Seguridad ciudadana

La sociedad dominicana está viviendo momentos de temor, indignación e impotencia ante los lamentables hechos delictivos que están ocurriendo. Estos hechos se han incrementado, con una frecuencia alarmante, en los últimos meses. Los robos, asaltos, asesinatos y el aumento de la violencia de género han dejado de ser hechos aislados y se han convertido en un motivo de extrema preocupación para toda la ciudadanía y un punto prioritario e ineludible en la agenda del gobierno del presidente Medina. La seguridad ciudadana es un bien público que el Estado debe garantizar y proteger. En la Constitución se enarbola este sentido de convivencia pacífica como un valor y un principio fundamental de la nación. En el preámbulo de la Carta Magna se especifica: “Nosotros, representantes del pueblo dominicano, [Ö] regidos por los valores supremos y principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social [Ö]”. De igual forma, el artículo 8 de la Constitución, define la función esencial del Estado y establece el orden público como uno de los factores dentro de los cuales debe lograrse la protección efectiva de los derechos fundamentales. Por ello, no sólo los Estados de manera particular se empeñan en la lucha por lograr países más seguros, sino que organismos de carácter internacional y multilateral también enfocan recursos y políticas para favorecer un ambiente de seguridad a nivel internacional. Organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financian proyectos tendentes a alcanzar mejores niveles de seguridad ciudadana en distintos países. Desde el año 1998, el BID ha aprobado préstamos a 11 países con la finalidad de financiar programas de seguridad ciudadana con un monto de inversión de 314 millones de dólares. Otro esfuerzo de esta naturaleza y que nos parece sumamente interesante, es el que hace el Observatorio Hemisférico de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en el año 2009. La OEA, aprobó la Declaración sobre la Seguridad en las Américas, en Sesión Plenaria, el 28 de octubre de 2003, en México, estableciendo la paz como valor y principio, fundamentado en la justicia, la democracia, la solidaridad, la seguridad y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. El Observatorio ha establecido ocho grandes indicadores para evaluar la seguridad ciudadana en la región: Criminalidad y violencia; Oferta de drogas; Demanda de drogas en la población general; Demanda de drogas en la población escolar; Sistemas carcelarios; Actores de seguridad; Encuesta de victimización y Factores demográficos y sociales. Estos datos son recogidos en la reciente publicación del Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas 2012, en donde se presenta una amplia fuente de datos estadísticos relacionados con el tema de seguridad ciudadana en los países miembros de la OEA, divididos en 122 sub-indicadores que comprenden la totalidad de las áreas relacionadas con el fenómeno social del crimen y la violencia. De acuerdo a este Informe, los homicidios intencionales en la República Dominicana se incrementaron en el año 2011, respecto del 2010. En el 2010, se reportaron 1,144 y en el 2011 ocurrieron 2,513. Es decir, en un año, los homicidios intencionales se incrementaron en un 46%, y esto es grave y peligroso para la paz y el desarrollo económico. Otro dato trascendente del Informe es que de estos homicidios ocurridos en el año 2011, el 67% (1,647) fueron cometidos con armas de fuego. ¿Qué significa esto? Que el comercio de armas es un punto importante y parte integral de la concepción de seguridad ciudadana. El tráfico de armas, tanto a nivel nacional como internacional, exige que se establezcan políticas claras en los países y se respeten y formen acuerdos de carácter multilateral. En la República Dominicana, la legislación sobre la materia es la Ley No. 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas. Esta legislación data del 18 de octubre de 1965 y demanda ser revisada para un mejor funcionamiento que contribuya a garantizar la seguridad ciudadana. En la Cámara de Diputados, se estudia la adecuación y modificación a esta normativa. La violencia contra las mujeres es otro indicador clave respecto a la seguridad ciudadana. El Informe establece que a causa de la pobreza, la desigualdad y la subordinación cultural ante los hombres, las mujeres son uno de los grupos más vulnerables en América Latina y el Caribe. De acuerdo al informe Mujer Dominicana en Cifras 2000-2012, publicado por el Ministerio de la Mujer. “En un período de poco más de siete años se han producido y registrado 1,449 feminicidios, para un promedio anual de 198 casos. El análisis de los últimos tres años indica una tendencia creciente de los feminicidios (60%)”. De este incremento el 57% son feminicidios íntimos, y de éstos, el 68% se han cometido con armas de fuego y el 20% con armas blancas. En este sentido, hemos promovido de manera firme el Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de nuestra autoría, aprobado recientemente por el Senado de la República... Este proyecto ha sido producto de un gran esfuerzo y es parte de nuestra contribución para lograr que las mujeres dominicanas vivan una vida libre de violencia. El tráfico y consumo de drogas es otro de los componentes que en la actualidad erosiona de manera significativa la seguridad ciudadana. Por otro lado, la falta de garantías de seguridad ciudadana, incrementa el gasto de las familias, quienes se ven obligadas a gastar parte de su presupuesto en procurarse medidas propias adicionales de seguridad. El caso más abominable fue el asalto a la ingeniera Francina Hungría, una ingeniera de 28 años de edad, que a plena luz del día, y en pleno centro de la ciudad, pasó, en fracciones de segundos, de la luz a la oscuridad y hoy se hacen cadenas de oraciones para que recupere su visión. Debemos, junto al Estado, unificarnos como sociedad para combatir la criminalidad, el narcotráfico y la delincuencia. Sigamos orando por Francina, que la Fe mueve montañas. ¡Amén!