Igual de mal

Semanas de discusiones insustanciosas, de poses fingidas y maniqueísmos sobre la despenalización del aborto, han concluido con la incorporación de dos párrafos al Código Penal promulgado el viernes por el Poder Ejecutivo... Uno de ellos deja las cosas exactamente como estaban y el otro posterga el debate indefinidamente. La interrupción del embarazo cuando la vida de la madre se encuentra en peligro estaba cubierto con el Estado de Necesidad consagrado en el Artículo 22 del nuevo Código Penal. Y lo relativo a los protocolos sobre el aborto cuando el embarazo es producto de violación o incesto o ante malformaciones del feto, quedó relegado para ser dispuesto por una Ley Especial a discutirse posteriormente. O sea, la montaña parió ratón... Todo en base a la inutilidad de un largo debate lleno de agravios que volvió a dividir a la sociedad dominicana. Porque a fin de cuentas no se logró nada, y el costo fue un enorme desgaste en una discusión estéril que sólo provocó insultos y tensión social. Fue un proceso extenuante que en lo inmediato frustra la posibilidad de que el país se aboque a discutir con seriedad lo que realmente necesita: Una ley de Garantías de los Derechos Reproductivos y Sexuales y la definición de políticas de control de la natalidad... … Un instrumento que no sólo fije los protocolos para la interrupción del embarazo terapéutico sin violar la Constitución, sino que defina estrategias que promuevan la educación sexual y el control del embarazo indeseado. El Estado está en el deber de trazar políticas que promuevan la orientación de los jóvenes, y las escuelas públicas deberían contar con programas especiales dirigidos por sicólogos y profesionales de la salud que formen a los estudiantes en sexualidad. Preferiblemente promoviendo el retardo de la iniciación sexual, pero con los pies en la tierra, y educando a los jóvenes de ambos sexos sobre cómo protegerse de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Los preservativos y las pastillas anticonceptivas deberían ser adquiridas por el Promese y estar disponibles en las Farmacias del Pueblo, así como en los liceos y escuelas través de oficinas de orientación habilitadas en cada plantel. Es con ese tipo de políticas que se reduce el embarazo adolescente. Lo que no solamente conlleva una reducción de los abortos clandestinos, sino que, y sobre todo, permite enfrentar con eficacia la pobreza y la desigualdad. Lo que diga el Código Penal no va a reducir los abortos que se producen diariamente en el país. No es verdad que se hacen con ganchos o perchas; las jovencitas saben qué pastillas tomarse o qué brebajes prepararse para perder un embarazo en cuestión de horas o de días. Y ese sí que es un grave problema de salud pública y hasta de seguridad ciudadana porque muchos de esos niños, en su mayoría hijos de menores de edad y nacidos en condiciones de extrema pobreza, sin estructura familiar y víctimas de una sociedad desigual, terminan por convertirse en los delincuentes del mañana. El debate, en consecuencia, se debe ser intenso, que sea para sacar la influencia religiosa de las políticas públicas en materia de orientación y prevención sexual. No para nimiedades necias que no conducen a nada. Luego de la discusión estéril que nos dejó en el mismo lugar, y tras soportar los niveles de presión que se vivieron en las últimas semanas, ¿puede alguien pensar que el Congreso va a asumir este tema con la seriedad que amerita, pagando el costo político que conllevaría? Muy difícil… Para no decir imposible. Porque el atraso no radica en que nos hallemos en la lista de los países donde se prohíbe el aborto en todas sus manifestaciones. Lo realmente rancio es que el Estado no disponga de políticas de orientación sexual, y que sea la fe y la religión lo que defina el esquema de formación sexual que se imparte en el sistema educativo público. Chile, como se repitió mucho en estos días, es de los pocos países del mundo que penaliza el aborto sin excepciones. Pero como hace décadas definió una política de regulación de fecundidad dirigida por el Ministerio de Salud, con programas que orientan sobre métodos de control de natalidad y distribución preservativos y pastillas anticonceptivas a jóvenes desde los 15 años, el embarazo adolescente no es un problema de dimensiones mayores y los índices de muerte materna se encuentran casi a nivel de los países desarrollados. A diferencia de República Dominicana, donde según la encuesta Endesa 2013 el 20% de las embarazadas son adolescentes, y datos oficiosos del Ministerio de Salud señalan que cerca de un 35 por ciento de los partos que se reciben en las maternidades y hospitales de la red pública son de madres menores de 18 años, la tasa de mortalidad materna es de las peores de la región. Cerca de 110 mujeres mueren por cada cien mil nacidos vivos, una cuarta parte de ellas madres adolescentes. Ninguno de estos problemas se enfrentan con las modificaciones introducidas en el Código Penal que acaba de promulgar el Ejecutivo. Que, por demás, tampoco deja a nadie contento y satisfecho. Unos pocos cantan victoria aunque no ganaron nada. En todo caso habría sido una victoria pírrica, ya que el país perdió la oportunidad de definir políticas serias sobre problemas graves que, a diferencia del aborto, sí existen. Y que afectan el derecho de las mujeres a una vida digna que les permita alcanzar su desarrollo integral. Desde el gobierno, algunos de los “nuevos genios de la política” se regodean y celebran su “éxito”. Sin embargo, es posible que en el transcurso de los próximos meses comprueben lo mucho que han perdido cambio de nada. Esta gestión venía transitando sin sobresaltos y sin mayores obstáculos, y prácticamente sin oposición… ¡Acaba de encontrarla! Y como le sucedió a Pirro de Epiro: Cree que ganó, pero sale de la batalla debilitado y metido en un pleito innecesario... Contra un adversario que tiene los juegos pesados.