Arranca el "Frente por Puerto Rico" para defender la isla en Washington

La iniciativa bautizada "Frente por Puerto Rico" comenzó ayer su andadura con un primer encuentro en el que participaron cerca de 80 personas de todos los ámbitos sociales convocados por el Gobierno para defender ante Washington, con unidad, los derechos de la isla y superar la crisis.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió que se dejen de lado las diferencias para conseguir unidad ante Washington en el objetivo de que la isla reciba el mismo trato en programas de salud que el resto de EE.UU. e insertar al estado libre asociado en la reforma tributaria federal.

Rosselló pretende también que Washington facilite que se implementen en Puerto Rico las medidas económicas recomendadas en la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), norma aprobada por el Congreso de EE.UU. en 2016 para atender el problema de una deuda impagable de 70.000 millones de dólares.

"Si no somos considerados -en Washington- perdemos todos. El asunto del estatus no está sobre la mesa", dijo Rosselló al tomar la palabra para dejar claro que dejará de lado el asunto de la relación política con EE.UU. que favorece su formación, el Partido Nuevo Progresista (PNP), de buscar la plena anexión de la isla al país norteamericano que rechaza por la oposición.

Al encuentro de ayer acudieron figuras como el presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, y los antiguos gobernadores Alejandro García Padilla, Aníbal Acevedo Vilá, Sila María Calderón y Pedro Rosselló, padre del actual jefe del Ejecutivo.

La lista de participantes incluye a la representante de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Jenniffer González; el portavoz de la minoría en el Senado, Eduardo Bhatia, y el de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández.

Aparte del ámbito político hubo figuras como el presidente de la Unión General de Trabajadores, Gerson Guzmán, y Carmen Villanueva, de la Coordinadora Coalición de Líderes Comunitarios.

Por parte gubernamental, destacó la presencia del representante del Ejecutivo ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino; el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, y el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, entre otros.

El portavoz de la minoría en el Senado mostró en el turno de preguntas su preocupación por el hecho de que no exista suficiente información pública sobre los datos de la crisis fiscal por la que atraviesa la isla caribeña.

La exgobernadora Sila María Calderón pidió que durante el tiempo en que el "Frente por Puerto Rico" lleve a cabo su trabajo en Washington el Gobierno de Rosselló deje de lado su trabajo en favor de la plena anexión de la isla caribeña a EE.UU., que el opositor PPD rechaza.

El también antiguo gobernador Aníbal Acevedo Vilá pidió por su parte que se lleve a Washington el mensaje de que en la crisis por la que atraviesa Puerto Rico desde hace más de una década también tiene su responsabilidad EE.UU.

Durante la reunión de ayer quedó establecido que representantes del "Frente por Puerto Rico" realizarán durante el próximo mes tres viajes a la capital federal para defender los tres puntos hoy señalados, además de concretarse que se celebrará otra reunión de este grupo.

El Gobierno de Puerto Rico defiende que la isla caribeña se ve perjudicada respecto a Estados Unidos continental por un estatus territorial que considera colonial y que, entre otras cosas, es causa de que su población reciba menos beneficios médicos de los programas sanitarios públicos.

Además, se denuncia que Puerto Rico queda fuera de otros beneficios como la reforma tributaria a nivel federal.

Puerto Rico sufre desde hace más de una década una profunda crisis económica agravada en 2015 después de que el Ejecutivo de San Juan reconociera que no contaba con liquidez para pagar una deuda pública que ronda los 70.000 millones de dólares.

Washington, ante el panorama de un caos judicial por las demandas de los acreedores, aprobó la Ley Promesa, la cual establece una Junta de Supervisión Fiscal, entidad de control federal que se superpone al Ejecutivo de la isla y que exige para cuadrar las cuentas públicas un recorte de la jornada laboral de funcionarios que rechaza el Gobierno.