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Una gerencia de calidad en salud

Los indicadores de salud ponen en evidencia los serios retos que enfrentan los servicios públicos y privados de salud en la República Dominicana.

Sin reservas, los boletines de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y las fuentes vinculantes a la dimensión econométrica apuntan claramente dos causales interdependientes: bajo financiamiento del sector público y bajo consumo en la población.

Debido a ambas, el Banco Mundial (BM) establece el gasto Total o nacional en Salud (GTS) del país para el año 2015 en 6% del Producto Bruto Interno (PIB). Agrega que en ese 6% cada segmento, público y privado, participa con un 3%.

Esto indica que desde el 2013 el Gasto Total en Salud (GTS) nacional ha estado creciendo a un ritmo de 0.3% del PIB anualmente, llegando a acumular, en el 2015, un 0.6% del PIB de incremento, lo que es 11.11% de aumento en dos años.

Es un crecimiento cuenta gotas. Algo más dinámico en el sector privado, estimulado por la afiliación creciente al Régimen Contributivo (RC) del Seguro Familiar de Salud (SFS) en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS).

Producto de este crescendo gateando, el GTS dominicano del año 2015 fue 21.3% inferior al promedio latinoamericano del 2013: 7.6% del PIB. Esta diferencia es mayor al segregar el sector público. El Gasto Público en Salud (GPS) en igual período pasó de 2.8% a 3% del PIB, aumentando 0.2% en dos años, es decir a un promedio de 0.1% anualmente.

De aquí que los problemas de la red pública en salud tengan un fuerte determinante financiero que urge a los diseñadores del Presupuesto Gubernamental para el 2017 a abocarse a una reestructuración sostenible tendente a focalizar aprovisionamientos contables que permitan dirigir más recursos a la salud, un sector esencial y base del concordato social; que, a todas luces, define una fascinante interrelación entre el trozo de Estado de naturaleza que sobrevive en la ciudadanía civilizada de la democracia postmoderna y la doctrina social y política del bienestar.

Es bajo esa realidad lacerante que la salud es desnudada por una prensa que pone en abismo sus debilidades espurias, como llamada de atención ante un mal que a todas luces demanda atención y compromiso.

Así, bajo dramáticos titulares, la semana pasada trajo al dominio público los altos niveles que la Mortalidad Materna e Infantil registra entre nosotros. Ante el enunciado frío de las tipografías gruesas quedaron ocultas otras realidades. Ellas apuntan hacia el trabajo titánico que se lleva a cabo en Salud Pública para avanzar en ese entorno presupuestario.

Desde el año pasado, la gestión de Altagracia Guzmán Marcelino está en medio de una importante apuesta tetra cefálica: a) apuntalar el sistema de protección epidemiológica; b) dotar al Ministerio de una nueva cultura y estructura organizacional, c) estimular el desarrollo de una cultura de calidad y racionalidad en el servicio médico-hospitalario y d) fortalecer el rol normativo y rector de la entidad.

El Ministerio ha estado comunicando eficientemente sus batallas en esos frentes, cuyo factor constante es ir tras una organización racional y eficaz. En esta, las gerencias de las direcciones del Ministerio de Salud y del servicio médico-hospitalario son entregadas a profesionales idóneos, como oportunidades de mejora de los indicadores nacionales de salud a través del logro de mayor calidad en los servicios gracias al compromiso abnegado.

Es una tarea que debe impactar, sobre todo, la calidad, a través del Servicio Nacional de Salud (SNS), entidad responsabilizada, por la Ley 123-15, de gestionar el servicio de salud de la red pública, en cuya dirección general se colocó a un médico de experiencia y calidad profesional.

Es el tipo de enfoque que transversa las subestructuras ministeriales: la gestión de calidad que no desdeña eficiencia ni eficacia. En el caso del servicio médico hospitalario, estas son alcanzables gracias a las directrices o pautas establecidas claramente en el conjunto de 43 protocolos de atención en salud, presentados al país y puestos en vigor a partir del pasado 06 de abril, a los que posteriormente se agregaron otros.

Estos protocolos entregan a las direcciones hospitalarias, a los responsables de los centros de salud públicos y privados y a los galenos, las directivas o procedimientos a seguir para lograr una atención médica como la orientan Salud Pública y los organismos internacionales; ya que esos protocolos emanan de o han sido validados por la Organización Mundial de la Salud y su oficina regional, la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS).

Mediante ellos, el personal médico-hospitalario, público o privado, quedan empoderados de sus respectivas funciones, sabiendo qué hacer ante cada enfermedad que afecte a sus pacientes.

Esa gestión de calidad en salud significa que los mandos superiores apuestan por y vigilan a las unidades estructurales y al personal a cargo de las diferentes responsabilidades que la Ley General de Salud 87-01 les confiere.

Y, también, transparenta la confianza singular en el equipo con el que se trabaja.

El empoderamiento es una herramienta de importancia en la gerencia científica u orientada a fines: permite a cada uno asumir las tareas que sus talentos, función y designación les encomiendan sin las tradicionales interferencias superiores, denunciadas como propias de la gestión pública.

Gracias a esa gestión de calidad, pese a su asignación presupuestaria, Salud Pública está logrando mejorías en temas e indicadores de importancia para cualquier sistema de salud y la vida de los ciudadanos. Demostrable en la caída de la mortalidad en padecimientos, a pesar de que experimentan una dramática incidencia.

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