La reforma fiscal
Todas las veces que el país ha acudido a discutir una reforma fiscal, los actores del proceso se han señalado recíprocamente para exigirle sacrificios al otro, pero han sido incapaces de hacer el más elemental ejercicio para establecer hasta dónde deben y pueden aportar para dotar al país de un sistema tributario acorde con la economía de estos tiempos...
...Cada cual reclama su cuota de razón en círculo vicioso que parece no tener fin. Saben que urge salir del inmovilismo fiscal que desde hace casi 30 años represa los ingresos fiscales, devora a ritmo acelerado la competitividad de los sectores productivos y pone en riesgo la estabilidad fiscal.
El Gobierno alega que no tiene dinero para satisfacer las necesidades inagotables de la población... pero malgasta los magros recursos que maneja, mientras los empresarios entienden que la baja carga tributaria es producto de la creciente informalidad de la economía mientras se benefician de exenciones y de un sistema tributario altamente regresivo.
En tanto, los ciudadanos ?como siempre en medio de las dos tapas del emparedado?, se quejan de que pagan demasiados impuestos para los escasos y deficientes servicios que reciben... Pero son, en definitiva, los únicos que tienen toda la razón.
El país está compelido a romper ese círculo vicioso si de verdad quiere lograr reformas que doten al país de una fiscalidad que -además de garantizarle al Estado los recursos que necesita-, le obligue a gastar mejor y que esa carga sea progresiva y justa para los contribuyentes, que devuelva competitividad a los sectores productivos y que garantice la sostenibilidad fiscal a corto y mediano plazo.
En el momento de abordar con seriedad una próxima reforma fiscal, el objetivos del Gobierno debe ser aumentar sus ingresos como producto de una modificación integral del sistema tributario y de la fiscalidad en sentido general para no terminar en otro parche que agravaría la situación del país antes que resolverla.
El Estado está en el deber de alejarse del facilísmo fiscal para abocarse a hacer eficiente la administración tributaria como única forma de equilibrar la balanza entre los impuestos regresivos -como el ITBIS y los selectivos al consumo, que son injustos e inflacionarios-, y los impuestos progresivos como los aplicados a las altas rentas y a los grandes patrimonios, que son justos porque gravan solo a los que más tienen.
En esa lógica está sobreentendido que los impuestos regresivos no se pueden aumentar ni un ápice y que, al contrario, hay que reducirlos. El IVA que se paga en el país es uno de los más altos de la región ya que como consecuencia de tantos parches, lo han llevado del 6 al 18 por ciento. Igual sucede con los selectivos al consumo para bienes y servicios primarios, como los combustibles y las telecomunicaciones.
Ese tipo de gravamen constituye una aberración y una enorme injusticia por tratarse de bienes y servicios adquiridos por todos en términos similares, tanto por quienes ocupan las capas de altos ingresos como las familias con bajos ingresos... Ese es, justamente, el tipo de impuestos que propician la ampliación de la brecha económica y social y dificultan la lucha contra la pobreza y la creación de una clase media de amplias bases.
Por otro lado, está la realidad de que el Estado apenas recibe el 15 por ciento del PIB, lo que le impide atender las demandas de la población y mucho menos satisfacer la deuda social de un país pobre como el nuestro, de la misma forma en que no puede justificarse la pobre calidad del gasto público. El Gobierno necesita más dinero pero también tiene que gastar con eficiencia y transparentar la inversión pública.
Las autoridades no pueden convocar a la discusión de un pacto fiscal bajo el alegato de que necesita más recursos para enfrentar la delincuencia, los problemas del sector salud o cualquier otra exigencia social porque se puede percibir como un chantaje que enturbiaría el ambiente necesario para alcanzar un buen pacto... Y antes de pedir más dinero tienen que comprometerse a gastarlo mejor.
Menos aún pueden chantajear los empresarios, como vienen haciéndolo desde antes de ser convocados a la mesa de discusiones. Ninguno de ellos menciona los sacrificios que estarían dispuestos a asumir, pero se dedican a señalar las fallas del gobierno, a defender exenciones ?que en algunos casos son simplemente injustificables?, o a condicionar la discusión fiscal a la concreción del pacto eléctrico...
Incluso, se atreven a plantear como condición un “pacto político” que nada tiene que ver con ellos y que no figura en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que constituye una extensión del pataleo post-electoral que en su caso evidencia la intención de extorsionar a las autoridades electas lanzando un manto de dudas sobre su legitimidad.
Es evidente que el fin es cuestionar el resultado electoral con el objetivo de presionar los pactos eléctrico y fiscal y de paso reclamar cuotas de poder sin haber salido a buscar un solo voto.
La concertación es necesaria y el Gobierno debe procurarla... Pero sin descuidar el mandato de una población que le acaba de refrendar en el poder y que no lo hizo para que sucumbiera al chantaje de grupos empresariales que solo buscan salirse con la suya.