Venezuela: acusan a esposo de Luisa Ortega Díaz de extorsión

El nuevo fiscal general venezolano informó ayer que pedirá el arresto de un legislador -esposo de su removida antecesora, Luisa Ortega Díaz- acusado por un grupo de integrantes de la Asamblea Constituyente de integrar una red de extorsión.

El constituyente y dirigente oficialista Diosdado Cabello denunció al diputado Germán Ferrer, a dos fiscales del Ministerio Público y a una presunta exdirectora de esa dependencia de supuestamente dirigir desde 2016 una red ilícita que habría recibido más de seis millones de dólares de empresas vinculadas al sector petrolero y otras áreas.

Por otra parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza entregó ayer una nota de protesta al embajador de Alemania en Caracas, Stefan Andreas Herzberg, por unas declaraciones que realizó Steffen Seibert, portavoz de la canciller alemana Ángela Merkel, quien manifestó recientemente que en Venezuela se trasgredió el estado de derecho y la democracia tras la destitución de Ortega Díaz por la Constituyente.

Cabello consignó en el Ministerio Público los originales de las seis cuentas que supuestamente abrieron Ferrer y los otros implicados en la filial de Bahamas de la sociedad suiza de servicios financieros UBS.

El sucesor de Ortega Díaz, Tarek William Saab, anunció que pedirá al Tribunal Supremo de Justicia la captura de Ferrer para que la Constituyente, controlada por el oficialismo, comience el proceso de retiro de su inmunidad parlamentaria para enjuiciarlo.

Saab agregó que también pedirá la captura de los fiscales Pedro Lupera, Luis Sánchez y de Gioconda García, quien se presume fue directora de despacho de Ortega Díaz. Por este caso también está acusado el abogado José Rafael Parra, quien según Cabello creó en Panamá la empresa PSP, desde donde se habrían contactado a las personas para extorsionarlas.

Saab indicó en conferencia de prensa que se presume que Ferrer sería quien "dirigía en este caso concreto esta banda de extorsión" y agregó que entre los delitos que habría cometido el grupo están los de corrupción, extorsión, asociación para delinquir y lavado de dinero.

Al ser consultado por The Associated Press si este proceso podría alcanzar a la fiscal destituida, Saab expresó que se investigará a "las personas que aquí están mencionadas. Ellos deberán aportar suficiente información que nos lleve a la verdad de todo eso. ¿Lo debía o no debía saber la esposa del diputado Germán Ferrer que es la exfiscalé", inquirió.

La AP llamó a Ferrer para obtener una reacción pero no respondió el teléfono. Cabello pidió a la Fiscalía General la prohibición de salida del país de Ferrer y del resto de los acusados, el congelamiento de sus activos y el inicio de un proceso judicial. Horas después de las declaraciones, miembros de la policía política acudieron a la residencia de Ortega Díaz y Ferrer para realizar un allanamiento a la vivienda, que está ubicada en el norte de la capital.

"De esta forma es que el gobierno de (Nicolás) Maduro y Cabello pretenden acabar con nuestra lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos", escribió Ortega Díaz en su cuenta de Twitter al rechazar el allanamiento a su apartamento, acción que consideró como una "venganza" del gobierno.

Arreaza expresó que las declaraciones de Seibert violentaron los principios del derecho Internacional por la intromisión en los asuntos internos de los Estados.

La Constituyente se ha declarado con poderes sobre todas las demás instituciones gubernamentales, incluida la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, y se ha atribuido facultades judiciales y penales a través de la llamada Comisión de la Verdad. Sus miembros han prometido castigar a los líderes opositores que promuevan protestas contra el presidente Nicolás Maduro.

Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por las denuncias de supuestos excesos que habrían cometido las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas que llevan cuatro meses y han dejado al menos 123 muertos, casi 2.000 heridos y más de 1.000 detenidos.

Las autoridades rechazaron los cuestionamientos y acusaron a la oposición y a los manifestantes de buscar desestabilizar al gobierno.

Por su parte, el abogado del músico Wuilly Arteaga, ícono de las protestas antigubernamentales y liberado el martes tras pasar 19 días detenido en un destacamento militar, indicó que el joven será sometido a una evaluación médica para verificar las supuestas lesiones que sufrió al ser apresado.

Los médicos examinarán el oído derecho de Arteaga, conocido como el "violinista de las marchas", que sangró tras ser golpeado con su propio violín y con cascos de los guardias nacionales al momento de su detención, dijo Alfredo Romero, director de la organización humanitaria Foro Penal Venezolano.

Romero agregó a la emisora local Éxitos que Arteaga, de 23 años, fue "torturado" durante su arresto y que con un encendedor le quemaron "el pelo y los vellos de las piernas".