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BUENOS AIRES

Fiscal pide investigar administración del Correo oficial argentino desde 2001

DEBIDO A UNA DEUDA MILLONARIA CON EL ESTADO QUE RECIÉN EN 2016 FUE RESUELTA POR UN ACUERDO

Un fiscal anunció que pidió investigar la administración del correo oficial de Argentina desde 2001, debido a una deuda millonaria con el Estado que recién en 2016 fue resuelta por un acuerdo, si bien este ha generado una fuerte polémica por conflicto de intereses con la familia del presidente Mauricio Macri.

En declaraciones a radio La Red, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, explicó que pidió a la Procuración del Tesoro que audite todo el concurso de acreedores del Correo Argentino para saber por qué en 16 años el Estado nunca pudo cobrar la deuda que mantenía el Grupo SOCMA (Sociedad Macri).

"Esto es un concurso de acreedores, la firma tiene una deuda, el Estado lo que tiene que hacer a través de sus representantes es tratar de cobrarla de la mejor manera posible", recalcó el procurador.

La petición de Rodríguez sobre la empresa postal oficial del país suramericano se produce en medio de la polémica generada por las recientes actuaciones de la Justicia contra el acuerdo alcanzado entre las partes el año pasado -ya con Mauricio Macri en el poder- para saldar esa vieja deuda, que ascendía a 300 millones de pesos (300 millones de dólares al cambio de entonces).

La empresa estaba en aquellas fechas administrada por el padre del actual presidente -Franco Macri- y tenía la concesión oficial de los servicios postales pero entró en concurso de acreedores en medio de la grave crisis económica que azotó a Argentina en 2001.

En 2003, con la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) al poder, se decretó rescindir el contrato de concesión del correo oficial.

En todo este tiempo, en el que también transcurrió la Presidencia de Cristina Fernández (2007-2015), no hubo acuerdo entre las partes para cobrar la deuda hasta que en 2016 se pactó cancelarla en 15 cuotas anuales, desde 2018 hasta 2033 con un interés del 7 % y sólo sobre el capital.

Contra ese acuerdo se pronunció esta semana la procuradora que estudia el proceso, Gabriela Boquín (fiscal general ante la Cámara Comercial), por considerar que supone "una quita velada del orden del 98,82 %", en perjuicio de las arcas del Estado.

El fiscal Rodríguez, por su parte, presentó una denuncia contra el acuerdo y hoy, además de anunciar las peticiones a la Procuración del Tesoro, opinó en la misma línea que su colega Boquín.

"En virtud de los cálculos de distintas direcciones de contadores de la Procuración General, ella tildó el acuerdo de abusivo y yo no podía dejar de poner esto en conocimiento de la Justicia", señaló.

"En la denuncia lo califiqué prima facie como administración fraudulenta en perjuicio del Estado, posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles", indicó.

Además del oficio para investigar el concurso de acreedores, Rodríguez solicitó a la Procuración que se abra un sumario administrativo para deslindar las responsabilidades de los funcionarios que participaron en el reciente acuerdo.

Referentes de la oposición también han alzado ya la voz contra el acuerdo y anunciaron que pedirán que el Ejecutivo dé explicaciones ante el Congreso.

También la Oficina Anticorrupción estudiará las negociaciones.

Desde el Gobierno niegan que haya habido intereses cruzados en el acuerdo y ayer la vicepresidenta Gabriela Michetti animó a que la Justicia investigue si es necesario, ya que entienden que es un tema que despierta "sensibilidades".

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