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23 Octubre 2014, Santo Domingo, República Dominicana, actualizado a las 5:35 PM
Puntos de vista 22 Septiembre 2010
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Constitución y rendición de cuentas
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Milton Ray Guevara

En el ejercicio del sufragio como fuente generadora del poder público democrático hay un mandante, el pueblo y unos mandatarios, las autoridades elegidas para representarlo, en el desempeño de las funciones públicas electivas. De las críticas más certeras que se hacía a la democracia a fines del siglo XX, era que su carácter representativo se ejercía en detrimento de su naturaleza participativa por aquello de la doctrina de la soberanía popular.

Una de las vertientes de la no participación ciudadana residía en la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas en el desempeño de las autoridades públicas, lo cual implicaba una negación de la democracia.

El maestro Norberto Bobbio en su obra “El futuro de la democracia”, ofrece como su definición mínima “el conjunto de reglas que establecen quien está autorizado para adoptar decisiones colectivas y bajo cuales procedimientos”. Las dos preguntas claves son ¿quiénes? y ¿cómo? A partir de ahí se facilita lo que en la cultura anglosajona se denomina accountability que significa “la presentación explícita y normalmente por escrito, de los resultados obtenidos por una institución o un programa”.

Para una parte importante de la doctrina accountability es sinónimo de transparencia y rendición de cuentas. En efecto, esta última ha sido definida como “la obligación permanente de los mandatarios o agentes de la administración del Estado de informar a sus mandantes (los electores), de los actos que realicen como resultado de una delegación de autoridad sustentada en un vínculo jurídico directo o indirecto y cuyo incumplimiento conlleva sanciones”.

Andrea Schedler considera que los tres pilares de la rendición de cuentas son: información, justificación y sanción.

La información a los ciudadanos es una obligación que se viabiliza, por ejemplo, con el libre acceso a la información pública. La justificación implica que las autoridades o mandatarios tienen que explicar y justificar sus actos.

La sanción se constituye, entonces, en un castigo a quien incumple con sus obligaciones y deberes.

Los asambleístas dominicanos de 2010, tuvieron el tema de la rendición de cuentas muy presente estableciéndola para cuatro niveles de los funcionarios electos por el voto popular.

En lo relativo al poder legislativo, el artículo 91 señala que “Los Presidentes de ambas Cámaras deberán convocar a sus respectivos plenos la primera semana del mes de agosto de cada año, para rendirles un informe sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras realizadas durante el período precedente”.

De esa manera, cada legislador y la opinión pública podrán tener amplio conocimiento del cumplimiento de la agenda legislativa. Esta obligación se extiende a los legisladores, por lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución: “Los legisladores deberán rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que representan”.

Resulta vergonzoso que en el pasado, en un período de 4 años, un número importante de legisladores no hayan presentado un sólo proyecto de ley o no hayan sido capaces de hacer aprobar uno o dos proyectos presentados, no habiendo elaborado informe de gestión como ejemplarmente lo han hecho Milagros Ortiz Bosch, Francisco Domínguez Brito, Minou Tavares Mirabal, Pelegrín Castillo, Ángel Acosta, entre otros.

Indudablemente que el no cumplimiento de esta obligación puede caracterizar una falta grave, susceptible de comprometer la responsabilidad política del legislador en un juicio político, o ante sus electores en caso de una eventual repostulación.

En materia de rendición de cuentas al Congreso, el artículo 116 de la Constitución establece: “El defensor del pueblo rendirá al Congreso Nacional el informe anual de su gestión, a más tardar treinta días antes del cierre de la primera legislatura ordinaria”. De esta forma, el “Procurador de quejas” hará llegar a los legisladores el clamor ciudadano y el clamor colectivo.

Con relación al Poder Ejecutivo, el artículo 114 de la Constitución consagra la rendición de cuentas del Presidente de la República. La comparecencia del Jefe del Gobierno deja de ser un acto de naturaleza meramente protocolar y se convierte en una obligación institucional con un contenido preestablecido y pautado por la Constitución.

El artículo 114 dispone que: “Es responsabilidad del Presidente de la República rendir cuentas anualmente, ante el Congreso Nacional, de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal f) de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso”.

Esta información debe incluir las memorias de los ministerios a tenor de la parte ab-initio del artículo 114. La forma en que la rendición de cuentas ha sido incorporada a nuestra Ley Sustantiva, puede permitir el establecimiento de las bases de una democracia responsiva: que da respuesta y rinde cuentas.

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