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20 Octubre 2014, Santo Domingo, República Dominicana, actualizado a las 9:17 PM
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Política de seguridad
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Frank Mauricio Cabrera Rizek

República Dominicana carece de una política de seguridad formal en función de sus aspiraciones e intereses nacionales.

Las condiciones de inseguridad e inestabilidad en el mundo, con efectos significativos en la región, exigen la definición y la puesta en ejecución de tal instrumento en el contexto de un proyecto de país.

El cambio permanente en el entorno mundial provoca la revisión constante de la política de seguridad, manteniendo inalterable los intereses y objetivos nacionales permanentes.

La posibilidad de realizar una defensa real de nuestros intereses presupone que nuestra sociedad perciba tales intereses como necesarios, importantes y legítimos. Y esto no sucede siempre así. No es culpa de la sociedad, es responsabilidad de las instituciones y de sus líderes el saber explicarlo y defenderlo ante la ciudadanía, que les permitan reorganizar los instrumentos y procedimientos de los que disponen sus gobiernos para afrontar los nuevos riesgos de seguridad que acechan a sus sociedades.

La manera como hemos ideado la presente propuesta seria a través de un decreto, en razón a que la elaboración de la misma no tendría sentido en sí misma si no se acompaña de la voluntad y determinación del Jefe del Estado para ejecutarla. La misma servirá de guía con carácter de cumplimiento estricto, para que todos los ministros, directores generales y entidades descentralizadas conozcan de manera clara cuál es el rumbo que el Estado desea tomar para la consecución de los intereses nacionales expuestos. Cada dependencia gubernamental deberá realizar su plan estratégico derivado del decreto. Esto debido a que un proceso de gestión gubernamental debe tener una gestación secuencial descendente desde el nivel más alto; sin embargo, la realidad hace que, a veces, su desarrollo sea simultáneo en todos los niveles.

Esta realidad aparentemente ilógica y anómala nace del hecho de que los Estados son entes históricos y evolutivos que funcionan sin cesar, generalmente exigidos por las necesidades de la vida diaria que reclama respuestas concretas a problemas sectoriales urgentes.

En cuanto a la utilidad de este tipo de documentos, la variabilidad de la situación política, económica, social, diplomática y militar de los Estados, los compromisos entre grupos de poder, la personalidad de los líderes, la volubilidad de la opinión pública y una amplia variedad de otros factores condicionan a que la conducción política de los Estados esté más próxima a “hacer lo que se puede” que a “hacer lo que se quiere”. Esto lleva a muchas personas a pensar que la formalización de una política de seguridad en un documento oficial, o incluso no oficial, no pasa de ser una declaración de intenciones.

Aún si así fuera, creemos que una declaración de este tipo, si es representativa del sentir y pensar de la sociedad y está expresada en términos suficientemente amplios, puede proporcionar una forma de guía y doctrina común.

El propósito de un documento de esta naturaleza es describir la política de seguridad a aplicar en un período histórico determinado: Identifican los factores que la afectan y condicionan; los intereses de seguridad nacional; los objetivos de gobierno; establecen los cursos de acción a aplicar y dan las directrices para el desarrollo de las políticas y estrategias subsidiarias.

Los propósitos específicos son: informar la visión estratégica del gobierno a la comunidad nacional e internacional; establecer una base para la coordinación de la política exterior, económica y social de gobierno; establecer las bases para la estructura burocrática de la defensa; orientar el desarrollo de la política de la defensa y generar el marco conceptual para la política militar, la doctrina de las Fuerzas Armadas, así como de la seguridad pública en sentido general.

Se hace impostergable normatizar esta propuesta de política de seguridad, como parte de un proyecto de nación, como una política pública más (como por ejemplo la de salud, educación y otras), ya que de otra manera, si se comenzara por la política de defensa, la política militar, Plan de Seguridad Democrática, Barrio Seguro o cualquier otro esquema con que se pretenda combatir las amenazas, estaríamos intentando comenzar el edificio por el quinto piso, antes de haber establecido los cimientos.

Debemos acordar una política de seguridad integral, eficaz y suficientemente flexible que apoye y facilite las políticas de Estado a través de las cuales se materializará nuestro proyecto de nación.

Como todos los problemas estratégicos, éste debe resolver la relación entre objetivos, recursos de poder y aplicación del mismo, así como dar respuesta a las preguntas claves de: sobre qué influir, para qué hacerlo, en qué grado, cuándo iniciar la acción, durante cuánto tiempo incidir en los eventos y cómo influir.

No pretendemos que en un periodo tan corto de cuatro años se resolverá por completo el tema de la seguridad, en razón a que la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población afectan la estabilidad y la democracia, erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados.

Debemos estar convencidos de que para elevar los niveles de seguridad de manera continua y sostenible, y en especifico mantener la paz social y seguridad pública, debemos lograr, entre otras cosas, mejorar los índices de desarrollo humano, las oportunidades de empleo, el acceso a la educación, a los servicios básicos, fomento de los valores y la identidad cultural, lograr la inclusión de los ciudadanos en la vida económica y social del país, en fin, la obtención de los medios que permita a los ciudadanos desarrollarse de forma igualitaria.

Por ello, las políticas de Estado a través de las cuales se materializa el proyecto de nación deberán ser puestas en práctica por diferentes gobiernos que, conservando sus rasgos más significativos, las aplicarán con énfasis, estilos, prioridades y entornos diferenciados.

La seguridad mantiene una relación directa con el desarrollo; ambos conceptos son complementarios.

Están vinculados a un proyecto de país y tienen como propósito principal: el logro del bien común. Sin seguridad no existe desarrollo.

Los posibles riesgos y amenazas que afectan a un Estado u organización internacional van a estar en función, por un lado, de la posición de ese Estado como resultado de definir quién es, dónde está y a dónde quiere llegar; y, por otro, de la evolución del contexto estratégico, de los factores de vulnerabilidad y de las capacidades para hacerles frente.

La existencia de riesgos para la seguridad ha producido siempre un efecto aglutinador y la necesidad de desarrollar nuevas políticas con el fin de prevenir y proteger a las poblaciones, disuadir al enemigo y prever respuestas a determinadas contingencias. En este sentido, el concepto de riesgo tiene un marcado carácter dinámico que cambia según evolucione el contexto estratégico, los factores de vulnerabilidad y las capacidades para hacerles frente. Por ello, es necesario evaluar periódicamente los riesgos, amenazas y oportunidades a los que se enfrenta la sociedad nacional e internacional.

No parece probable una situación en la que se materialice una agresión armada contra el territorio nacional, pero los delitos transnacionales como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, los desastres de índole natural, socio-natural y antrópicos (tecnológicos y sociales), la migración ilegal, lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, entre otros, violan constantemente nuestros espacios terrestres, marítimos y aéreos, por lo que constituyen las amenazas a enfrentar.

Cuando un Estado no controla su territorio, no tiene el monopolio de la fuerza o sus instituciones no ejercen las funciones para las que fueron creadas, puede convertirse en el santuario de las organizaciones del crimen organizado, en centro del comercio de drogas y armas, en exportador de inestabilidad a los países fronterizos y, finalmente, este tipo de Estado no es capaz de garantizar la mínima seguridad de sus ciudadanos.

 

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