Puntos de vista 2 Febrero 2013
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PENSAMIENTO Y VIDA

Poder público y mundo económico

Francisco José Arnaiz S.J.

Hay quienes quieren saber el pensamiento de la Iglesia sobre las relaciones del poder público con el mundo económico en su doctrina social. Accedo a esa sana curiosidad

En el último tercio del siglo XX, con gran sagacidad y visión de futuro, el Concilio Vaticano II advertía: “A consecuencia de la complejidad de nuestra época, los poderes públicos se ven obligados a intervenir con frecuencia en materia social, económica y cultural, para crear condiciones más favorables, que ayuden con mayor eficacia a los ciudadanos y a los grupos en la búsqueda del bien completo del ser humano”.

Ante todo, la relación entre moral y economía es necesaria e intrínseca. La actividad económica y el comportamiento moral se compenetran  íntimamente. La evidente distinción de ellas no comporta una separación sino al contrario una reciprocidad importante.

Para asumir perfil moral, la actividad económica debe tener como sujetos a todos los seres humanos y a todos los pueblos.

El objetivo de la economía es la formación de riqueza y su incremento progresivo, pero debe ser no solo en términos cuantitativos sino cualitativos, es decir, que debe estar orientado al desarrollo global y solidario del ser humano, de la sociedad en la que vive y trabaja y de toda la gran familia humana.

La libertad personal en el campo económico es un valor fundamental y es un derecho inalienable que hay que promover y defender. Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. 

La dimensión creativa es un elemento esencial de la acción humana y se manifiesta especialmente en la aptitud para elaborar proyectos y renovar los existentes. El principal recurso es junto con la tierra el ser humano mismo. Es su inteligencia la que descubre las potencialidades productivas de la tierra y las múltiples modalidades con que se pueden satisfacer las necesidades humanas.

La empresa debe caracterizarse por la capacidad de servir al bien común de la sociedad mediante la producción de bienes y servicios útiles. La empresa no puede considerarse únicamente como una sociedad de capitales sino que debe considerarse también como una sociedad de personas en la que entran a formar parte de manera diversa y con responsabilidades específicas los que aportan el capital necesario y los que participan con su trabajo. 

Es justo el beneficio en la empresa pero esto no significa que la empresa esté sirviendo adecuadamente a la sociedad. Es posible que los balances económicos sean correctos y valiosos y que al mismo tiempo los seres humanos que trabajan en la empresa y constituyen su patrimonio más valioso, sean humillados y ofendidos en su dignidad. Esto sucede cuando la empresa opera en sistemas socioculturales caracterizados por la explotación de las personas, propensos a rehuir las obligaciones de justicia social y a violar los derechos de los trabajadores. Es necesario también que la empresa contribuya eficazmente al bien común, a la perfección y bienestar de todos.

La condenación moral de la usura hay que extenderla hoy a las relaciones económicas internacionales, especialmente en lo que se refiere a la situación de los países en vía de desarrollo, a los que no se pueden ofrecer y aplicar sistemas financieros usurarios. 

La empresa se mueve hoy en el marco de escenarios económicos de dimensiones cada vez más amplios, donde los Estados Nacionales tienen una capacidad limitada de gobernar los rápidos procesos de cambio que afectan a las relaciones económico-financieras internacionales. Esta situación induce a las empresas a asumir responsabilidades nuevas y mayores que en el pasado.

El libre mercado es una institución moralmente importante por su capacidad de garantizar resultados eficientes en la producción de bienes y servicios, pero el libre mercado no puede ser juzgado correctamente si se prescinde de los fines que persigue y de los valores que transmite a nivel social. Es también necesario sujetar al libre mercado a finalidades morales que aseguren y al mismo tiempo circunscriban adecuadamente  el espacio de autonomía.

La acción del Estado y de los demás poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiaridad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica y debe inspirarse siempre en el principio de la solidaridad y establecer límites a la autonomía. La solidaridad sin subsidiaridad puede degenerar fácilmente en asistencialismo y la subsidiaridad sin solidaridad es fomento de egoísmos feroces. 

La tarea fundamental del Estado es definir un marco jurídico que regule sabiamente las relaciones económicas. La actividad económica no debe desarrollarse dentro de un vacío institucional jurídico y político. Mercado y Estado deben actuar concertadamente y ser complementarios.    

La intervención pública debe atenerse a criterios de equidad, racionalidad y eficiencia sin sustituir la acción de los particulares. Una intervención suya excesivamente amplia terminará por anular la responsabilidad de los ciudadanos y producirá un aumento excesivo de los aparatos públicos guiados  más por lógicas burocráticas que por el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas.

Los ingresos fiscales y el gasto público asumen una importancia económica crucial para la comunidad civil y política. El objetivo hacia el cual se debe tender es lograr unas finanzas capaces de ser instrumento de solidaridad y de desarrollo integral (de todo el ser humano y de los seres humanos de esa sociedad). 

Las finanzas públicas se orientan al bien común cuando se atiene a algunos principios fundamentales: pago del impuesto como cumplimiento del deber de solidaridad; racionalidad y equidad en la imposición de los tributos; y rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos.

La Iglesia en su Doctrina Social no se ha eximido de hacer pronunciamientos muy puntuales sobre la incidencia del fenómeno actual, llamado Globalización, en la economía. La globalización es una realidad multiforme y dificil de descifrar. Se desarrolla en varios niveles y evoluciona continuamente según trayectorias imprevisibles. 

El nuevo horizonte de la sociedad global no se da tanto por la presencia simplemente de vínculos económicos y financieros entre agentes nacionales que operan en países diversos, sino más bien por la expansión  y naturaleza absolutamente inéditas del sistema de relaciones que se están desarrollando. Resulta cada vez más decisivo el papel de los mercados financieros, cuyas dimensiones, a consecuencia  de la liberalización del comercio y de la circulación de capitales, se han acrecentado enormemente a velocidad vertiginosa, a punto de consentir a los operadores  desplazar en tiempo real de una parte del planeta a otra grandes cantidades de capital.

La globalización alimenta nuevas esperanzas pero levanta también inquietantes interrogantes. Puede en efecto producir incuestionables beneficios para toda la humanidad. Ayudándose del desarrollo de las telecomunicaciones y del crecimiento de las relaciones económicas y financieras, puede ofrecer no sólo una notable reducción en los costos de las comunicaciones y de las nuevas tecnologías, sino también una aceleración en el proceso de extensión a escala planetaria de los intercambios comerciales y de las transacciones financieras. Pero junto a esto, es verdad también que en la globalización existen riesgos indiscutibles. Es una realidad que está produciendo ya aceleradamente un grave aumento de las desigualdades entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo, y dentro de los países industrializados; y que está originando una grave extensión y radicalización de la pobreza en el planeta y en cada nación. 

Existe pues un desafío: asegurar una globalización en la solidaridad que a nadie deje al margen de sus efectos positivos. 

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