El Parlamento venezolano reta al Supremo y nombra magistrados "legítimos"

El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, designó ayer a 33 magistrados "legítimos" para sustituir a la misma cantidad de jueces nombrados por el Legislativo anterior, controlado por el chavismo, retando así al Tribunal Supremo, que pidió a las autoridades aplicar medidas de "coerción".

La designación de estos magistrados se produjo en un acto que se desarrolló en una plaza pública del este de Caracas y no en el palacio legislativo, medida que se toma un par de semanas después de que la sede del Parlamento fuera tomada por grupos violentos afectos al chavismo y agredieran a diputados y empleados.

"No olvidemos por qué estamos acá: queremos pasar de Venezuela violenta y arruinada, a la de la paz y justicia", dijo el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Julio Borges.

El diputado opositor Carlos Berrizbeitia, encargado de proponer los nuevos nombramientos, afirmó que la designación de los magistrados por el Parlamento en 2015 "fue un proceso ejecutado a trocha y mocha", de forma irregular, algo que también ha denunciado la fiscal general, Luisa Ortega.

Según Berrizbeitia, en ese momento "se designaron personas que no cumplían con las exigencias previstas en la Constitución y la ley", y una vez en sus cargos estos jueces emitieron "pronunciamientos nefastos", que, en su opinión, desconocen la voluntad popular, como la sentencia en la que el Tribunal Supremo declaró "en desacato" al Parlamento.

Entre otras sentencias, el diputado se refería a la dictada por la alta corte en marzo para asumir, tras la declaración de "desacato", las funciones del Parlamento, una decisión que luego fue revocada parcialmente.

Ante el nombramiento de los jueces, la Sala Constitucional del TSJ pidió hoy a las autoridades competentes que se apliquen "acciones de coerción" contra el Parlamento por cometer delitos de "usurpación de funciones" al designar nuevos magistrados de la máxima corte.

"Ante los actos declarados nulos de evidentes ánimos subversivos, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional", dijo el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza.

El Tribunal Supremo indicó que "se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados" y advierte de "consecuencias jurídicas".

Posteriormente, la oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a marchar este sábado hacia la sede del Tribunal Supremo en Caracas, para dar apoyo a los nuevos magistrados y pidió que también se dieran "gigantescas movilizaciones" en el interior del país.

"La calle no se calla, la calle va a continuar", dijo el dirigente Andrés Velázquez que habló como portavoz de la MUD y pidió a los venezolanos marchar para respaldar, además, el resultado de la consulta que se realizó el pasado domingo contra la Constituyente y en la que participaron 7,5 millones de votantes.

En esa consulta, el 98 % rechazó el cambio de Constitución que promueve el presidente Nicolás Maduro, pidió a las Fuerzas Armadas acatar las decisiones del Parlamento y aprobó la renovación de los poderes públicos, llamar a elecciones e instaurar un gobierno de transición.

Velázquez aseguró que la oposición no permitirá que se materialice "un fraude" a la Carta Magna con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, prevista para el 30 de julio, y que pretende redactar un nuevo ordenamiento jurídico "para consolidar la dictadura", según la MUD.

En este sentido reiteró que las protestas, que se llevan a cabo desde el 1 de abril en el país se mantendrán esta semana que viene para evitar la Constituyente y advirtió que el paro cívico que se realizó este jueves y que detuvo el 85 % de las actividades, según la oposición, va a ser "nada" en comparación "con lo que viene".

"Acumulen una comidita (porque) vamos a pelear", dijo al asegurar que "lo que viene es una lucha firme y sostenida", al tiempo que comentó que la MUD descarta cualquier negociación política con el Gobierno.

La ola de protestas en Venezuela ha dejado hasta el momento cien fallecidos, cientos de heridos y más de 4.000 detenidos, de los cuales más de mil permanecen privados de libertad.