Seguridad y amenazas
La seguridad, como bien público, es responsabilidad primaria del Estado, pero también compete a los demás estamentos de la sociedad. Una estrategia global frente a la violencia requiere del fortalecimiento del Estado de derecho, la reforma del sistema judicial y de la policía, mayores esfuerzos en la prevención y participación de la sociedad civil.
La violencia no está causada sólo por factores aislados individuales, sino por una telaraña de conexiones entre estructuras, procesos y comportamientos a nivel macro y micro. La violencia rompe el tejido social, detiene el crecimiento y el desarrollo económico y vulnera la legitimidad del Estado.
Toda reforma de cualquier sector que muestre debilidades requiere de un tratamiento integral orientado a mantener un equilibrio entre las acciones de control y represión y las acciones de prevención. Las acciones comienzan en el núcleo familiar, en los sectores de educación, salud y justicia, así como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Este último para crear oportunidades de reinserción a los infractores de la ley.
Mientras la amenaza tradicional en un mundo bipolar era concreta, territorial y simétrica, los nuevos riesgos y amenazas para la seguridad en la era de la globalización son inconcretos, no necesariamente territoriales y asimétricos.
El narcotráfico, el crimen organizado, los desastres de índole natural, socionatural y antrópicos (tecnológicos y sociales), la migración ilegal, lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el terrorismo, entre otros, son algunos de los nuevos riesgos o amenazas asimétricos (emergentes) de carácter no convencional, que tratan de explotar la vulnerabilidad de un país al tiempo que reduce la seguridad, tienen un denominador común: están provocados por actores no estatales de naturaleza difusa y que atentan contra las instituciones, comunicaciones e infraestructuras, territorio y la población.
La seguridad interna como garantía del libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de las libertades públicas, es una responsabilidad que corresponde al Estado; garantizarla es, por tanto una función esencial del mismo y se basa en el derecho soberano de cada Estado para identificar y definir sus propias prioridades de seguridad y definir las estrategias para neutralizarlas.
Crear seguridad es básicamente reducir riesgos y amenazas. Cualquier modelo de seguridad y defensa tiene como objetivo prever y gestionar los posibles riesgos y amenazas para impedir que afecten a los intereses nacionales de una comunidad representada políticamente por el Estado. Es evidente que un sistema de seguridad y defensa debe responder a tres preguntas básicas en este orden: ¿qué hay que proteger? ¿contra qué hay que protegerse? y ¿de qué capacidades se dispone para tratar los riesgos y amenazas?
Para defender la nación ante amenazas externas existen las Fuerzas Armadas, mientras que para la seguridad pública está la Policía. Ambas tienen el monopolio de la fuerza; pero la primera debe estar dispuesta a atacar, matar o morir en situaciones excepcionales de amenaza a la nación. La segunda, en tanto, debe hacer uso limitado de la fuerza y su accionar es cotidiano. Por ello, los miembros de una y otra tienen formación y entrenamiento distintos; sin embargo, no son pocos los casos de militares cumpliendo tareas asociadas a la seguridad pública en América Latina.
Ante la presión de las demandas ciudadanas por soluciones rápidas y visibles, han empujado a la mayoría de los gobiernos del área a optar por políticas represivas con una importante participación militar, para apoyar y tratar de controlar estos altos niveles de criminalidad, incluyendo registros y controles propios de la seguridad pública, así como el patrullaje de áreas afectadas por la violencia, el narcotráfico u otras amenazas a la seguridad.
Cabe preguntarse ¿por qué es más positiva la percepción de los militares? Pueden existir varias respuestas, pero una de ellas radica en la mayor distancia que tienen los militares de la población (contrario de la policía) y su presencia en situaciones de desastres o colaboración con el desarrollo del país. Esto provoca una valoración positiva frente a la población, de su profesionalismo, mayor presencia disuasoria, mejores entrenamientos y disciplina.