Exministro colombiano Andrés Felipe Arias enfrentará proceso de extradición en EE.UU.

El exministro colombiano Andrés Felipe Arias, condenado en su país a casi 18 años de cárcel en un caso por corrupción, enfrentará preso en Miami (EE.UU.) el proceso de extradición iniciado este mes por el Gobierno estadounidense.

Hoy, en la segunda audiencia después de haber sido detenido el miércoles pasado, la jueza Alicia Otazo Reyes denegó la libertad bajo fianza a Arias, quien es solicitado por el Gobierno de Colombia tras huir en 2014 del país.

Basada en "el riego de fuga" de Arias y de no haber hallado en principio "circunstancias especiales" que demuestren la motivación política del caso, la jueza Otazo rechazó el pedido de libertad bajo fianza.

Arias, que esta vez estuvo vestido con un uniforme caqui en compañía de otros 16 presos, no habló durante la audiencia que se prolongó cerca de una hora, y estuvo acompañado por sus abogados.

Hans Burgos y Emanuel Pérez se turnaron durante la audiencia y argumentaron, por un lado, que el exministro no representaba un peligro para la sociedad porque los cargo por los que fue condenado en Colombia fueron de corrupción y "no era un criminal",

Además, aseguraron que su cliente no tenía intenciones de huir de EE.UU. y estaba dispuesto a usar algún dispositivo electrónico, permanecer en arresto domiciliario e incluso entregar los pasaportes, tanto el suyo como el de su esposa y sus dos hijos.

"Esto es una situación especial porque es una persecución que él sufrió por decisiones que él tomó en su capacidad como ministro de Agricultura durante una administración que era legítima", expresó Pérez a la prensa.

Los abogados argumentaron además que Arias no tenía un tercer país a dónde ir, pues justamente desde hacía dos años estaba tramitando el asilo político en Estados Unidos aludiendo "persecución política".

La fiscalía, sin embargo, señaló que se trataba de un "fugitivo internacional" que ya había sido juzgado y encontrado culpable de corrupción en Colombia y que en el proceso no se han demostrado "cuáles son las circunstancias especiales" que alude Arias.

"Arias no fue juzgado en cualquier corte de Cartagena (ciudad colombiana), fue juzgado en la Corte Suprema de Justicia", la mayor estancia judicial el Colombia, señaló el representante de la Fiscalía General de EE.UU.

El fiscal, que señaló que entre marzo de 2012 y marzo de 2015 Colombia había extraditado 511 narcotraficantes, señaló que si Arias es liberado supondría "severas consecuencias sobre extradición con Colombia".

Por su parte, la esposa de Arias, Catalina Serrano, señaló a la salida de la audiencia que confía en que EE.UU. le va a conceder a su esposo y a su familia la "protección" del asilo político, y que espera que le mejoren las condiciones de detención.

"Andrés está en condiciones de criminal, de separación completa, de incomunicación", aseguró Serrano.

Arias, que fue detenido este miércoles en su casa cerca de Miami, donde está radicado desde junio de 2014 y donde pidió asilo ese mismo año, tendrá que presentarse el 24 de octubre a una nueva audiencia de "estatus", informó a Efe la Fiscalía de EE.UU..

La jueza Otazo Reyes aseguró hoy que no le concedía la libertad bajo fianza porque hay peligro de fuga, ya que, según dijo, ya huyó una vez de Colombia.

Además señaló que ninguna estancia ha encontrado hasta el momento "circunstancias especiales" que muestren que este caso tiene "motivaciones políticas".

Por su parte, Pérez indicó durante la audiencia como argumento para rechazar la extradición que el Gobierno colombiano está "dándose la mano" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en referencia al acuerdo de paz concluido este miércoles para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo.

Arias, que fue ministro de Agricultura del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), alega que es una víctima de persecución política en Colombia por ser uribista y ha planteado la misma denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 2014 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a 17 años y medio de prisión y a pagar una multa de 25.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares) en razón de que unos subsidios para campesinos afectados por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos acabaron en manos de familias adineradas cuando él era ministro.

El delito del que fue acusado es el de apropiación en favor de terceros, del que él afirma ser inocente.

El exministro llegó a EE.UU. el 14 de junio de 2014, el mismo día en que un periodista filtró que su sentencia, dictada por la Corte Suprema, iba a ser condenatoria, y su esposa y sus dos hijos, una niña de 7 años y un niño de 5, llegaron cuatro días después.