JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

En diversas sentencias, el Tribunal Constitucional ha variado su propio precedente, siendo una de ellas la número 361/15, mediante la cual decidió una acción de amparo de cumplimiento.

Con ese fallo, el TC ordenó al Ministerio de Hacienda consignar en el presupuesto del CEA una partida para cumplir con el pago de prestaciones laborales a varios ex trabajadores, que lo reclamaron mediante una acción de amparo de cumplimiento, en base a una sentencia de un tribunal laboral.

El juez que conoció la acción de amparo la declaró inadmisible por considerar que el objeto consistía en la ejecución de una sentencia.

Pero el TC revocó esa decisión, con lo cual modificó su propio precedente constitucional, pues anteriormente había establecido que ese tipo de acciones solo proceden cuando persigan el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, basándose en el artículo 104 de la ley 137-11.

Para justificar el fallo, y con ello la variación de criterio, el Tribunal Constitucional señaló que está inclinado a ver más allá de la pretensión del juez de amparo de enmarcar la cuestión en el cumplimiento de una sentencia, porque conduce a vulnerar derechos constitucionales. Estableció que en el caso del reclamo de los ex empleados del CEA, el objeto de la acción de amparo es el incumplimiento de disposiciones legales (ley 86-11) que ponen a cargo del Ministerio de Hacienda la obligación de pagar las partidas provenientes de decisiones, consignándolas al presupuesto de la entidad estatal demandada.

El TC consideró que son múltiples los procesos judiciales que concluyen con decisiones condenatorias contra la administración pública y que muchas veces, a pesar de los beneficiarios utilizar las vías legalmente previstas para la ejecución de dichas decisiones, no pueden hacerlo. Señaló que en la medida que los beneficiarios de los fallos se ven imposibilitados de ejecutarlos, se les afecta el derecho a una tutela judicial efectiva.