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EN PLURAL

Por la gobernabilidad

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Yvelisse Prats Ramírez De PérezSanto Domingo

No soy experta en materia electoral, apenas una víctima de varias elecciones. Por eso, no me había atrevido a opinar formalmente sobre un tema que está sobre el tapete: la elección de los miembros/as de la Junta Central Electoral.

He reflexionado. Este no es un asunto exclusivo de expertos, compete a los partidos políticos, a la ciudadanía que vota y además contribuye con impuestos al elevado presupuesto que año tras año se asigna a la Junta, que también, año tras año aumenta, para satisfacer, quiero suponerlo así, las necesidades del organismo. Una burocracia numerosa, imagino que calificada.

La Junta atañe a todos no solo porque organiza elecciones, sino porque tiene otras funciones relevantes, como la de otorgarnos constancia de identidad ciudadana. De ahí, la elección de sus miembros, NO ES facultad excelsa de los senadores.

Entiéndanme. El artículo 80 de la Constitución los faculta a ellos y lo respeto. Pero la democracia debe ser a la vez representativa y participativa, y la misma Constitución proclama que somos un Estado social de derechos, no una dictadura.

Los senadores eligen, pero no en solitario. Ellos representan no sustituyen a quienes les votan No se puede representar un conglomerado, cualquiera que sea, sin escrutar sus necesidades, sus opiniones. Si además se ha nacido o por lo menos crecido después de la tiranía trujillista, lógico es que no se postule el liderazgo autoritario, ese que elige, decide y ordena desde arriba, desde las curules, sin dar participación a los ciudadanos.

Eso sería reproducir en República Dominicana, un modelo espurio: “En la democracia electoral, los ciudadanos solo son libres un día, el de elecciones, y siervos los de quienes esos votos llevaron al poder”.

Y ahora me pongo sobre mi traje de ciudadana, la toga raída por vieja, de profesora de Lengua Española: elegir, sinónimo de escoger, significa una alternativa. En el caso de la Junta, decidirse por los más capaces, los más honrados, y como serán jueces de una elección, o de varias, los MÁS IMPARCIALES.

Como representantes de sus electores, respetuosos del sistema democrático, conocedores del sentido del verbo ELEGIR, antónimo absoluto de IMPONER, los senadores de la República no pueden seguir diciendo que van a hacer lo que les dé la gana, en el caso de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE).

No los autoriza la Constitución, que establece sus funciones, delimitados por el tipo de Estado que tenemos, por lo menos teóricamente democrático. En un congreso republicano, los legisladores NO TIENEN funciones imperativa similares a las de los senadores romanos.

Los ciudadanos de a pie, pero con manos que depositaron los votos que llevaron los senadores al congreso, no pretende nombrar a ninguna persona en la Junta.

Invitada a participar con los partidos, en uno de esos diálogos que otras veces ha convocado monseñor Agripino Nuñez, la sociedad civil se puso a trabajar, colaborando con diferentes organizaciones políticas, en el diseño de los PERFILES, o sea, de las competencias cuyo dominio es indispensable para ser miembro de la JCE.

¿Era eso una actividad prohibida delictuosa, agresiva, o al contrario, contribución a la trasparencia de una elección, que parece pretender imponer nombres, algunos que por actuaciones “no santas” se han descartado ellos solitos?

En un “tout de forcé” evidente, y poco edificantes, los senadores aceleran el proceso de “elección” y algunos voceros empezaron a descalificar a los participantes del Diálogo para presentar PERFILES.

Los partidos políticos, con la piel aun erizada por la experiencia aquella de los “escáner” y de las tardanzas, de todo ese desastre de las últimas elecciones, forzaron la jugada. Se retiraron del Diálogo.

La sociedad civil, como llamamos a la ciudadanía, y monseñor Agripino, han decidido un cese del Diálogo. Monseñor que cree en milagros, apuesta que los senadores, entiéndase el PLD, reflexionen sobre la gravedad de unos nombramientos hechos sin el consenso de los electores, sujetos auténticos de todo proceso electoral.

Hasta aquí el análisis. ¿Qué hacer? Hay varias respuestas.

Al interior del Senado, la solución solo satisfará al partido gobernante. Fuera, algunos proponen una intervención del presidente Medina; otros invocando a Montesquieu y al texto constitucional la rechazan.

Hay que cuidar las formas. En el Senado, no. ¿Y si se reúne Danilo Medina en un organismo superior peledeísta, con SUS senadores, (el posesivo) lo copio de un pedido suyo, y usando la misma persuasión que logró cambiar la Constitución para reelegirse, los convence de que extiendan el plazo, y que escuchen el clamor ciudadano, que demanda miembros/as de la JCE, NUEVOS, independientes?

Nadie perdería. Todos ganamos, incluso el Presidente: la Gobernabilidad sería una promisoria cosecha.

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