Danilo Medina ganó otra batalla de opinión pública

El gobierno del presidente Medina salió ileso de lo que parecía un traumático proceso para escoger a los miembros de la Junta Central Electoral (JCE.) Menos traumático al parecer es la selección de los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas.

Se gastaron ríos de tinta en los medios escritos y muchos espacios en los electrónicos y digitales anticipando que irían a la JCE partidarios del régimen y del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. El silencio que siguió a la escogencia sería señal de todos tranquilos.

Era más complicada la elección de la JCE porque la misma es la responsable de organizar las elecciones y ya se habla de las que tendrán lugar en mayo del año 2020, para lo cual en los mentideros y por las encuestas anticipadas se sugieren nombres reconocidos.

A la JCE le tocaba también el reparto de una fortuna en ayuda a los partidos políticos mayoritarios, lo que ha motivado la codicia y ha alimentado la división en algunos aunque las razones de los torbellinos internos suelen ser atribuidos a problemas de orden diferente.

La sabiduría del régimen y de su partido estuvo en que los cinco miembros de la JCE complacieran a todos los sectores, sin dejar fuera a la llamada sociedad civil, respaldada mayormente por los empresarios, que al parecer querían tener su dominio, y la iglesia.

Nada habría ganado Medina con forzar una elección de partidarios, como hicieron anteriormente otros partidos en el poder, como el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) durante su último cuatrienio en el poder.

Medina lo habría podido hacer con la mayoría aplastante que tiene su organización en el Senado de la República, pero ese paso no era el más inteligente. La nueva JCE nacería con el estigma del partidarismo lo que avivaría temprano las dudas sobre las elecciones.

En los mentideros se dice que un aspecto de la sabiduría de que aquí se habla, fue la selección del doctor Julio César Castaños Guzmán, como el nuevo presidente de la JCE, por su condición de personalidad inobjetable y porque lo sustentaba el sector religioso.

Pero se asegura también que al proponerlo como presidente de la JCE, los legisladores lo sacaron de juego para la selección de la Suprema Corte de Justicia, con cuyo caso el régimen posiblemente no será tan benigno con los sectores que pugnan dominar las altas cortes.

Menos protagonismo telegénico y periodístico, una de las fallas de la anterior JCE que presidió el doctor Roberto Rosario, le vendría bien a la presente. Ellos tendrán también sus 100 días de tregua luego de los cuales se empezará a escrutar qué están haciendo.

Otro tema es cómo encararán lo que al parecer es un enorme déficit dejado por los salientes, que tuvieron la responsabilidad de comprar en el exterior equipos valiosos que al fin no se utilizaron totalmente y que permitieron una borrachera publicitaria innecesaria.

La Cámara de Cuentas La elección de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas está a la vuelta de la esquina, tras el escrutinio de más de doscientos aspirantes, algunos de los cuales no tenían la más mínima idea del quehacer de esa entidad y se notó que no revisaron su página Web.

Aunque el pleno actual de miembros nació bajo una crisis original que le dio bastante material al público para suponer que no tendrían un desempeño de calidad, sus ocho años de ejercicio dejan la impresión de que se hizo un trabajo convincente para levantar la imagen.

Con todo y lo que aparece en la página Web de la CC, todavía algunos publicistas mayormente de la radio y televisión, le llaman al organismo “cámara de cuentos”, sin apreciar el trabajo interno y las exigencias de transparencia en el sector público, siempre renuente.

La presidencia de la CC ha estado durante ese tiempo en manos de la doctora Licelott Marte de Barrios, una estadista consumada, conocedora de cómo funciona el Estado, que ingresó al servicio público por la Consultoría Jurídica de la Presidencia, según dice su perfil.

Después de eso, fue embajadora y vicecanciller de la República, secretaria de Finanzas, presidenta de la Refinería de Petróleo y diputada, posiciones que ejerció sin que nadie pudiera echarle en cara ninguna situación de conflicto.

La doctora Marte de Barrios se apartó mucho antes de que se mencionara su nombre para la CC, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), al cual pertenecía su familia desde la primera hora. Quizás anticipó los vendavales que ocurrirían con posterioridad en ese grupo.

Ahora que el Senado se apresta a elegir el nuevo pleno, la doctora Marte de Barrios aparece como una de las personas propuestas, al igual que por lo menos dos de los actuales integrantes de la institución. Dejarla en la CC sería mantener la memoria y la sabiduría que a muchas entidades del estado le hace falta.

Los logros hablan Por el poco respaldo financiero que la CC recibe del Presupuesto Nacional, la institución logró nutrir sus arcas de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y la Cooperación de Alemania.

La página Web dice que la Unión Europea ha aportado 1.2 millones de euros y está desembolsando 333,000 euros para continuar el Programa de Fortalecimiento Institucional en el Plan Estratégico 2017-2020, que fortalecerá los logros obtenidos hasta ahora.

En la actualidad la institución tiene un presupuesto de 646 millones de pesos, aunque de acuerdo con la ley debió recibir un poco más de 1,000 millones. Pese a la limitación de fondos, se dotó de computadoras a 204 auditores y se estableció el plan de auditores jóvenes que ya están en la plantilla. En carpeta la CC tiene la puesta en vigor del nuevo Código de Ética para los auditores, la Escuela de Cuentas para fortalecer los mismos y el establecimiento especial de control mediante un reglamento. También los formularios confidenciales para las quejas del público.

Al nuevo pleno de la CC le corresponderá establecer los mecanismos para el seguimiento de las auditorías para que el público pueda acceder a las recomendaciones y hallazgos frente a organismos como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Congreso, la Controlaría General y otros organismos.

Se propone también la certificación de sus auditores, auditar los financiamientos de organismos internacionales para asistencia técnica no reembolsable, auditar las embajadas y consulados del país. Se está auditando el pasivo auditando el pasivo ambiental de la Alcoa.

Un dolor de cabeza de la CC ha sido convencer a los funcionarios públicos que deben presentar sus declaraciones de bienes al ingreso y salida de los puestos, a lo que se niega la mayoría sobre todo de los municipios. 4,600 funcionarios no lo han hecho este año.