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Crimen organizado y cooperación judicial
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Alejandro Moscoso Segarra

Nuestro país ha hecho lo propio en esta materia político-criminal: ha reformado su Constitución política y ha reformado su legislación penal, incorporando disposiciones que hacen referencia al crimen organizado y que buscan desalentar la comisión de estos ilícitos. Así, desde sus orígenes, el Código Procesal Penal contempla, por primera vez, disposiciones que se refieren a la delincuencia organizada.

En nuestra legislación, el Código Penal no define el concepto de crimen organizado, sino que, más bien, en los arts. 265 al 268 refieren la asociación para delinquir o asociación de malhechores, sin hacer una definición concreta del tema.

Sin embargo, leyes especiales que abordan el tema de la criminalidad organizada en temas puntuales como la ley 137-03, sobre trata de personas y trata ilícita de inmigrantes de la República Dominicana, de agosto de 2003, aparece una definición del crimen organizado, que al parecer tuvo la intervención de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional o Convención de Palermo, ratificada por nuestro país.

Por otro lado, nosotros somos, al mismo tiempo, signatarios de la Convención de Viena la cual dedica varios artículos a la delincuencia organizada y a la línea de acción a seguir por los países signatarios en materia de cooperación judicial.  

También somos signatarios de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la cual trata aspectos sobre la cooperación judicial, la extradición, levantamiento del secreto bancario, entre otros. Igualmente la ley 50-88, se refiere, en el art. 60, a la asociación con el propósito de cometer delitos previstos y sancionados en esa ley. También la ley 72-02, sobre lavado de activos, considera circunstancias agravantes la participación de grupos criminales organizados, y el hecho de haber cometido el delito en asociación de dos o más personas.

Es importante señalar que con relación a la cooperación de los imputados y los acuerdos, tanto la ley sobre viajes ilegales, la ley sobre trata de personas, permiten la posibilidad, al ministerio público, de solicitar una reducción de pena, o exoneración según corresponda y por resolución motivada para los partícipes que durante el proceso o antes de su organización proporcionen información que contribuyan con el esclarecimiento de los hechos, aportando evidencia contra los demás implicados de la organización de estos tipos penales.

En nuestro derecho procesal penal podemos contar con figuras como un procedimiento para asuntos complejos, criterios de oportunidad, producción de pruebas masivas, investigación bajo reservas o agente encubierto, acusador adjunto, un capítulo completo a la cooperación judicial internacional, lo que demuestra una intención del legislador en dar respuesta a este fenómeno, y lo que, además, lo coloca, a la par con los instrumentos jurídicos internacionales, relativos al tema.

Con relación a los principios de oportunidad y los acuerdos, es importante, primero definir el principio de oportunidad como la facultad que asiste al titular de la acción penal, para disponer en determinadas condiciones de su ejercicio con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado.

El principio de oportunidad se denomina pleno cuando el ministerio público dispone de las más amplia discrecionalidad sobre el objeto del proceso penal, de modo que puede, libremente, seleccionar los casos en que merece la pena acusar (absteniéndose de acusar cuando se trata de bagatelas, o negociando una admisión de culpabilidad a cambio de alguna contraprestación que haga innecesario el juicio), o puede decidir acusar únicamente cuando se tenga fundada probabilidades de sostener con éxito la acusación en el juicio.

Por su parte, se denominan reglado (en caso complejo) cuando es la ley la que determina expresamente las situaciones concretas, que afectan al hecho mismo, a las personas a las que se les pueda imputar, o a la relación de éstas con otras personas o hechos, en que se concede al ministerio público la facultad de perseguir o no estos hechos.

El Ministerio Público puede renunciar a la persecución penal, el no accionar, siempre y cuando esto favorezca el desmantelamiento de una organización criminal.

Otros institutos que le permiten al ministerio público la posibilidad de negociación son los acuerdos plenos, el procedimiento penal abreviado o conocido como acuerdo pleno, y el acuerdo parcial.

En los Estados Unidos de América, como lo revelan las estadísticas, aproximadamente el 90% de los asuntos se resuelve conforme al plea bargaining.

La ley procesal no le otorga ningún nombre específico al criterio de oportunidad que aquí se analiza. Por ende, la primera pregunta que surge es si es adecuado, en el marco del ordenamiento jurídico de la República Dominicana, designar a ese instituto como “testigo de la corona”. Al respecto, es necesario recordar que este nombre se origina en el Derecho anglosajón, pues en el lenguaje inquisitorial se acostumbraba hablar más bien del “delator”, “soplón” o “malsín” y del llamado procedimiento de “denunciación”, que suponía no sólo la denuncia del hecho, sino también la revelación de la identidad del autor.

En las monarquías la justicia se ejerce en nombre de la Corona Real. Por ello, es comprensible que, en un sistema político de ese tipo, el sujeto que decide colaborar con el proceso, delatando a quienes han participado junto con él en la comisión de un delito, sea considerado “testigo de la corona” (es decir, testigo del Rey o la Reina). Sin embargo, debido a la evolución que ha tenido esta figura, es factible incluso que el colaborador no llegue a declarar en el debate o, que si lo hace, sea en carácter de imputado y no de testigo.

En realidad, al hablar del “testigo de la corona” debe entenderse que ñen el contexto del Código Procesal Penal de la República Dominicana ñ se está haciendo referencia a alguien que ha participado efectivamente en la comisión del delito, ya sea como coautor, instigador o cómplice, pero que, desde su condición de imputado, decide cooperar con el sistema judicial. En consecuencia, estamos hablando de un coautor o partícipe que presta colaboración a las autoridades judiciales, es decir, de una persona que, ostentando la calidad de imputado, decide cooperar con los órganos de la investigación para evitar que se cometan otros delitos o para probar ñen el desarrollo del proceso penal- la implicación de otros autores partícipes.

La finalidad que se persigue con la colaboración del imputado no es la de hallar “una vía distinta al juicio para conseguir la paz social”, sino que, más bien, se procura obtener información para impedir otros delitos o bien obtener prueba para inculpar a otros imputados. En este sentido, un sector de la doctrina admite, que la principal finalidad de este criterio de oportunidad consiste en facilitar, y en algunos casos hacer posible, la represión de conductas delictivas sumamente graves, que resultan difíciles de investigar, como son, por ejemplo, el Lavado de Activos.

La confusión surge porque, como es bien sabido, difícilmente se puede obtener una cooperación de esta índole sin ofrecer algo a cambio. En términos amplios, las razones político-criminales y de orden procesal que han justificado la introducción del principio de oportunidad, pueden analizarse desde dos puntos de vista que se complementan entre sí. En primer lugar, se debe admitir que los países ñpor más desarrollado social, político o económico que tengan- no poseen capacidad suficiente para investigar todos los delitos que se comenten en su territorio. En segundo lugar, se reconoce la necesidad de mejorar las técnicas de investigación de los delitos no convencionales, para incrementar su represión. No siendo posible actuar contra la totalidad de las conductas delictivas, se puede aspirar cuando menos al establecimiento de prioridades, concentrando los esfuerzos en la persecución de aquellos delitos que provoquen un mayor daño social, en particular la corrupción y el crimen organizado.

Debemos estar atentos, sin embargo, de que podría verse el caso del sujeto que quiere involucrar a otros para resguardar su propia situación, procurando ser liberado de responsabilidad penal. A fin de cuentas el beneficio legal que puede obtener el colaborador depende de la eficacia de sus aportaciones, de modo que éstas pueden estar gravemente condicionadas por sus propios intereses, no sólo procesales, sino también económicos y hasta publicitarios. Pero no sólo eso, sino que es factible, además, que el presunto colaborador pretenda más bien confundir a las autoridades encargadas de la investigación, suministrando datos falsos. Piénsese, por ejemplo, en la manipulación que podrían hacer varios imputados, con sólo ponerse de acuerdo para ofrecer una colaboración distorsionada, falseando, por ejemplo, sus informaciones.

Para algunos, cuando un imputado delata a otros, afirmando que cometieron el hecho junto con él o que pretenden incurrir en más delitos, estamos obligados a actuar con la mayor prudencia y cautela, sin despreciar esas informaciones, pero otorgándoles sólo el valor que corresponde a una notitia criminis. Si un imputado decide revelar datos que otro guardaría celosamente ¿Cuántas razones pueden motivar esa conducta? Por ello, el sistema debería establecer todas las garantías necesarias para asegurarse de la veracidad de los datos, confirmando la información por otros medios.

Estamos conscientes de que las fiscalías negocia con sujetos que eventualmente podrían seguir siendo parte de la organización criminal o relacionándose con ésta, por lo que es posible que suministren información falsa, ya sea con el fin de desviar la investigación, atrasarla o llevarla al fracaso, pudiendo dar lugar, incluso, a una condena injusta, dictada en contra de una persona inocente o un culpable absuelto.

Institutos como el llamado “testigo de la corona”, obedece a una política criminal orientada al endurecimiento de los sistemas penales, con lo cual se pretende afrontar, de un modo efectivo, el creciente sentimiento individual y social de inseguridad ante la violencia que nos rodea. La idea es combatir esa sensación de incertidumbre y temor mediante la implementación de un Derecho penal “eficaz” y “contundente”, en el marco del respeto de la garantía y los derechos humanos.

Podemos decir que nosotros contamos con la normativa nacional e internacional idónea para dar respuesta al fenómeno de la criminalidad organizada, sin embargo, hay que reconocer que el crimen organizado es de difícil persecución, al igual que en otros países, es necesario crear mayores niveles de conciencia  entre algunos actores judiciales, de la administración pública y los sujetos obligados sobre el impacto negativo del lavado de activos en el orden social, económico y hasta político. Por lo que

ï    Hace falta un conocimiento especializado de las formas de actuación, organización, ocultación y aprovechamiento de los beneficios obtenidos por estos grupos criminales.

ï    Hace falta, contar con expertos en economía, contabilidad, finanzas, que constituyen las técnicas del modo de actuación de estos delincuentes.

ï    Hace falta conocer el entorno sociológico que los arropa, más allá de la complicidad punible, en ocasiones con respaldos sociales y económicos, con sus baluartes jurídicos, y a veces mediáticos y políticos, que dificultan la concreción de los hechos, su valoración y su persecución penal sobre el crimen organizado.

La estructura clásica de las fiscalías del país no estaba concebida para hacer frente a las organizaciones criminales. Se partía, históricamente, del criterio según el cual cada fiscal, como cada juez, está preparado para abordar cualquier tipo de persecución penal y de cualquier tipo de delito. Pero esto, hoy, ya no es realista. En todas las disciplinas científicas, en todas las actividades profesionales, individuales o colegialas, en todos los servicios públicos, van naciendo especializaciones a medida que la complejidad de las actividades y las necesidades lo requiera.

Frente a esta cruda realidad, todos tenemos el compromiso de aunar esfuerzos para dar respuesta a este fenómeno. Este es el Reto.

 

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