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Puntos de vista 17 Febrero 2013
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Retroceso de la democracia
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Rubén M. Perina

Hoy en Venezuela el régimen chavista viola flagrantemente su orden constitucional democrático y los compromisos regionales con la promoción y defensa colectiva de la democracia.  

A Venezuela la gobierna un régimen autoritario, populista/asistencialista, centralizado en el poder ejecutivo y personalizado en la figura del caudillo Hugo Chávez, el líder mesiánico de la “revolución bolivariana”. El régimen se mantiene en el poder gracias a una constante mayoría electoral del 54 % más o menos, que lo ha entronizado en el poder desde 1998. Esta mayoría estado-dependiente la genera con demagogia, con un insostenible y turbio gasto público que financia las llamadas misiones de asistencia social, y con el abuso de los recursos del Estado, la propaganda oficial y el control y manipulación del sistema electoral que le dan un ventajismo electoral difícil de contrarrestar.

El régimen controla todos los poderes del Estado más las fuerzas armadas, las empresas del estado, la mayoría de las gobernaciones, de los medios de comunicación y de las universidades del país. Se acosa y persigue a la prensa libre, y se denigra a la oposición política y jueces independientes, a quienes se los tilda  de golpistas y sirvientes del “imperio.” Su propósito es mantener un control absoluto del Estado y del pseudo-democrático proceso político/electoral, en función de una supuesta revolución socialista y anti-imperialista. (Son llamativas las similitudes con el régimen “strossnista” del Paraguay (1954-1989), con la diferencia que a la oposición se la tildaba de “comunista.”)  

Pero el régimen está en crisis porque el comandante no apareció para juramentar e iniciar su cuarto período presidencial el 10 de enero pasado; se encuentra operado de cáncer e internado bajo control médico en Cuba, con un permiso de ausencia sin límites de la  Asamblea Nacional, presidida por Diosdado Cabello (colega golpista del levantamiento militar contra Andrés Pérez en febrero de 1992). El régimen está acéfalo --aunque se pretende que  Chávez se encuentra en “ejercicio de sus funciones.” 

Ante la falta de Chávez ¿cómo preservar el poder y el control del Estado? 

Irónicamente, la tan mencionada Constitución bolivariana presentaba el principal obstáculo al régimen.  El procedimiento a seguir para el juramento del Presidente electo es muy claro: Su artículo 231 establece que el Presidente electo “tomará posesiónÖel 10 de enero del primer año de su período constitucional..,” y el 233 señala que “será falta absoluta” del Presidente su “incapacidad físicaÖcertificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de  Justicia..;” y que cuando “se produzca la falta absoluta del Presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección..,” y mientras “se elige y toma posesión el nuevo PresidenteÖ se encargará de la PresidenciaÖ el Presidente de la Asamblea NacionalÖ y se procederá a una nueva elección... dentro de los treinta días consecutivos siguientes”. La plana mayor del chavismo, con el “apoyo” de los hermanos Castro, supera el obstáculo  “convenciendo” al Poder Judicial que emita una interpretación constitucional que garantice la continuidad del régimen, bajo Nicolás Maduro, a quien Chávez nombró Vicepresidente Ejecutivo y sucesor político,  antes  del 10 de enero. 

Para sorpresa de nadie, el 9 de enero la Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, anunció que “a pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión”, ya que Chávez es un “Presidente reelecto.” La juramentación es un mero “formalismo” y hay “continuidad administrativa” porque “el presidente  no es un nuevo presidente” y su  gestión fue “aprobada por el soberano”; ni es  necesario conformar una junta médica para determinar su capacidad física. La decisión busca  darle un viso de legalidad a un comportamiento contrario a la Constitución. 

Con esta retorcida interpretación, el régimen consuma su auto golpe y se mantiene en el poder,  con el apoyo de las fuerzas armadas. El actual  gobierno de Maduro es “de facto”, e ilegítimo; nadie lo eligió. Ni él ni sus ministros fueron juramentados oficialmente. No cumple con la Constitución, porque de hacerlo Cabello tendría que asumir la Presidencia y llamar a elecciones en los próximos 30 días. 

El autogolpe viola igualmente las cláusulas democráticas de la CELAC, el MERCOSUR y la UNASUR, así como la Carta Democrática Inter-Americana de la OEA, incluyendo el compromiso expreso de sus miembros de promover y defender colectivamente la democracia representativa. Pero lo curioso es que ningún país cuestiona o condena públicamente este agravio a la democracia. El embajador de Panamá en la OEA, Guillermo Cochez, lo intentó y fue destituido por su gobierno.

¿Qué ha pasado con los demócratas que condenaron el golpe de Honduras (2009) y, paradójicamente, la destitución legítima y constitucional de Lugo en Paraguay (2012)? 

Me temo que esta indiferencia y pasividad ante la transgresión chavista en realidad nos está indicando un patrón de retroceso o abandono del compromiso regional con el ejercicio y la defensa de la democracia --más allá de la retórica, claro. Esto ya lo vimos en las violaciones a la constitución y a la Carta Democrática del presidente Zelaya en Honduras, antes de su destitución; y en las manipulaciones constitucionales, parlamentarias y electorales perpetradas por Evo Morales en Bolivia y por Daniel Ortega en Nicaragua, para acceder a su reelección inmediata y mantenerse en el poder. Y la última señal de la alarmante erosión de ese compromiso es la elección del dictador Raúl Castro para presidir la CELAC. Vaya paladín de la democracia!

El autor es profesor de las Universidades de Georgetown y George Washington. 

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