Puntos de vista 14 Junio 2007
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Acción pública a instancia privada
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Pascal Peña
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Presentados los incidentes  “in limite litis” como lo ordena el artículo 57 de la Ley de Prensa, todos fueron respondidos con respuestas negativas, en violación a la ley de prensa y al  Código Procesal Penal, en su articulo 31, con una interpretación dirigida a condenar al demandado. He aquí la interpretación, “por lo que en este proceso la presencia del ministerio público deviene en frustratoria al proceso, y por vía de consecuencia no está afectado de nulidad el acto citatorio por no haber puesto en causa al ministerio al publico, del conocimiento del presente proceso de alegada difamación e injuria, rechazando en ese aspecto las pretensiones de la defensa técnica”.

Los textos legales y la doctrina dicen lo contrario; se trata del Derecho a la Información, cuya ley especial la 6132, declara que los delitos de prensa se persiguen de “oficio y a petición del ministerio público”. Maestros del Derecho Procesal Penal han llamado “delitos de persecución condicionada”, a esta manera de perseguir dichas infracciones,  porque de acuerdo con la ley necesitan de una “querella previa”, para que el Ministerio Fiscal pueda poner en movimiento la acción pública (Artículo 31 del Código Procesal Penal). La  querella previa se exige para algunas infracciones de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, por ejemplo, para la difamación y la injuria contra los particulares, en su artículo 51, párrafo 6, expresa:  “la persecución sólo tendrá lugar después de una querella de la persona que se considera difamada o injuriada”.

No es una novedad en nuestro país la “acción pública a instancia privada”, al aparecer en el Código Procesal Penal, pues la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento del año 1962 la contempla para la persecución algunos delitos de prensa. Esa figura jurídica  existe en países de hispanoamericanos. En Costa Rica, se encuentra  en el artículo 17 de su Código Procesal Penal. El Dr. Javier LLobet Rodríguez, en su Código Procesal Penal anotado, dice lo siguiente: “La instancia privada tiene el carácter de una autorización para que se inicie el proceso correspondiente. Si no se ha instado a la persona que tiene el poder de hacerlo, o bien lo hizo ante una autoridad no competente para recibir la denuncia se estaría ante un obstáculo procesal, que puede dar lugar a que la denuncia sea desestimadaÖ” (“Nuevo Código Procesal Anotado”, por R. E. Montero, J. R. Vásquez, R. B. Poueriet R., página 111).

En la persecución de los “delitos de prensa”  el artículo 54 de la ley de prensa  explica que “si la citación es a petición del querellante contendrá elección de domicilio en la ciudad donde tenga su sede la jurisdicción apoderada y será notificada tanto al prevenido como al ministerio público”, y dichas formalidades “serán observadas bajo pena de nulidad de la persecución”. En nuestro país no debe haber confusión con los delitos de “acción pública a instancia privada”, como ha sido el caso de la juez interina. Resulta que el artículo 31 del Código Procesal Penal, y la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, en su artículo 51 explican la forma de perseguir los “delitos de prensa”.

Los abogados están obligados a respetar los criterios de los jueces, sin embargo, tienen el deber, como auxiliares de la justicia, presentar sus argumentos con una crítica mesurada y llevar a conocimiento de éstos  servidores públicos, como se hizo, en el momento oportuno, la explicación de la doctrina y la jurisprudencia extranjera del Derecho Procesal Penal. Por ejemplo el tratadista Raúl Washington Abalos, en su obra “Derecho Procesal Penal”, + tomo I, página 344 y 346, explica:

“La ley establece que la acción penal es pública o privada. La primera se ejercita a nombre de la sociedad para obtener el castigo de todo delito que deba perseguirse de oficio; la segunda solo puede ejercitarse por la parte agraviada. La acción penal pública puede ser ejercida por toda persona capaz de comparecer en juicio, siempre que no tenga especial prohibición de la ley y que se trate de delitos que deban ser perseguidos de oficio. Conjuntamente con estas disposiciones, los oficiales del ministerio público tienen obligación de ejercer la acción pública con respecto a todo delito que deba  perseguirse de oficio. Si el delito es de aquellos que, para ser perseguidos, necesita denuncia o requisición previa de la persona ofendida, la acción pública deberá ponerse en ejercicio tan pronto como se presente la denuncia o requisición”.

Estos últimos son los  “delitos de prensa”, artículo 51, párrafo 6, para la difamación y la injuria contra los particulares: “la persecución sólo tendrá lugar después de una querella de la persona que se considera difamada o injuriada”. Sin embargo, la misma ley y el mismo artículo aclara que la persecución  podrá ser “ejercida de oficio por el ministerio público, cuando la difamación o la injuria cometida contra un grupo de personas pertenecientes a una raza o a una religión determinada

“Corresponde al Ministerio Público el ejercicio exclusivo de la acción penal pública, sin perjuicio de la participación de la víctima o de los ciudadanos en el proceso conforme a lo que establece la leyÖ (Artículo 16, Ley No. 78-03 sobre Estatuto del Ministerio Público). “Como se  puede observar solamente  en los casos limitativos y señalados en este artículo (31) es que la acción pública se moviliza a partir de la instancia privada, es decir que el Ministerio Público forma parte como actor o parte del proceso, ya que en la de acción privada pura, artículo 32 del CPP, no participa el acusador público como parte del proceso; proceso en el cual las partes comparecen ante el juez de juicio a fin de cumplir con el preliminar de la conciliación en aplicación de los artículos 37 y 361 CPP, y si la conciliación se produce no habrá juicio, de no prosperar la conciliación el juez  fijará el juicio para conocer del asunto planteado. Distinta es la situación en los casos de acción pública a instancia privada en los cuales sí tiene que ser parte del proceso el fiscal, no siendo parte cuando se produzca la conversión de la acción pública a instancia privada por la de acción privada, aunque solamente en los casos limitativamente así establecidos, lo que se prevé en el artículo 33 CPP. (Ignacio P. Camacho Hidalgo: Código Procesal Penal Anotado, página 54)

“El fiscal tiene a su cargo la dirección de la investigación de todas de todas las infracciones perseguibles de oficio y actúa con el auxilio de la policía (art. 259 CPP). “El ministerio público, sin embargo, no ostenta el monopolio de la acción penal, sino que ha de compartirla con los particulares”. “Las acciones particulares asisten exclusivamente a los titulares del bien o interés jurídico protegido por la norma penal infringidaÖ entre ellas está, acciones procedentes de un delito público dependiente de instancia privada”. (José de la Mota Amaya: “La Acción Penal, páginas 20, 22).

En este supuesto, la víctima tiene el derecho a la no perseguibilidad del delito, que se condiciona a que se presente la instancia privada. Es decir, que el ejercicio de la acción pública por parte del ministerio  público está condicionado y depende de la instancia privada (art. 31 CPP)” A la vista del anterior esquema, resulta, por lo tanto, que en el proceso penal dominicano, la legitimación activa para el ejercicio de la acción penal pública corresponde a: El ministerio público, que debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. (De la Mota Amaya, obra citada.

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