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La jaqueca del problema dominico-haitiano

En artículos anteriores, escritos con motivo de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, así como de la controversial ley 169-14 y su régimen especial, nos hemos referido a lo que denominamos, enfáticamente, “el problema haitiano”. Esa incesante invasión pacífica de ciudadanos de la vecina República hacia nuestro país, producto de las lamentables condiciones de subsistencia en que viven la gran mayoría de sus nacionales, pues sus gobiernos no han podido desarrollar las riquezas de su suelo ni la de sus yacimientos minerales, sino que han preferido mantener al pueblo en un estado de postración y de ignorancia parecido al de las plantaciones coloniales, constituye, querámoslo admitir o no, un serio peligro para el andamiaje institucional en que se fundamenta la República Dominicana. La sociedad dominicana no puede obviar, en nombre de una mal entendida solidaridad, las circunstancias históricas que rodean el nacimiento de las dos naciones que comparten la Isla. En el caso de Haití, como muy bien expresara el doctor Balaguer en la Isla Al Revés, “La independencia política de Haití nació obviamente unida a un ideal imperialista: la unión de las dos partes de la isla bajo la bandera haitiana”. Esa actitud expansionista fue plasmada en la primera constitución del nuevo Estado, en la forma de un principio general que consagra “la indivisibilidad de la isla”. Durante décadas Haití trató de implementar, en forma permanente, esta premisa fundacional por la vía de las armas, sin el éxito anhelado por sus caudillos y emperadores. Al ser constituida la República Dominicana, y ante el fracaso de sus invasiones, se comienza a vislumbrar la realidad de que Santo Domingo no podía ser dominado por la fuerza, por lo que fue necesario recurrir a otros medios para hacer realidad “el principio de la indivisibilidad política de la isla”. En 1849, bajo el Imperio de Faustino I, el gobierno haitiano cambia de táctica y comenzó a favorecer la invasión pacífica de nuestro territorio, con el fin de adueñarse de grandes extensiones de terrenos en el área fronteriza. Desde ese entonces, los gobiernos que le sucedieron en Haití se dedicaron a entorpecer todas las negociaciones destinadas a lograr un acuerdo que definiera los límites fronterizos entre ambas naciones, convenio que sólo se alcanza, finalmente, en la tercera década del siglo pasado. Acerca de esto existe una abundante bibliografía, de autores dominicanos y haitianos, que avalan esta aseveración. Resulta más que evidente, entonces, que Haití ha tenido como política de estado auspiciar la migración hacia la parte este de la isla como principal solución a su explosiva presión demográfica, al igual que a la precaria situación social y económica a la que al parecer han sido condenadas sus grandes mayorías. Todas sus actuaciones en lo que concierne a la República Dominicana están orientadas a consolidar ese objetivo. Para Haití la parte este de la Isla es su lebensraum, es decir su “espacio vital”, que draconianamente puso en práctica Adolfo Hitler. En el país, sin embargo, carecemos de una política de estado definida frente a la República de Haití. No podemos seguir postergando una discusión en la que participen todos los sectores con incidencia en el país, con el fin de formular las políticas necesarias para la defensa de los intereses nacionales, es decir, de aquellas cosas que como Estado tenemos la obligación de proteger y de mantener frente a las pretensiones haitianas. No es posible continuar con la práctica de reaccionar ante situaciones coyunturales, mientras Haití acciona en torno a metas claras y definidas. No podemos pensar que con Haití solo nos interesa el tema comercial o que lo que importa o conviene es exhibir muestras de solidaridad ante el inacabable drama de la vecina República. Es necesario desarrollar, pues, sin mayores dilaciones, una política nacional integral que sirva de canal conductor para nuestras relaciones con Haití. No podemos ni debemos circunscribir nuestras negociaciones al sector comercial o al sector industrial, sin incluir el tema fronterizo y las faltas de controles en esa zona. Es decir, el control migratorio, el tema de la regularización de migrantes; la falta de interlocutores válidos por parte de Haití, al igual que sus debilidades institucionales; así como el tema de la salud, entre otros. En esas negociaciones debe actuarse sólo en favor del supremo interés nacional, sin otorgar más concesiones que vulneren nuestra soberanía. Esa política de estado tendría el respaldo de toda la ciudadanía, el mismo apoyo que el otorgado a la muy discutida y controversial “salida humanitaria” del gobierno a la sentencia 168-13. Así como se procuran los pactos para los sectores nodales de la economía dominicana, debe realizarse un gran acuerdo nacional que nos permita tener una política racional y coherente con los intereses nacionales frente a la República de Haití. Creemos, firmemente, que esa es la única manera de evitar serios conflictos y de lograr, como lo expresara el doctor Balaguer, “unidos los dos pueblos por una vecindad que les ha sido impuesta a la vez por la geografía y por la historia, una indivisibilidad más honorable y mucho más duradera: la de la conciencia que los hombres de ambas partes de la isla deben tener tanto de sus nexos económicos y culturales, como de sus destinos comunes.

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