones Odebrecht y una de sus subsidiarias, se declararon culpables de prácticas corruptas transnacionales y aceptaron pagar 2,600 millones de dólares de multa a los Estados Unidos, se produce en los días previos en que asumirá el mando de los Estados Unidos el Partido Republicano y el nuevo presidente Donald Trump.
En el acuerdo con la justicia norteamericana la empresa brasileña declaró haber otorgado sobornos por 788 millones de dólares a políticos y funcionarios de diversos países de América Latina y específi camente 92 millones de dólares en la República Dominicana, en el período comprendido entre el año 2001 y 2014.
En el trato con EEUU, Odebrecht se comprometió igualmente a suministrar en lo adelante todas las informaciones que le sean requeridas para el procesamiento e indagatoria de la lista de sobornados.
La pregunta que se hacen ya expertos analistas del caso es ¿qué hará el presidente Donald Trump y su nuevo ministro de Justicia, el senador republicano, Jeff Sessions, con las espectaculares confesiones de Odebrecht de megacorrupción extendida en América Latina? ¿Se guardará el secreto en los archivos del Departamento de Justicia de EEUU para proteger a políticos corruptos de América Latina sobornados por la fi rma brasileña? ¿Tendrá el presidente Trump la oportunidad de impulsar procesos ejemplarizadores de castigo a la corrupción transnacional en América Latina? ¿Va a desaprovechar el presidente Trump la oportunidad de congraciarse con los pueblos de América Latina (que lo ven con ojeriza por el tema migratorio), sedientos de justicia contra la corrupción de sus políticos? ¿Usará Estados Unidos en la administración de Trump las sensibles confesiones de Odebrecht para chantajear a la clase política de diferentes países o los enfrentará con una política diferente a lo que ha sido tradición en la política exterior norteamericana? Todas esas interrogantes deberán ser despejadas a partir del próximo 20 de enero, cuando tome posesión el presidente Trump y su nueva administración.
Soy de los que creen, y puedo estar equivocado, de que debido a la magnitud de la maquinaria corruptora de Odebrecht (la más grande que registra la historia de América Latina), dudo mucho que Estados Unidos se guarde y dé complicidad a los políticos y funcionarios que le aceptaron soborno a Odebrecht. Sobre todo, porque en la medida en que las investigaciones avanzan en Brasil se pone más en evidencia que esa maquinaria corrupta de gran escala estaba trabajando en coordinación con los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff, que elaboraron un plan de apoyo a aliados políticos en la región, no sólo a través del zar del marketing, Joao Santana (preso en Brasil), sino con la fi rma Odebrecht, con quien trabajaba como uno de sus brazos principales en altas esferas políticas en la concesión de megaproyectos.
Aunque hasta ahora la justicia de Estados Unidos se ha limitado al cobro de sus multas de 2,600 millones de dólares, nadie está en condiciones de asegurar cuál va a ser su política en América Latina frente a este problema de megacorrupción. El presidente Trump tiene al exjefe del Comando Sur de los Estados Unidos, John Kelly, como nuevo secretario de Seguridad Nacional, y desde ya ha trascendido en los medios más importantes que tendrá un papel preponderante en el trato con América Latina, por ser un gran conocedor de su realidad y de cómo la corrupción y el narco han permeado esferas de mandos claves en distintos países.
El tema de la confesión de soborno de Odebrecht a la justicia norteamericana tiene otras implicaciones más graves para la lista de sobornados latinoamericanos, ya que cualquier inversión que éstos pudieran haber hecho en los últimos años en los Estados Unidos le daría oportunidad jurídica a su justicia de procesarlo criminalmente por lavado de activos al haber llevado capitales a su país, producto de corrupción gubernamental.
La confesión de Odebrecht puede generar extradiciones a los Estados Unidos, por lo que dependerá mucho de la voluntad política de sus nuevos gobernantes qué hacer frente al cáncer que corroe hoy a los países de América: la corrupción administrativa.