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PENSANDO

Aumento injustificable

La amenaza del aumento del pasaje por los transportistas dominicanos agrupados en sindicatos, sin disposición de acatar las medidas recaudatorias del Estado para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible, son una conspiración a la estabilidad de la canasta familiar que se traduce en la baja de la calidad de vida de los más desposeídos. El desmonte del subsidio era previsible porque obedece a que las razones que llevaron al gobierno a subsidiarlos ya no existen. En el año 2010 el promedio del precio del gasoil era de RD$133.29, muy por encima del precio promedio actual que es de RD$131.33, lo que no justifica un alza en los pasajes. El Ministro de Industria y Comercio explicó que en el año 2011 se autorizó el subsidio porque el precio promedio del galón de gasoil alcanzó los RD$180.00 y el gobierno consideró necesario subsidiarlo. En la actualidad está muy por debajo, como señalamos. También señaló que la flota de transporte de pasajeros se moviliza con gas licuado de petróleo y no con gasoil. Cifras como estas nos llevan a pensar la obligatoriedad de la medida. El subsidio de los combustibles a los transportistas y empresarios le cuesta al gobierno 39 mil millones de pesos al año. Desde el 2011, el gobierno otorga 50 millones de gasoil a ambos grupos y deja de percibir 40 pesos por cada galón subsidiado. Todo esto, sobre los hombros del pueblo. Por estos números fríos entendemos que las reglas deben aplicarse con equidad, es decir, abolir los subsidios a los demás sectores que sangran la estabilidad de los que menos tienen y a los cuales hay que proteger para lograr la seguridad ciudadana a que tanto aspiramos. Naturalmente que todas estas medidas deben ser avaladas por la transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Son muchos los ahorros que debemos fomentar porque de esta manera la estabilidad fiscal será proporcionalmente directa a las mejores condiciones de vida de la población.

Creemos que estamos en un periodo en que la voluntad política del poder está destinada a la equidad social en base a una repartición equitativa de las riquezas del patrimonio y a las justas inversiones que salen de los contribuyentes llamados a ser los mas beneficiados.

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