Se reanuda la invasión haitiana
Transcurridos 40 días del vencimiento del plazo de inscripción del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros sin que el gobierno haya iniciado el proceso de repatriación de los ilegales que no se acogieron al mismo, se ha reanudado, como era de esperarse, un fl ujo incontenible de migrantes haitianos según reportes fi dedignos recibidos en los últimos días desde las provincias fronterizas del país.
Previo al vencimiento del plazo del Plan, 15 de junio, el gobierno dominicano hizo reiterados anuncios públicos de que las repatriaciones de ilegales iniciarían a vencimiento de ese plazo. Con gran difusión mediática puso en marcha un denominado “plan de ayuda de retorno voluntario”. Autobuses de la Dirección General de Migración eran retratadas y fi lmadas en los parques y en las gobernaciones y las autoridades anunciaron facilidades para mudanzas y retorno voluntario hacia Haití. La Dirección General de Migración daba partes de prensa cada dos o tres días de la cantidad de haitianos ilegales que voluntariamente habían decidido retornar a su país.
El último de ellos citó la cifra en más de 30,000.
Los haitianos ilegales que no se habían inscrito en el Plan tomaron muy en serio el anuncio de las autoridades.
En esos precisos momentos en que estos hechos de ordenamiento migratorio interno se producían con toda legitimidad por parte del Estado dominicano, Haití arreció su ofensiva internacional y la OEA, en voz de su secretario general Luis Almagro, dijo que habían solicitado al gobierno dominicano (y éste había aceptado), el no inicio de las repatriaciones y la detención de los retornos voluntarios.
Después del anuncio de Almagro, el gobierno desapareció los autobuses de Migración de los parques; suspendió los informes de prensa de la cantidad de personas que decidieron voluntariamente regresar a Haití y ésta es la hora que no han repatriado al primer ilegal haitiano, lo que prueba de manera inequívoca el éxito total que ha tenido hasta este momento, la campaña descrédito de Haití contra la República Dominicana y su objetivo central: suprimir el derecho soberano a expulsar ilegales de su territorio, como lo hacen todos los países del mundo.
El efecto sociológico de esta parálisis gubernamental, independientemente de la señal de debilidad ante el gobierno haitiano y la Comunidad Internacional, es que la población haitiana que se marchó voluntariamente ha comprendido que el gobierno dominicano no hablaba en serio cuando reiteraba sus anuncios de repatriación de ilegales y aplicación de la Ley General de Migración, o, peor aún, que si hablaba en serio, fue doblegado por la ofensiva del gobierno haitiano y la Comunidad Internacional para que no pueda ejercer su derecho soberano a la repatriación.
La situación es de extrema gravedad, ya que según nuestros informes, la Operación Escudo en la frontera fue desmontada y se ha reiniciado la invasión pacífi ca haitiana, ahora envalentonada por la ofensiva internacional y con la posición férrea y agresiva de su gobierno contra la República Dominicana. En ese mismo contexto, el presidente Martelly, quien en varias ocasiones ha hecho amenazas veladas y abiertas de confl ictos directos con RD y que no va a recibir a quienes él llama “dominicanos de ascendencia haitiana”, ha anunciado la creación de un ejército o cuerpo de seguridad fronteriza, entrenado por Francia en África, que será dotado de armamento moderno y cuya función esencial no será impedir el fl ujo migratorio ilegal de Haití hacia la República Dominicana, sino impedir por las vías de hecho que ésta pueda repatriar a ningún ilegal de retorno a su país.
No hay dudas que la agresividad de Haití y la Comunidad Internacional para paralizar y atemorizar al gobierno dominicano está generando sus frutos. El mensaje a RD es claro: les mandamos todos los ilegales que queramos a través de su porosa frontera y no les admitimos la deportación o repatriación de ninguno de ellos, alegando que son dominicanos desnacionalizados por el Fallo 168-13. Y si intentan hacerlo, tendremos un incidente internacional de confrontación entre los dos países.
El gobierno dominicano quiere disimular y entretener al país en divagaciones sobre otros temas derivados de este confl icto, evadiendo el eje central, que es su obligación de repatriar ilegales que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización.
Como decía Juan Bosch, los países, como los individuos, tienen que darse a respetar. Si no se dan a respetar, nadie los respetará. Eso es exactamente lo que ocurre hoy con nuestro país ante la Comunidad Internacional y Haití.
La sociedad dominicana tiene que unirse en una sola voz y exigir al presidente Medina el cumplimiento de la Constitución, de la Ley General de Migración y de su propia palabra empeñada en la Asamblea Nacional del 27 de febrero pasado. El anuncio del pasado viernes de la Dirección General de Migración de que no hay fecha para el inicio de las repatriaciones, es una señal clara que debe disparar la movilización y exigencia de la sociedad dominicana. Las repatriaciones deben iniciar cuanto antes y con ellas el control estricto de nuestra frontera por parte de las Fuerzas Armadas. Es la única manera de parar la reanudación de la invasión haitiana pacífi ca e incontenible hacia nuestro territorio.