La OEA y el embajador Supplice
La queja del gobierno haitiano llegó a la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciando que los pobres inmigrantes de su país estaban siendo maltratados, deportados y víctimas de las peores violaciones de los Derechos Humanos.
Algo así como la insensata, abusiva y crimimal represión indiscriminada del régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina, en octubre del 1937.
Esa “limpieza étnica” no sólo fue ejecutada por un tirano insensato y arrogante, sino que contó con el apoyo de lo que se podría defi nir como la “intelectualidad” de entonces: Peña Batlle, Joaquín Balaguer y otros que le servían a su régimen tiránico.
Fíjese usted que nunca antes hubo ese tipo de problemas entre los dos países y las autoridades de ambas naciones lo que hicieron (después de 1860), fue discutir límites fronterizos.
El mismo Rafael Leónidas Trujillo, al igual que Ulises Heureaux (Lilís), cedieron porciones de terrenos a los haitianos para lograr avances que defi nieran, de manera clara, la línea divisionaria.
Trujillo, fi nalmente, acordó con el presidente Vinzand una frontera que, hasta donde creo, es la que está vigente actualmente.
Ese no es el caso ahora, sino la necesidd legal dominicana de regularizar la presencia de extranjeros en el país (los haitianos son la mayoría), confome a la sentencica del Tribunal Constitucional que estableció normas sobre el partricular.
Es cierto, y nadie puede negarlo, que muchos dominicanos de origen haitiano han sido afectados cuando la Junta Central Electoral no avaló sus cédulas, pasaportes y actas de nacimiento.
Sin dudas que la revisión a partir del 1929 se prestó para muchas injusticias que, afortunadamente, se han estado corrigiendo.
Pero así como el Estado dominicano ha estado resolviendo la situación creada por la sentencia más contoversial del Tribunal Superior Constitcional, también el país ha sufrido un embate absurdo, tonto y abusivo del actual gobierno haitiano.
Esas acusaciones abusivas obligaron a la Organización de Estados Americano (OEA), a enviar una misión del oganismo para que auscultara la verdadera situación de los inmigrantes del vecino paísen suelo nacional: ¿Qué encontraron y que reportaron?...
pues que el gobierno dominicano tiene absoluto derecho de establecer en su territorio su política migratoria.
Quienes proclamaron que seríamos severamente sancionados por el organismo interamericano se quedaron esperando “la condena” al país y al gobierno del Licenciado Danilo Medina.
Algunos ni siquiera se dieron cuenta que habían quedado “con la cara larga”, pero si grave fue la declaración del Secretario General de la OEA, señor Luis Almagro, peor fue la denuncia, mediante carta, del representante diplomático de Haití en el país.
El embajador Daniel Supplice, en un gesto de honestidad ciudadana, ha inculpado a su propio gobierno del señor Michel Martelly, y a todos los regímenes anteriores al actual de no haber cumplido su deber constitucional de dotar a sus propios ciudadanos del registro civil correspondiente a cada persona nacida en su territorio.
Parece haber dicho el embajador Daniel Supplice: “Si usted es el responsable de la matriz del diferendo, por qué no cumple su deber histórico, y no busca la salida fácil al reclamar a otros responsabilidades que son suyas”.
En el informe fi nal de la OEA y en el caso de la carta del embajador Supplice, la cual le costó el puesto de embajador haitiano en el país, el gobierno dominicano ha quedado muy ventajosamente bien.
Las razones dominicanas han sido escuchadas y reivindicadas, se han establecido y esa situación tiene necesariamente que hacer sentir muy bien al presidente Medina y a su gobierno.
La exhortación es que se mantenga el gobierno en esa línea, que complete las metas legales trazadas y que divulgue convenientemente la ilustrativa carta del embajador Supplice a su gobierno del señor Michel Martelly.
Eso es lo que ha dicho el gobierno de Danilo y ese es el sentimiento de la ciuidadanía consciente del país.
Ni más, ni menos.