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EN LA RUTA

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El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro García, sugiere la necesidad de una revisión al diseño y la estructura del Sistema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al entender que los mismos fueron establecidos en momentos cuando en el mundo, y específicamente en América Latina, prevalecían las dictaduras y los casos de persecución ideológica.

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), protege a los habitantes de América que han sufrido violación de derechos por parte del Estado.

Sus componentes son la Comisión Interamericana, con sede en Washington, EUA, y la Corte Interamericana ubicada en San José, Costa Rica (ambas con las mismas siglas CIDH), donde la primera presenta los casos y la segunda los juzga.

Se fundamenta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948 por la Carta de la OEA en el mismo año y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde 1978. La Corte tiene actualmente 22 países miembros.

Así las cosas, y fortaleciendo el planteamiento de Navarro, hoy el mundo no es el mismo en los más de sesenta y cinco años que han pasado desde que se establecieron los protocolos y las plataformas del SIPDH y la CIDH. Si bien es cierto que los abusos y los atropellos forman parte de la inherencia humana y siempre estarán presentes, es innegable que ya la gobernanza universal haya cambiado.

Realidades como la Internet y el acceso ciudadano a la tecnología posibilitan la mediatización de los casos, crean potentes abanicos de observación y el Sistema y sus elementos no pueden seguir de espalda a una realidad que merece adaptación.

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