Puntos de vista 21 Febrero 2013
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La extradición en República Dominicana
JAIME CAONABO TERRERO, M.A.

Podríamos definir la extradición como la entrega del acusado o condenado, para juzgar o ejecutar la pena, mediante la petición del Estado, donde el delito se perpetró, hecha por aquel país en que buscó refugio.

Para otros autores, la extradición no es un simple acto material de entrega del reo, se considera que lo que está en juego no es la eficacia de una decisión judicial privativa de libertad, sino la expresión misma de la jurisdicción del Estado.

Fuentes de la extradición:

Podemos citar, los tratados internacionales, las leyes internas de cada país, la costumbre y la jurisprudencia.

El tratado de extradición de más importancia, es el que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica, aprobado por resolución de nuestro congreso en noviembre del año 1909, y vigente desde el 1910.

Condiciones de la extradición:

Todo procedimiento de extradición supone la existencia de dos condiciones fundamentales: la de una infracción, y la de un agente inculpado.

Desde el año 1969, hasta el 27 de septiembre del año 2004, el procedimiento de extradición en la República Dominicana, era administrativo, pues la Ley 489, otorgaba competencia y autoridad única y exclusivamente al Poder Ejecutivo para decidir en todo lo relativo a esta materia, por lo cual toda indagatoria e investigación le estaba conferida al Procurador General de la República, quien mediante interrogatorios, determinaba la procedencia o no de tal petitorio.

Para nadie es un secreto que con la entrada en vigencia de la Normativa Procesal Penal, el procedimiento de la extradición en la República Dominicana se judicializó, pues es la Suprema Corte de Justicia, específicamente la Cámara Penal, la que ahora tiene competencia y atribuciones para decidir sobre la procedencia o no de la misma.

Existen dos tipos de extradiciones: Una activa y otra pasiva, las cuales pasamos a desarrollar: La primera: Cuando se tiene noticias de que un imputado respecto del cual se ha presentado la acusación y si se ha dictado una medida de coerción privativa de libertad, se haya en un país extranjero, el juez o tribunal competente tiene la facultad de ordenar el trámite de su extradición, a petición del Ministerio Público o de las partes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores certifica y hace las traducciones cuando corresponda, y presenta la solicitud ante el gobierno extranjero en el plazo máximo de dos meses.

La extradicion pasiva. Es la solicitud de una persona que se encuentra en la República Dominicana, y debe ser remitida por el Poder Ejecutivo a la Cámara Penal y de la Suprema Corte de Justicia, para que esta decida lo que corresponda. Decimos nosotros: “Se inicia la etapa de judicialización”.

Dentro de las facultades que tiene la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la misma puede ordenar la aplicación de medidas de coerción, en relación a la persona solicitada en extradición, siempre que se invoque la existencia de una sentencia o de una orden, se determine con claridad la naturaleza del hecho punible y se trata de un caso en el cual proceda la prisión preventiva.

La Cámara Penal, tomará en cuenta el artículo 227 del Código de Procedimiento Penal, el cual es supletorio del tratado de extradición.

Por lo anteriormente descrito, es que somos partidarios de que la petición de extradición o la solicitud de extradición quiérase o no es un juicio oral, público y contradictorio, donde necesariamente se determina la suerte del inculpado con la decisión que toma la Cámara Penal en su momento.

Ahora bien, estamos en presencia de una situación procesal, que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, ni el tratado de extradición del año 1910, ni el Ordenamiento Procesal Penal del 27 de septiembre del año 2004 han querido aclarar, en cuanto a lo que sería el doble grado de jurisdicción, y la no jurisdicción privilegiada por parte del ciudadano común, y la autoridad de la cosa juzgada que toma la misma cuando se emite la decisión.

El autor es Director de la Carrera de Derecho de la Universidad del Caribe (UNICARIBE)

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