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22 Agosto 2014, Santo Domingo, República Dominicana, actualizado a las 1:15 AM
Puntos de vista 8 Diciembre 2012
Comentarios 1 - último digitado en 8 Dic a las 10:13 AM
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Continuar la vigilia
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Yvelisse Prats Ramírez De Pérez
yvepra@hotmail.com

Nuestras precariedades en materia educativa han sido ñson de tal magnitudñ, han llegado a un extremo tan primario, que cuando hablamos y escribimos sobre ellas corremos el riesgo de señalar “por arribita” las más obvias, enumeramos superficialmente falencias evidentes, que solo son consecuencia del problema principalísimo que hace mucho tiempo afecta nuestra educación.

Esa causa principal, el “primer motor” de la indigencia educativa en República Dominicana ha sido una: la falta de voluntad política de los gobiernos sucesivos de destinar financiación adecuada para asumir los retos apremiantes de la educación.

En efecto, y sobre todo en los gobiernos peledeístas se relegaron a segundo plano las políticas sociales dirigidas a garantizar lo que nuestra Constitución consagra en declaración puramente de jure, en el Artículo 63.- Derecho a la educación, el cual reza: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.

Y ahí está lo más grave del asunto: al violar este artículo de la Ley de Leyes dominicana, el Estado viola también varios tratados y Convenciones Internacionales, que confirman la condición de Derecho Humano, a la vez político, civil, económico, social y cultural, “epitome de la interdependencia de todos los derechos humanos” como califica el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas a la Educación.

Es pues necesario, lo he expresado en otras ocasiones, caracterizar el financiamiento de nuestra educación, dentro de ese marco conceptual de los derechos humanos, y de la responsabilidad del Estado dominicano, frente a los Organismos Internacionales por violar flagrantemente el derecho a la educación; sobre todo, es importante recordarlo, de una educación con calidad y equidad para todos, lo que implica aun mayor responsabilidad, puesto que es la enseñanza pública donde habrá que empeñarse en nivelar las hondas injusticias que existen y que reproducen y aumentan la desigualdad social en nuestro país. 

Un pasado que acumula tantas deudas en cuanto a la educación se refiere y un porvenir incierto, tiene ahora que enfrentarse y superarse con el 4% que la sociedad dominicana logró imponer enarbolando solidarias sombrillas amarillas, un modélico ejemplo de lo que puede la gente cuando se une para arrancar un derecho a través de la unidad de acción. 

Cuando el Congreso lo apruebe, como se espera, ese 4% inaugura una nueva etapa, más esperanzadora, pero igualmente repleta de responsabilidades, tanto para las autoridades educativas como para los partidos políticos opositores y la sociedad civil. Cada quien tiene la suya. 

La calidad del gasto, las prioridades que reflejen la voluntad de avanzar hacia la equidad que requiere el combate contra la pobreza, la trasparencia absoluta que debe manifestarse en las periódicas y sistemáticas rendiciones de cuentas, la formulación de indicadores específicos y bien definidos para evaluar los procesos y los logros, la planificación estratégica que parta del Plan Decenal 2008-2018, pero que debe adaptarse al nuevo escenario en que aparece como protagonista un suceso que no figura en el Plan Decenal, el Programa Quisqueya Aprende Contigo, el Plan Nacional de Alfabetización que aunque no forme parte de la educación formal desviará una parte importante del 4% en financiarlo, lo que obligará a reprogramar el presupuesto del MINERD reduciendo las metas programadas para el año 2013 en los niveles escolarizados del sistema.

La principal tarea de los que con nuestras vigilias torcimos el brazo a los de arriba para colocar por fin el 4% exigido por la ley y la moral política en la Ley de Gastos Públicos para el 2013, es monitorear día a día, la ejecución del 4%. 

Porque lo logramos con nuestro activismo ciudadano, reclamándolo desde 1997, en que se aprobó la Ley General de Educación que lo exigía en su articulo 147 debemos dar continuidad al esfuerzo con contundencia eficaz para que se pase de una cifra consignada en la Ley de Gastos Públicos a su aplicación en las acciones remediables y en los avances para alcanzar metas de futuro que requiere la desfasada y deficientes educación dominicana.

Los que hemos podido acceder a ese derecho humano, puente hacia todos los otros que es la educación, tenemos el deber de procurar que todos los dominicanos tengan las mismas oportunidades, para darle su verdadero significado a nuestra democracia, en un contexto de cohesión social.

Para eso luchamos por el 4%. Ahora, como los derechos no solo se conquistan, sino que se defienden y se preservan, nos mantendremos en la vigilia, esta vez contextualizándola, convirtiéndola en faro que aclare cualquier sombra, en atenta custodia, en alerta oportuna ¡Hasta en denuncia! durante el proceso de ejecución presupuestaria.

COMENTARIOS 1
Comentó: rene01
De: República Dominicana
Los politicos cuando estan en la oposicion son los mas bueno de la bolita del mundo,yo siempre he dicho que seria bueno gobernar con los politicos de la oposicion, y acaso Doña Ivelisse no recuerda que su presidente MEJIA lo que hizo fue reducirle el presupuestoa a educacion es verdad que se dice to
8 Dic 2012 10:13 AM
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