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VENEZUELA

El canciller venezolano niega que disolvieran el Parlamento

Fotografía del salón de sesiones de la Asamblea Nacional (AN) durante una sesión con la asistencia de representantes diplomáticos en Venezuela, sábado 19 de mayo de 2017, en Caracas (Venezuela).

Fotografía del salón de sesiones de la Asamblea Nacional (AN) durante una sesión con la asistencia de representantes diplomáticos en Venezuela, sábado 19 de mayo de 2017, en Caracas (Venezuela).

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, negó ayer que la asunción por parte de la Asamblea Constituyente (ANC) de competencias legislativas suponga una "disolución" del Parlamento, como sostiene la oposición, y criticó las reacciones internacionales, que llamó "solidaridades automáticas".

"De manera absolutamente falaz indican que el Poder Legislativo venezolano fue disuelto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Es (...) el Poder Legislativo venezolano el que no reconoce a la ANC como poder plenipotenciario", dijo Arreaza sobre la condena a la decisión expresada por numerosos países europeos y americanos.

Tras una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas, el canciller criticó lo que considera "solidaridades automáticas" con el Parlamento opositor de Venezuela, y se refirió específicamente a la reacción de Estados Unidos, que calificó en un comunicado de "nuevo acto de injerencia".

El de Arreaza es el primer pronunciamiento del Gobierno después de que la ANC -instaurada por el oficialismo el 4 de agosto para reordenar con poderes absolutos el Estado- se atribuyera las funciones legislativas al acusar al Parlamento de sabotear al país para satisfacer su agenda política.

Algunas de las voces con más poder dentro de la ANC han negado que se trate de una disolución del Parlamento, que puede seguir operando desde su sede en el Palacio Federal Legislativo sin que sus decisiones tengan ningún efecto.

Lo adoptado por el Parlamento ya no tenía validez o efectos prácticos, al haber dictado el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de sus actos al declarar "en desacato" a este órgano elegido en diciembre de 2015 en las últimas elecciones con participación de la oposición y el Gobierno celebradas en el país.

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