Condenan a diputado hondureño por abuso de autoridad en proyecto de viviendas

El diputado hondureño Nelson Abdalah y otras dos personas involucradas en un proyecto de viviendas que se derrumbaron en Tegucigalpa por haber sido construidas en un terreno frágil, fueron condenados ayer a prisión, la que evitarán porque las penas son conmutables.

Un tribunal de sentencia de Tegucigalpa condenó por abuso de autoridad a cinco años de cárcel a Abdalah, la que el político, del gobernante Partido Nacional, eludirá pagando 18.000 lempiras (unos 780 dólares). Los otros dos condenados, a tres años y seis meses, por violación a los deberes de los funcionarios, son José Espinal Ponce y Darío Mejía Valdivieso. Los tres acusados están implicados en un proyecto de unas 250 viviendas conocido como Ciudad del Ángel, en el extremo noroeste de la capital hondureña, por donde al parecer cruza una falla geológica. La falla causó el derrumbe de unas 120 casas del proyecto, que fue declarado inhabitable a mediados de julio de 2014 por el peligro debido al deslizamiento de las viviendas. Según el Ministerio Público, Abdalah ejercía como jefe de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Tegucigalpa cuando fue aprobada la construcción del proyecto, en 2012. Abdalah habría aprobado 21 permisos de construcción y vía libre a una empresa constructora para hacer modificaciones en el proyecto de Ciudad del Ángel, sin cumplir algunos requisitos, según denuncias difundidas en su momento por la prensa local. Espinal Ponce, por su parte, emitió un dictamen porque los terrenos en los que se construyó el proyecto no presentaban problemas a pesar de que había documentos que indicaban que sí existían fallas. Mejía Valdivieso, quien era titular de la Dirección de Evaluación de Control Ambiental (DECA), de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), incurrió en no revisar la documentación que señalaba la fragilidad del terreno donde se construyó Ciudad del Ángel, que ha representado pérdidas millonarias. Los tres acusados deberán cumplir con penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que duren las condenas y trabajar durante el período en obras y labores en el centro penitenciario, aunque las penas sean conmutables. Los acusados tienen 20 días hábiles para interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.