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Los 10 años de la Ley Monetaria y Financiera
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Daris Javier Cuevas

En noviembre de 2002 se promulgó la Ley Monetaria y Financiera o Ley 183-02, la cual derogaba la Ley general de bancos No. 708. En su contenido esta nueva legislación bancaria se convertía en una superación  de la figura jurídica que sustentaba el funcionamiento y regulación del sistema financiero dominicano.

Dentro de las figuras más importante que la Ley 183-02 introdujo esta la administración monetaria y financiera, compuesta por la junta Monetaria como órgano superior, el Banco central y la Superintendencia de Bancos tal como queda establecido en el espíritu del articulo 5 de dicha ley. Pero a su vez en el artículo 36 se crea la banca múltiple, aunque ésta en la práctica estaba funcionando por mandato de resoluciones de la junta monetaria del 2 de abril de 1992 y que  transformaron el sistema financiero dominicano y que descontinuaba la presencia de la banca especializada.

Es importante resaltar dos elementos trascendentales de la Ley 183-02; por un lado, es que en el artículo 77 se establece la conformación del tribunal Contencioso-Administrativo de lo monetario y financiero, el cual nunca se ha conformado y siendo una tarea pendiente. En tanto, que a partir de esta legislación se logra la independencia financiera, personalidad jurídica e identificación de las fuentes de ingresos de la Superintendencia de Bancos y que la ley establece que los mismos son un 1/6 del 1% de los activos de las entidades supervisadas, tal como manda el  literal del artículo 20, aunque en la realidad es de 1/5 del 1%, según la 3ra. Resolución de la Junta Monetaria del 20 de diciembre de 2007 ya que este órgano está facultado para tales modificaciones.

La Ley 183-02 es la legislación más avanzada en materia bancaria que se ha conocido en el país desde que en 1909 se promulgó la primera Ley de Bancos, y que permaneció 10 años  en el Congreso. No obstante lo avanzado e innovador que ha sido esta ley, creo que la misma requiere fuertes modificaciones importantes ya que el proyecto original fue mutilado en las discusiones previo a su aprobación, y que en la actualidad se aprecia la necesidad de una reforma. Tal criterio lo he planteado en múltiples escenarios ya que pude notar ciertas debilidades desde el mismo momento de su promulgación.

Como prueba irrefutable está el hecho de que este prestigioso Listín Diario en su otrora sección El Dinero en su página 5 de fecha 11 de marzo de 2003 publicaba mi artículo titulado Ley Monetaria y Financiera, y en el cual resaltaba el contenido de la misma, así como debilidades que ponían en evidencias de cara al futuro inmediato la necesidad de reformar la Ley 183-02. En el citado artículo finalizaba diciendo: Si bien es cierto que la Ley 183-02 constituye un instrumento jurídico para superar las legislaciones obsoletas que sustentaban el sistema financiero dominicano, no menos verdad es que en tiempos de globalización y amenaza de crisis al que está expuesto el sistema monetario y financiero internacional, se puede concluir que en el mediano plazo el alcance de esta nueva ley monetaria y financiera será insuficiente, por lo que al legislador le quedará asignada la tarea de que a esta ley se hagan cambios significativos y profundos, porque así lo requerirá  la expansión  del sistema en tiempos de vulnerabilidad.

La realidad viviente ha confirmado mi apreciación y esta ley tuvo que enfrentar un colapso bancario siete meses después de ser promulgada; sin embargo, los reglamentos que la misma establece como son el reglamento de evaluación de activos, de gobierno corporativo, de auditores externos, sobre riesgo operacional, sobre concentración de riesgos, sobre límites a parte vinculadas, apertura y funcionamientos de entidades de intermediación financiera, riesgo de liquidez y de mercado, supervisión en base consolidada, protección a los usuarios, entre otros. Pues es la aplicación de este paquete de reglamentos los que explican en una alta proporción el éxito de la Ley 183-02.

En virtud de que el espíritu del articulo 227 de la Carta Magna le concede facultad a la Junta Monetaria de tener la coordinación de los entes reguladores del sistema y del mercado financiero, pues toda modificación a la Ley 183-02 debe contar con el aval técnico de la administración monetaria y financiera y con ello evitar relajar una legislación muy delicada.

El autor es economista

 

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