Pacto fiscal y pacto social: dos caras de una moneda
La República Dominicana adoptó en el año 2010 una pieza constitucional progresista y moderna, que consagra el Estado Social y Democrático de Derechos como guía que nos orienta hacia el proceso constructivo de una sociedad más justa, más equitativa, más humana y más igualitaria.
Sobre el particular escribimos en el año 2012 que “con el Estado Social las políticas públicas han dado un giro hacia el corazón de la sociedad: la familia”, y que por ende, la acción social se había convertido en la guía del Gobierno que, en aquel momento, apenas iniciaba.
En ese marco, el país ha desempeñado con éxito su rol constitucional de protección social, al incluir a los vulnerables en programas de índole social que les apoyan y guían hacia constituirse en la clase media de nuestro país. Al unir estas acciones a una ambiciosa política de generación de empleos, hemos podido encausar el país hacia el crecimiento que nos mantiene como un ejemplo a seguir para la región latinoamericana.
Este proceder nos ha puesto en línea con la más importante tendencia relacionada a la política social, que se discute en el plano internacional, que es que las políticas sociales no pueden ser residuales, sino más bien “un conjunto de programas integrales para la reducción de la pobreza, asociados con el fortalecimiento de los activos y capacidades humanas”.
La CEPAL ha afirmado que los países de Latinoamérica estamos “dejando atrás la herencia del modelo de ajuste estructural y se está avanzando hacia modalidades más integrales y solidarias, orientadas a la universalización de la protección social”.
El tema de la universalización de la protección social ha tomado gran relevancia, en un momento en que la “construcción progresiva de ciudadanía social” está dejando frutos, gracias a políticas económicas más inclusivas. Se trata de que nadie se quede atrás en el progreso económico y social, lo que requiere ampliar la cobertura de los programas sociales, en la medida en que el progreso económico lo permite.
Los expertos en política social plantean tres posibles acercamientos a la universalización de la protección social. El primero es la construcción de pisos de protección social, que justamente lo está haciendo el país para el tema género. En este, se contemplan garantías de seguridad básica de los ingresos mediante diversas formas de transferencias monetarias, como pensiones para envejecientes y/o discapacitados, prestaciones por hijos a cargo y prestaciones de apoyo a ingresos para personas desempleadas y trabajadores pobres.
El segundo enfoque es conocido como universalismo básico, que considera los pisos de protección social basados en un conjunto de prestaciones y transferencias monetarias de carácter universal. El tercero y último pretende avanzar hacia el universalismo desde el aseguramiento básico de rentas y salud para los trabajadores, sin importar que sean formales o informales.
El tema de la universalización toma mayor relevancia ante el reto de la implementación de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda para el desarrollo adoptada en el marco de las Naciones Unidas el año pasado.
Además, trae consigo serias discusiones sobre el financiamiento de la política social, el resultado de las inversiones realizadas, el monitoreo y evaluación constante de las decisiones adoptadas, así como el desarrollo de innovaciones que constantemente incidan positivamente en la eficiencia de los programas sociales.
Esta discusión es la base de un necesario pacto para la protección social, que deberá ser acordado en base a los aprendizajes y consensos que existen a favor de la protección social universal, al igual que en el marco de reformas que propicien un mayor bienestar social para los ciudadanos.
Estas reformas deben ser sostenibles, de manera que puedan propiciar la igualdad y la inclusión, para el progreso y desarrollo sostenido. Para ello, se requiere un pacto fiscal que considere la sostenibilidad de los logros sociales como una guía para su definición.
Son discusiones importantes para que la República Dominicana continúe avanzando de manera firme, por el camino de la reducción de la pobreza, la marginalidad y la inequidad social. Es la esencia del Estado Social y Democrático de Derecho.