Inseguridad ciudadana

Es preocupante el estado de inseguridad en que vivimos los dominicanos. Indudablemente que la impunidad y la corrupción se han combinado para crear un hoyo financiero y moral que ha truncado las aspiraciones y el derecho a la educación de nuestros jóvenes; y digo esto porque son muchos los recursos que han sido hurtados y desviados en detrimento del nivel educacional de nuestra población, que se manifiesta por la carencia de oportunidades a una juventud que se resiente y actúa consecuentemente irrespetando normas de conducta que deben ser implementadas por el compromiso del Estado dominicano, con la creación de empleos y en el cumplimiento por la ley del 4% para la educación. Otro factor que ha provocado la conducta delictiva en nuestros jóvenes es la disolución de la familia sometida al deterioro de la calidad de vida por el alto costo de sus necesidades, y la sobrecarga tributaria desproporcional a lo que debemos percibir como derecho a una buena alimentación, salud, vivienda y educación, derechos primordiales del núcleo familiar y deberes impostergables del Estado. La incapacidad de la autoridad comienza en una justicia que discrimina los actos delincuenciales sin dar ejemplos que sirvan de precedentes para frenarlos; por otro lado, la ausencia de agentes del orden día y noche en nuestras calles, permitiendo a los asaltantes tomar el control del medio. Se hace urgente que el gobierno dé respuesta a este clamor de paz intrafamiliar, creando las condiciones para que la familia y los excluidos sociales encuentren en el ejemplo de sus ejecutorias la respuesta moral y ejemplar que sirva de guía a la sociedad, para así devolver la fe y credibilidad en el trabajo honesto como vía de alcanzar prosperidad, éxito; respetando y preservando el derecho ajeno con equidad en la repartición del patrimonio de todos. Con esta disposición se enviaría una señal clara al pueblo que como primera aspiración concurrió a las elecciones a cambiar la proclividad de los actores del pasado a la inconducta, para crear las condiciones de un relevo apegado a la ética y la defensa del bienestar de todos.