Que el estadista sepulte al gobernante

UNA CARTA Y NO DE SABINES Danilo Medina en sus años como jefe del Estado ha tenido momentos luminosos en donde ha pasado de simple gobernante a digno y visionario estadista. Han sido presidenciales decisiones que uno ha aplaudido con andaluza vehemencia: Casos Bahía de la Águilas, minera Barry Gold, o aquella visita al CONEP en plena campaña electoral pasada para, entre otras cosas, confirmarles que sí, que venía inevitablemente un pacto fiscal, que la presión fiscal debe aumentar y que se iba a revisar cada una de las dulces exenciones que el gobierno concede a diferentes sectores productivos, no todas socialmente útiles ni justificadas. Así andaban las cosas cuando una vez más “el sureño” vino y se asumió como estadista que gobierna y se convirtió en garante de un Estado de derecho que por supuesto, y aunque algunos prefieran ignorarlo, incluye a la mujer dominicana, rica o pobre, cristiana, budista, atea o agnóstica, recatada o “dadivosa”, oiga usted. Fue así como llegó la carta del Presidente dirigida a los honorables diputados: “Dado lo gravoso de las consecuencias que se desprenden para la mujer y para el personal de la salud en materia de interrupción del embarazo, caracterizado por sanciones restrictivas de libertad (...) Entendemos que la complejidad específica de la infracción relativa a la interrupción del embarazo, en la que entra en juego la vida de la madre, exige ineludiblemente hacer explícitos los supuestos excepcionales en que debe prevalecer el derecho fundamental a la vida de la mujer embarazada, o el derecho al respeto de su dignidad humana y de su integridad psíquica y moral, resguardándose al mismo tiempo también la obligación de brindar asistencia médica en el caso de estos eventos excepcionales (...) “...los derechos fundamentales que argüimos (...) no sólo son parte de nuestra Carta Sustantiva sino que, de manera específica, son también inherentes a toda mujer en virtud de compromisos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por los órganos competentes de la RD”, que “se encuentra dentro de los países de la región con mayor tasa de mortalidad materna, fenómeno en el que juegan un rol preponderante las prácticas inseguras de interrupción del embarazo”.

SORPRENDENTE Y SOSPECHOSAMENTE Esto le decía el Presidente a legisladores a quienes el Comité Político del PLD, cuyo liderazgo comparte Medina con Leonel Fernández, en más de una ocasión les ha ordenado aprobar leyes “al vapor”, designar a dedo a presidentes y voceros de ambas cámaras, e incluso modificar la Constitución en algo menos de “19 días” pero sin las 500 noches de amargue full a lo Sabina. Sorprendente y sospechosamente, los honorables acaban de mandar a “freír espárragos” las observaciones de su Presidente y principal líder, al eliminar el párrafo del artículo 110 del Código Penal, en el que se incluían las causas de excepción a la criminalización del aborto “cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo, cuando el embarazo ha sido producto de una violación sexual o incesto y en casos de malformación incompatible con la vida”. Aunque Ud. no lo crea y parezca un chiste malo de mi parte, los honorables prefirieron -en un raro shock de dignidad e independencia de los poderes del Estados-, apoyar una propuesta de un legislador de un partido minoritario, “bisagrero” y languideciente de la oposición, sobre las observaciones del Presidente Medina.

“!AY, MUJER!” Como en los casos Bahía o Barry, uno aspira ver al Estadista sepultar al gobernante. Si existiese una familia que prefiere que su hija de once años violada y embarazada por su propio padre continúe su embarazo, es correcto que en respeto a sus creencias religiosas el Estado le permita tomar esa decisión. Pero ¡cuidado! De igual manera, y como escribiera en Twitter el vocero del propio Presidente, Rodríguez Marchena: “Ninguna ley puede obligar a una mujer a morir cuando, gracias a la ciencia médica, puede vivir, (...) como no puede obligarla a parirle un hijo al delincuente que le ha violado”.