Impacto económico de la delincuencia

Organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión de Estudios Económicos para América Latina (CEPAL), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), luego de varios estudios realizados en distintos países de América Latina, El Caribe, Europa y Asia han concluido que la criminalidad y la delincuencia representan un obstáculo para el desarrollo económico y social de las naciones. Sus efectos afectan negativamente el clima de negocios al disminuir la inversión extranjera y local; genera un alto costo de oportunidad de los recursos destinados a seguridad, provocando la erosión de la calidad de vida de los ciudadanos; limita el desarrollo del capital humano; erosiona el capital social; influye en la pérdida de confianza en el gobierno, creando una percepción negativa de los ciudadanos sobre la efectividad del Estado en el combate al crimen, lo que redunda en la disminución de la calidad de la democracia. En definitiva, el incremento del crimen modifica los hábitos y patrones de consumo y tiene un impacto directo en la competitividad y el crecimiento económico.

Según el Banco Mundial, una reducción de un 10 por ciento de la tasa de homicidios, haría crecer el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita anual hasta un punto porcentual.

Gary Becker, economista estadounidense, profesor en la universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía en 1992, indica que el factor económico principal que conduce a los individuos a involucrarse en la criminalidad es la comparación entre el ingreso que podrían obtener al permanecer en actividades legales y la utilidad esperada de la actividad ilegal.

Otro especialista en temas económicos el francés FranÁois Bourguignon, el exdirector de la Escuela de Economía de París, estableció que la reducción de un 5% del PIB de un país, podría producir un incremento en la tasa de robo de un 50%.

Otro indicador considerado para medir el incremento de la criminalidad, es el coeficiente de GINI. Este factor, es un número entre 0 y 1, donde 0 es perfecta igualdad, todos tienen los mismos ingresos y 1 perfecta desigualdad, una persona tiene todos los ingresos.

Bourguignon estableció además que si el coeficiente de GINI de una economía determinada, se incrementa en un 5%, podría incrementar la tasa de criminalidad en 50%.

Los expertos dividen los costos socioeconómicos asociados a la delincuencia y la criminalidad, en 5 categorías: costos monetarios directos/indirectos, costos no monetarios, costos tangibles/intangibles, efectos multiplicadores económicos y efectos multiplicadores sociales.

Hay una relación directamente proporcional entre los niveles de competitividad de los países, su estado de derecho y la percepción de la seguridad. En la medida en que el imperio de la ley es la norma que todos respetan y reconocen y la delincuencia y la inseguridad se reducen a su mínima expresión, los países son más competitivos y sus economías crecen, generando empleos y reducción de pobreza e inequidad social.

Un análisis realizado por el Instituto mexicano para la competitividad estableció que los costos directos e indirectos de la inseguridad en México, representó aproximadamente un 15% del PIB, en el año 2007. Esto representó alrededor de 108 mil millones de pesos al año, cifra mayor a la recaudación fiscal y más del doble de lo que la banca comercial presta a las empresas privadas mexicanas.

En el 2013, el Instituto de Economía y Paz (IEP), con sede en Nueva York, Sydney y Oxford, realizó un estudio denominado “Índice de Paz México 2013”. En el referido estudio se establece que el impacto económico total de la violencia en México se estima en 4.4 billones de pesos mexicanos, equivalente al 27.7% del PIB. Si todos los estados de México fueran tan pacíficos como Campeche, el país se beneficiaría con 2.26 billones de pesos. La mitad de ese monto sería suficiente para pagar el programa de inversiones del gobierno (2013- 2018) destinado a construir, reconstruir y rehabilitar toda la infraestructura de transporte y comunicaciones.

De los 4.4 billones de pesos de impacto económico total, 600 mil millones o USD 45,900 millones es el costo directo, que representan los costos financieros inmediatos de la violencia; 1.9 billones de pesos o USD 143,800 millones es el resultado de la pérdida de productividad, destrucción y sufrimiento por la violencia.

El estudio prescribe que el costo directo anual en la contención de la violencia en México es de 3.8% del PIB, casi el mismo tamaño que el de la industria automotriz mexicana. Este impacto económico total en la contención de la violencia es suficiente para proporcionar a cada ciudadano mexicano poco más de 37 mil pesos o casi 3 mil dólares americanos por habitante.

En el análisis del IEP se encontró que si el impacto económico del gasto en la contención de la violencia fuera el mismo que en 2003, México ganaría 682,300 millones de pesos por año (USD 52 mil millones) de actividad económica adicional, suficiente para pagar la modernización de la infraestructura de transporte público (World Highways, 2013), la educación de 3.9 millones de estudiantes de secundaria o el pago de una sexta parte de la deuda pública del país cada año.

Al analizar detalladamente la distribución de estos costos, se halló que los homicidios y los delitos con violencia son los que más contribuyen al impacto económico en la contención de la violencia, al representar 60% y 26% de los costos directos e indirectos, respectivamente. El siguiente factor en importancia es el relacionado a los costos de la delincuencia organizada para las empresas, un 4%, y los costos de mantenimiento del sistema judicial un 3%.

Una característica evidente de muchos tipos de delitos es la que se relaciona con sus costos indirectos, relativamente altos en comparación con sus costos directos. Por ejemplo, los costos médicos de un asalto tienden a ser relativamente bajos comparados con la pérdida en productividad de la víctima.

Como se observa, el impacto económico de la violencia para México es considerable. El equivalente de 27.7% del PIB anual es consumido por la violencia y la atención de sus consecuencias. Asumir con toda la responsabilidad que amerita el combate a la delincuencia y la criminalidad, es apostar al desarrollo sostenible, al crecimiento económico inclusivo y a la competitividad de las economías.