Nueva imputación sobre Cristina Fernández

La justicia argentina ha puesto la mira sobre otra compañía de la ex presidenta Cristina Fernández dedicada a los negocios inmobiliarios por sus conexiones con dos importantes empresarios involucrados en causas de lavado de dinero y evasión impositiva.

El fiscal federal Carlos Rívolo imputó ayer a la ex mandataria y a su hijo Máximo Kirchner, ambos titulares de la empresa Los Sauces S.A, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

La causa es investigada por el juez federal Claudio Bonadío, el mismo ante el cual compareció Fernández hace dos semanas en los tribunales por supuesta defraudación al Estado en la compra de dólar futuro dispuesta por el Banco Central durante su gestión.

Los Sauces S.A es una firma constituida en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010, en sociedad con Fernández y el hijo mayor de ambos para administrar propiedades de la familia.

Según la denuncia de una diputada opositora que detonó la investigación, esta compañía habría alquilado inmuebles a dos empresarios muy cercanos a la familia y que actualmente son investigados por el exponencial crecimiento de sus negocios durante los 12 años de mandato de los Kirchner a partir de 2003.

Uno de ellos es el empresario de la construcción Lázaro Báez, quien amasó una fortuna gracias a la obra pública y está detenido desde principios de abril bajo el cargo de lavado de dinero por 5,1 millones de dólares.

El otro cliente de los Kirchner en Los Sauces S.A es el empresario Cristóbal López, quien a partir de millonarias ganancias obtenidas en casinos se expandió a otros negocios como petróleo y medios de comunicación. López es investigado por supuesta evasión de 8.000 millones de pesos (550 millones de dólares) al fisco.

Para la diputada nacional Margarita Stolbizer del Partido GEN, quien presentó la denuncia a principios de abril, estos alquileres en realidad encubrían el pago de comisiones a los Kirchner por favorecerlos con obra pública y otros negocios.

Fernández, presidenta entre 2007 y 2015, y su hijo son investigados también por los negocios inmobiliarios de otra empresa, Hotesur S.A, a partir de una serie de irregularidades detectadas en sus registros contables. En esta firma también se comprobó una relación comercial con Báez. Ni Fernández ni su hijo se pronunciaron sobre esta nueva imputación.

La ex mandataria también está imputada en la causa contra Báez por lavado de dinero, y en pocos días el propio Bonadío debe resolver si le impone cargos formales a ella por la operatoria de dólar futuro que significó una pérdida de unos 77.000 millones de pesos (unos 5.273 millones de dólares al tipo de cambio actual).