Consejos de desarrollo

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Los consejos de desarrollo (municipales, provinciales y regionales) suponen una sinergia entre los ciudadanos y las instituciones públicas que asegure un compromiso de los actores sociales de responder a las necesidades de la población de manera organizada, estableciendo un sistema de prioridades que debe quedar reflejado en los Planes Municipales de Desarrollo (PMD). La Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), instancia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), es la encargada de realizar el procedimiento y acompañamiento en la elaboración de los PMD.

Este plan impactará a la vez en la formulación del Plan de Inversión Municipal que se aprueba en el Cabildo Abierto, el cual debe contar con la participación de los habitantes del municipio. En el proceso de elaboración de los PMD, la DGODT ha implementado un extenso procedimiento en el que se asignan tareas a los distintos actores, abordando las necesidades y proyectos necesarios, que permitan un desarrollo sostenible de cada municipio.

En este sentido, el diagnóstico incluye la determinación de la visión del municipio que se quiere, objetivos generales y específicos para lograr esa visión y el establecimiento de metas de corto, mediano y largo plazos.

Para facilitar este trabajo, se plantean ocho renglones principales de los que se desprenden subtemas que buscan hacer una radiografía del municipio.

El primer renglón trata sobre el contexto histórico y geográfico, la división político-administrativa, la historia y el entorno del municipio. El segundo tema enfoca la gobernabilidad, la relación con el gobierno central, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la participación ciudadana a nivel local.

En tercer lugar se enfoca el desarrollo social, considerando las características de la población, la educación, la salud, la cultura e identidad, la seguridad ciudadana y las actividades deportivas. En cuarto lugar, se analiza la actividad económica del municipio, focalizando aspectos como la población económicamente activa y el empleo, identificando las principales actividades económicas de los sectores primario, secundario y terciario, así como los retos y desafíos a solucionar de cara a garantizar el desarrollo integral. En quinto lugar, se analiza el medio ambiente y los recursos naturales, considerando las principales problemáticas ambientales en el municipio, la vulnerabilidad ante desastres naturales y la gestión ambiental.

En sexto lugar, se aborda lo relacionado con el uso del territorio y la movilidad, considerando la infraestructura vial, el tránsito de vehículos, el transporte público, el patrimonio arquitectónico, el sistema catastral, la vivienda y el ordenamiento territorial del municipio. El séptimo renglón trata sobre el equipamiento y los servicios básicos en el municipio: limpieza, mercado, matadero, telecomunicaciones, ornato, plazas parques, espacios públicos, alumbrado público, bibliotecas públicas, equipamiento deportivo, agua potable, aguas residuales, cementerios y servicios fúnebres y, finalmente, se considera la gestión de riesgos como sismos, inundaciones y deslizamientos.

Luego de que el diagnóstico del municipio se haya realizado, es necesario pasar entonces a determinar qué es necesario hacer para lograr alcanzar la visión planteada y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Cada aspecto de los planes municipales de desarrollo, PMD, a ser considerados deben estar coordinados con los cuatro ejes estratégicos establecidos en la ley 1-12 sobre estrategia nacional de desarrollo 2030. Los proyectos a ejecutarse se enmarcan en tres grandes renglones: proyectos de capital fijo, proyectos de capital humano y proyectos de creación de conocimiento.

En este sentido, los proyectos pueden implicar la construcción de obras de infraestructura, programas de capacitación, definición de normativas, acciones de fortalecimiento institucional, eficientización de servicios, elaboración de encuestas o análisis de resultados, entre otros.

Las propuestas de proyectos deben ser sometidas a un proceso de valoración para determinar su prioridad e inclusión en los PMD, atendiendo a los siguientes criterios: alcance de la idea del proyecto, los grupos vulnerables a quienes va dirigido, la importancia que reviste para la comunidad, la cantidad de beneficiarios, el grado de gobernabilidad que pueda implicar, su impacto, las consecuencias que pueda tener su postergación y la intensidad de la demanda por parte de la comunidad.

Luego de establecido el nivel de prioridad de los proyectos, son integrados al PMD, y deben cumplir con los requerimientos establecidos por las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), prescritos en la ley No.498-06, que crea el Sistema de Planificación e Inversion Publica.

En esta etapa, las propuestas adquieren el carácter de proyectos de inversión público (PIP) y comprenden el conjunto de actividades que requieren el uso de recursos del presupuesto general del Estado, con un inicio y termino claramente definidos y con una localización geográfica especifica.

Este procedimiento permite que exista una transversalización del trámite financiero con una visión estratégica, fomentando la descentralización y la participación ciudadana y procurando la modernización de la gestión pública orientada a resultados. La creación de los consejos de desarrollo y la participación de la sociedad organizada en la toma de decisiones conjuntamente con las instituciones del Estado, garantizan el desarrollo y ejecución de políticas públicas eficientes y eficaces en todos los niveles de la administración.

Las normas aprobadas que incluyen la participación de la sociedad en el diseño e implementación de su propio desarrollo, son un paso trascendente para transformar el círculo vicioso que genera la pobreza, en el círculo virtuoso de la prosperidad y el desarrollo. Avancemos con los PMD.