A preservar la salud y la industria farmacéutica
Las recientes acciones del Ministerio de Salud Pública para controlar la venta de medicamentos falsificados o sin registro motivan a enfocar la importancia de crear un clima propiciador y garantista alrededor del tema de la salud vinculada a la producción, circulación y consumo de fármacos.
El país fue testigo del gran tesón con el que, entre los años 70s y 80s del pasado siglo, empresarios nacionales se dispusieron a crear empresas que produjeran opciones y soluciones farmacológicas éticamente funcionales y económicamente viables a favor de la salud.
El empuje público dado a tal iniciativa creó un verdadero clima de incentivo y constituyó una industria sustitutiva que empezó a asumir la responsabilidad de producir medicamentos para satisfacer las exigencias de los galenos, las necesidades de la gente, aumentar la disponibilidad local de los mismos, garantizar precios más asequibles, aportar al fisco y crear fuentes de empleo.
No se deben olvidar los ojos profundos y acuciosos de Luis Lebrón, de Ethical Pharmacéutical, y su declarada esperanza de producir en el país medicamentos para un amplio rango de dolencias que entonces resultaban inaccesibles para las mayorías, manteniendo una alta calidad y una competitividad manifiesta desde las presentaciones.
Tampoco la energía vital y visionaria de César Jiménez, de Laboratorios Feltrex. Antes de que a partir del 2000 las doctrinas de la Gerencia y Comunicación corporativas lo dictaran, él hablaba de visión desarrollista y misión social como factores propulsores del desarrollo farmacéutico nacional.
“Nuestros medicamentos cuestan un tercio de los demás y hacen lo mismo”, declaró un día en una entrevista para el Suplemento “Salud y Vida” que por 1984 acogía Listín Diario. La visión del señor Jiménez de producir medicamentos con las cualidades éticas requeridas y que la gente adquiriese a mucho menor precio la compartían los laboratorios Farmaconal, Roldán, Laboquidom, San Luis, C. Aristy Rodríguez, entre otros. Entre tanto, otro grupo se enfocó en nichos más exigentes, entre cuyos exponentes están Ethical Pharmacéuticals y Magnachem, este último fundada por el señor Cristóbal Federico Gómez G., un caso ilustrativo del paso del predominio de lo importado al auge de la producción local con los intereses adicionales de sustituir importaciones y entrar a competir con el predominio centroamericano.
La excelencia técnica y operativa de la planta de Magnachem en Haina dio muestras de los niveles de calidad que la gestión nacional podía imprimir a esta industria, tan sensible ante lo microbiológico.
La industria enfocó lo ético y las aplicaciones no reguladas. El resultado fue un crecimiento significativo, el desplazamiento de medicinas importadas y una guerra por el imperio de las patentes.
Hoy, un amplio rango de la oferta de medicamentos de producción nacional poco tiene que envidiar a los foráneos, especialmente en casos de compuestos completos, como los genéricos, un mercado atado al gobierno desde Jorge Blanco, quien creó el Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE) para abaratar las medicinas y estimular el desarrollo de esta industria.
Hoy la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos agrupa a más de medio centenar de empresas, productoras e importadoras, que suplen al mercado nacional, público y privado, de todo tipo de insumos en el área de la salud.
Que una industria así deba equilibrar los impactos externos redefiniendo la relación calidad-precio como parte estratégica de garantía de sus operaciones y fines debe ser vinculante al Registro en Salud Pública. La afectación de las fórmulas declaradas en los registros sin autorización ni consignación es una violación y un fraude que es muy dudoso que salga de los laboratorios.
Es fraude en los fármacos variar la proporcionalidad de los componentes de las formulaciones y presentaciones. Ocurre cuando la visión de un mercado de precio es predominante, no se respeta el Registro correspondiente en el sistema de salud, se engaña a los facultativos o se trata de un fraude flagrante.
La supervisión social, pública y médica sobre la idoneidad de los medicamentos debe incrementarse y mantenerse. Es deber acompañar en ello a Salud Pública. Un medicamento falsificado estafa a la gente, no cura las dolencias y puede producir la muerte.
La anomia va a lo económicamente atractivo y muchas veces opera “desde adentro”. Los fabricantes deben cuidarse del riesgo interno de falsificaciones y del uso no autorizado de patentes.
Medicamentos falsos pueden salir de los propios laboratorios por conspiraciones internas entre gerentes de producción, seguridad y vendedores.
También por prácticas de piratería entre competidores, fácil de detectar pues el fraude afecta los medicamentos más caros, los más demandados y al grupo con ambas características.
Un medicamento falsificado o pirateado aumenta sus vías de llegar a una farmacia si se burlan los controles de los distribuidores autorizados y la selección y acreditación del personal de venta y entrega.
Salud Pública, los laboratorios y las farmacias podrían establecer un sistema de seguridad que minimice esos riesgos.
Una resolución atinente podría establecer el cruce de información contable entre producción, circulación y venta de medicamentos, es decir, la igualdad entre lo producido, distribuido y lo vendido. En esto puede ayudar mucho la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Al respecto, es imperioso fortalecer la capacidad regulatoria y supervisora de Salud Pública.